"(...) El 9 de noviembre no se va a celebrar ni un referéndum,
ni una consulta ni nada definible en términos jurídicos. Sea lo que sea
lo que ocurra ese día, jurídicamente es estéril. Eso lo está
reconociendo la Generalitat con su conducta.
Sin decreto de
convocatoria, sin censo electoral, con la posibilidad de que voten los
menores y los extranjeros... faltan los elementos indispensables para
que se pueda hablar de referéndum o consulta. Estamos ante un pataleo,
es decir, ante la última y vana actitud de protesta de quienes saben que
no disponen de ningún instrumento jurídico para hacer valer lo que
entienden que son sus derechos.
Y una convocatoria a ejercer el derecho al pataleo no puede ser anulada. Nadie puede verse privado del derecho a patalear,
a expresar que no está de acuerdo con que no se le reconozca el derecho
que él entiende que le debería ser reconocido.
Es imposible que exista
en un ordenamiento jurídico digno de tal nombre la prohibición del
derecho al pataleo, ya que su ejercicio parte del reconocimiento de que
no se tiene derecho, pero que con eso, justamente, es con lo que no se
está de acuerdo.
Este mínimo derecho no puede faltar en ningún
ordenamiento jurídico democrático. Y eso es lo que significa el 9 de
noviembre. Se reconoce la derrota, pero se protesta. Es, de alguna
manera, otra versión de la Diada.
En esto es en lo que no ha reparado el Gobierno en su ofuscación y, de manera mucho menos comprensible, el Consejo de Estado.
Entre ambos pueden poner al Tribunal Constitucional ante un problema
sobre el que no debería tener que pronunciarse. Y pueden abrir con ello
la puerta al problema potencialmente mucho mayor de desobediencia
cívica." (
Javier Pérez Royo , El País, Madrid
31 OCT 2014)
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