"Hace unos días se hizo público el enésimo informe de la Generalitat
sobre la balanza fiscal de Cataluña. En él se destaca que el saldo
fiscal de la comunidad con la Administración Central española (y la
Unión Europea) en el año 2010 se situó en torno a los 16.500 millones de
euros cuando el cálculo se realiza por el llamado método del flujo
monetario.
Le faltó tiempo al bien orquestado coro de portavoces y
opinadores nacionalistas para salir en tromba, identificando esta
abultada y discutible cifra con lo que los sufridos contribuyentes
catalanes pagamos de más a la Hacienda española —o con lo que España nos
roba, si nos atenemos al lenguaje en boga entre los más exaltados
defensores de la tesis del expolio.
La maniobra es transparente. Bajo el ropaje formal de un informe
pretendidamente técnico no hay más que un instrumento de agitación y
propaganda diseñado para cabrear al personal y acercarlo a las tesis
nacionalistas.
Desde un punto de vista técnico, no hay por donde coger
la cosa. Identificar el saldo fiscal de un territorio con lo que sus
residentes pagan de más es un disparate en cualquier caso, y mucho más
cuando tal saldo se calcula por el simpático método del flujo monetario
que tanto le gusta al Gobierno catalán. (...)
Supongamos en primer lugar que la Generalitat ha hecho bien los
cálculos. En ese caso, lo que exigen airadamente los nacionalistas
catalanes es que los impuestos vuelvan a quien los paga en forma de un
volumen equivalente de servicios, sin dejar espacio alguno para la
redistribución, que es precisamente una de las funciones básicas del
sistema fiscal en cualquier estado moderno. (...)
Si los sentimientos generan derechos fiscales, los residentes de
Cataluña que no nos sentimos parte de la nación catalana tendremos
derecho a no pagar impuestos autonómicos, excepto en la medida en que
resulte necesario para sufragar el coste de los servicios que la
Generalitat nos presta a cada uno. Supongo que al Gobierno catalán no le
haría mucha gracia la idea, y con razón.
Pero la cosa es aún peor. Puesto que la Generalitat excluye
arbitrariamente de sus cálculos una parte significativa de los costes de
los servicios que la Administración central nos presta a los que
vivimos en Cataluña, lo que está diciendo realmente el que exige la
desaparición del déficit fiscal catalán es que no deberíamos pagar ni
siquiera la parte que nos toca de tales servicios, lo cual tiene
perendengues.
Cojamos un ejemplo concreto y dejemos que sea el lector el que decida
si la forma en la que la Generalitat hace las cuentas —el llamado
método de flujo monetario— es o no razonable. Consideremos la inversión
del Ministerio de Defensa español en un avión militar de combate que se
destina, por concretar, a la base aérea de Zaragoza.
A la hora de
repartir entre autonomías el gasto correspondiente (y de pensar sobre
quién ha de pagarlo en última instancia) hay dos posibilidades.
La
primera (el método del flujo de beneficio) es considerar que el avión
proporciona servicios de defensa que nos benefician por igual a todos
los ciudadanos españoles, lo que lleva a repartir su coste entre
regiones en proporción a su población.
La segunda es imputárselo por
entero a Aragón, puesto que el avión está físicamente allí. (...)
Donde realmente se crea empleo y renta en este caso no es donde se
aparca el avión, sino donde se fabrica, lo que seguramente nos lleva
fuera de España (y según y como, a la peregrina conclusión de que nadie
debería pagar el aparato).
Algo más de sentido tiene el argumento de la
Generalitat cuando hablamos del piloto y de los mecánicos de la
aeronave.
Sin duda, todos ellos tendrán que alquilar o comprar una casa
en Zaragoza e irán allí al peluquero y al supermercado. Pero, incluso en
este caso, existirán efectos desbordamiento importantes que hacen muy
difícil predecir el impacto territorial del gasto público sobre la
actividad económica.
Los coches del personal militar pueden venir de la
propia Zaragoza, pero también de Vigo, Martorell, Valladolid o Corea, su
ropa puede estar hecha en Galicia o en Asia, su comida puede provenir
de cualquier parte del mundo y los azulejos de su casa seguramente
vendrán de Castellón.
Una falacia mil veces repetida sigue siendo una falacia, pero eso no
impide que pueda ser efectiva. No se puede negar que la gota malaya de
la propaganda nacionalista sobre el expolio ha ido calando hasta el
punto de crear entre una buena parte de la población catalana la
percepción de que la comunidad sufre un maltrato fiscal insoportable. La
mejor forma de combatir tal percepción es con luz y taquígrafos.(...)
el Gobierno español debería tomar la iniciativa poniendo encima de la
mesa los datos necesarios para un debate informado sobre la dimensión
territorial de sus actuaciones, explicándolos en detalle y haciendo un
poco de pedagogía sobre las implicaciones territoriales del Estado de
bienestar." (
Ángel de la Fuente
, El País, 31 MAY 2013 )
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