El documento pactado por PSE y PP aborda de lleno uno de los aspectos sociales más tangibles y de mayor polémica en los últimos años: la política lingüística y el papel del euskara en la educación.
El compromiso regresa a los años en que se concibió la Ley de Normalización del uso del Euskara y devuelve a los padres la potestad de matricular a sus hijos en cualquiera de las dos lenguas oficiales del País Vasco, que se había visto amenazada por la gestión del consejero de Educación, Tontxu Campos (EA).
El documento suscrito recuerda que la Ley de Escuela Pública vasca, todavía en vigor, garantiza la «libre elección» por los progenitores de lo que se conoce como «lengua vehicular» en la enseñanza de sus hijos, esto es, la utilización del euskara o el castellano como idioma principal para completar el periodo escolar.
Además de reafirmar explícitamente su vigencia, el texto añade que cualquier regulación que se realice a lo largo de los próximos cuatro años tendrá que incluir la «garantía» de que los padres podrán elegir entre ambas lenguas cooficiales para determinar la enseñanza de sus hijos, que se verá complementada con el aprendizaje del otro idioma oficial y el de una tercera lengua, especialmente el inglés. El texto aboga por avanzar en el «trilingüismo» desde el consenso y la «autonomía» de los centros escolares.
El documento fija que el futuro Gobierno vasco no discriminará a nadie por razón de lengua, como queda explicitado en el Estatuto de Autonomía, de forma que quienes quieran optar a una plaza de empleo público no verán limitadas sus opciones, salvo en el caso de los puestos específicos que así lo requieran.
En concreto, el acuerdo determina que se realizará una «valoración adecuada del conocimiento del euskara como mérito» en las Ofertas Públicas de Empleo que «busque el equilibrio con la puntuación correspondiente a los méritos profesionales». Esta medida pretende terminar con las OPE en las que la valoración del conocimiento del euskara tenía igual e incluso mayor puntuación que los méritos profesionales, hecho que primaba en la práctica a quienes fueran euskaldunes frente a aquellos catellanohablantes que tuvieran mayor nivel de formación.
Pero, además, la medida está dirigida a aquellos padres que se ven obligados a matricular a sus hijos en modelos de educación mixtos o incluso en euskara para evitar que la opción en castellano les cierre las puertas laborales de la Administración en el futuro, incluso a pesar de las dificultades que encuentran para poder ayudarles en su etapa escolar. El pacto también anuncia que se impedirá la «imposición de sanciones» por razón lingüística, que ya se habían empezado a barajar en la política de normalización del euskara." (Fundación para la Libertad, citando a: EL MUNDO, 31/3/2009)
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