"Los nacionalistas y sus servicios auxiliares protestan ante
lo que llaman la “judicialización” de la política, es decir, la
intervención de los tribunales cuando en el cumplimiento de su propia
hoja de ruta se salen de la legalidad.
En esta misma línea, puede
clamarse que la persecución de la corrupción y el fraude fiscal
judicializa los negocios, las leyes de violencia de género judicializan
las disputas familiares, los controles de sanidad de los alimentos
judicializan el comercio y la persecución de la trata de blancas
judicializa el turismo involuntario.
Quienes denuncian tales excesos
judiciales entienden las leyes como una primera propuesta que después
debe ser sometida a diálogo y transacción, dentro de la mayor
flexibilidad posible. Si ni por esas la legalidad hinca el pico, hay
motivo para declararla injusta y democráticamente desafiarla. Y tratar
de hacerla cumplir por algún otro medio que una suave reconvención es un
caso claro de tiranía.
Si
un cargo público se toma la ley en serio y decide invocarla
puntillosamente, considerando que está tan vigente en Cataluña o Euskadi
como en cualquier otra parte de España, ese intransigente se convierte
en un tipo antipático, por no decir fascista.
Así le ocurrió a Carlos
Urquijo, ya exdelegado del Gobierno en el País Vasco, al que se reprocha
haber interpuesto numerosos recursos legales por arrinconamiento de los
símbolos de España, para garantizar las comunicaciones en castellano
tanto como en euskera así como para impedir homenajes o actos de apoyo a
miembros de ETA excarcelados, etcétera...
Atención, escandaliza el
número de las denuncias de Urquijo, no el de las transgresiones
nacionalistas: parece que el error del delegado fue empeñarse en
rechazar para Euskadi un estado de excepción legal. Hace mucho le oí
decir a Ferlosio: “Me caen simpáticos los antipáticos”. Y a mí." (Fernando Savater, El País, 07/01/17)
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