"(...) El Gobierno de Quebec ha celebrado dos referendos para obtener la
soberanía: uno en 1980 y otro en 1995.
En sendas ocasiones, la población
de Quebec rechazó la propuesta. Ambos plebiscitos fueron democráticos y
alimentados por animados debates públicos que implicaron a todos los
partidos políticos, tanto de ámbito “provincial” (léase regional o
autonómico) como de ámbito federal (léase general).
Los resultados
fueron aceptados tanto por la ciudadanía como por los principales
actores políticos. Con todo, pese a sus dos derrotas, el movimiento por
la soberanía no se ha dado por vencido. Aunque minoritaria, una parte
significativa de la población de Quebec todavía es partidaria de la
opción soberanista y muchos partidos secesionistas la promueven.
La experiencia de los referendos de Quebec es muy valiosa y de ella
pueden extraerse varias lecciones.
En primer lugar, se realizaron en el
marco de reglas legales y políticas aceptadas por todas las partes con
intereses en juego. Esta condición era esencial para que se reconociera
la legitimidad y se aceptase el resultado de los referendos.
Segundo,
los actores sociales y políticos adoptaron estrategias y usaron
argumentos que dejaban poco margen a la negociación y concesiones
mutuas. Sin embargo, como veremos, las promesas hechas y su cumplimiento
(o no) atizaron la desconfianza y el descontento de muchos quebequeses
respecto al Gobierno central canadiense.
Tercero, la doble derrota de
las propuestas de soberanía no dio lugar, en absoluto, a una “vuelta a
la normalidad”.
Tras cada uno de los referendos, se realizaron cambios significativos
en la estructura institucional canadiense. El fracaso de 1980 fue
seguido por una reforma constitucional que pasó a limitar de manera
considerable la autoridad del Gobierno de Quebec sobre la identidad
cultural, a saber, sobre su política lingüística.
Por añadidura, la
nueva Constitución no ha mostrado ninguna apertura al reconocimiento de
Quebec como sociedad distinta, sino todo lo contrario: la Constitución
reformada se basa en la estricta igualdad de estatus y derechos entre
las “provincias”.
Por su parte, el fracaso de 1995 llevó al Gobierno de Canadá a
regular, legislativa y judicialmente, los procesos de referéndum.
Por
primera vez, las condiciones en que se habían llevado a cabo las dos
consultas precedentes ya no se aceptarían: el Gobierno central asumió el
derecho a rechazar la pregunta, a interpretar por sí mismo los
resultados de un nuevo referéndum, y a negociar una posible partición
interna de zonas territoriales de Quebec que deseen permanecer en
Canadá.
Considerada la demanda de los nacionalistas de Quebec, durante
35 años, de que se reconociese su “derecho a la autodeterminación”, esta
fue una importante victoria para los federalistas. Este derecho no ha
quedado suprimido por completo, pero ahora queda acotado por la
legislación y la interpretación del Tribunal Supremo de Canadá, a lo que
se ha hecho referencia a menudo en el ámbito internacional.
Por último, ambos referendos han limitado significativamente el
espacio de maniobra del Gobierno de Quebec respecto al cambio
constitucional. Los quebequeses que apoyaron el NO dos veces —la vasta
mayoría— esperaban que estos resultados empujaran a Canadá a satisfacer
las necesidades de los quebequeses. Esto no sucedió.
En realidad, el sistema político canadiense se transformó
profundamente y aumentó la tutela federal sobre Quebec. El “ganador” de
las batallas plebiscitarias no solo mantuvo su autoridad, sino que
también se las arregló para fortalecer su control sobre la “provincia”
(Estado federado) disidente, de suerte que los referendos ayudaron a
fortalecer los elementos centralizadores dentro del sistema político
canadiense. Haciendo balance, los “perdedores” fueron los jugadores
individuales, la causa que defendían, y Quebec en su conjunto.
Preparar el futuro de una Cataluña independiente es ciertamente
prudente. Sería igualmente prudente que los actores políticos,
especialmente los que promueven la independencia, tuvieran también un
plan para la derrota, a fin de evitar una reacción política y
constitucional del Estado central que podría dar como resultado no una
mayor fortaleza, sino un debilitamiento político de Cataluña."
(
François Rocher es full professor (catedrático) de la School of Political
Studies, University of Ottawa (Canadá) y catedrático visitante en la
Universidad Pompeu Fabra, El País. 8 ABR 2014 )
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