"Hace quince años Pasqual Maragall destapó el robo del 3%.
Hace quince
años Maragall -en el fragor de la batalla dialéctica en el Parlament por
el desastre del Carmel, Maragall en el Govern y CiU en la oposición-
apuntó con el dedo a Artur Mas y disparó: “Ustedes tienen un problema y este problema se llama 3%”.
Aunque después se retrajo de lo dicho, lo dicho dicho estaba. Quince
años después esa verdad se ha hecho evidente. La base económica de la
élite del procés se ha alimentado continuadamente del cobro
de comisiones a cambio de contratos públicos. Ahora ya es de una
claridad meridiana que la burguesía burocrática catalana “también” roba a
los catalanes. (...)
Porque el 3% no es un cifra, sino un base económica. Los empresarios
contactaban con el tesorero del partido y se interesaban por un
contrato. Después hacían donaciones a las fundaciones del partido
durante el concurso hasta su concesión. Las fundaciones transfirieron
5.800.000 euros al partido entre 2010 y 2017.
Desde Puyol, pasando por Mas, y llegando al dúo Torra-Puigdemont, la
élite del procés -una auténtica burguesía burocrática, constituida
gracias al control del enorme presupuesto y el gigantesco poder político
y social que otorga la autonomía catalana- se ha impuesto sobre la
mayoría de la sociedad catalana. Tal clase -sus intereses y sus
proyectos- es la protagonista de todas las turbulencias que el procés ha
provocado. Ya no es la vieja burguesía catalana basada en la actividad
productiva y en la venta de sus mercancías, sino una auténtica burguesía
burocrática que vive de la gestión y saqueo de los fondos públicos. (...)
Se ha gestado una nueva clase.
En siete años de gobierno Mas y Puigdemont manejaron la astronómica
cifra de 266.518 millones de euros, sumando presupuestos y aumento de la
deuda. Esta es la cuenta del enorme poder que disponen, base desde
donde desplegar su proyecto de fragmentación.
La Generalitat tiene el control directo de 278.000 funcionarios,
incluyendo las administraciones autonómica y local, a los trabajadores
públicos sanitarios, docentes, Mossos y policías locales.
Tienen a su
disposición un sector público de más de 200 entidades, de las que forman
parte 27 sociedades mercantiles, 54 consorcios y 34 fundaciones, desde
ellos controlan la gestión de los contratos públicos y la colocación de
personal, especialmente de profesionales afines en los puestos de
dirección. Han levantado un enorme aparato de propaganda, con una
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, con TV3 como punta de
lanza.
Y han creado una amplísima red clientelar extendida por todos los
ámbitos de la sociedad catalana, las instituciones políticas y sociales,
la economía regional, los medios de comunicación o el mundo de la
cultura, nutrida con millones de subvenciones y las posibilidades que
ofrece la cercanía al poder político. A través del reparto de
subvenciones han impulsado organizaciones soberanistas -desde la
Asamblea Nacional Catalana a Omnium Cultural- presentadas después como
“representantes de la sociedad civil, o creado una clase empresarial
independentista, a la que la cercanía al poder político le permitía
hacer pingues negocios. (...)
Si Puigdemont recibe amparo en países europeos como Bélgica y
Alemania, o es recibido por importantes miembros del Congreso y el
Senado cuando viaja a EEUU, no es gracias a su “agenda de contactos”
individual, sino a las relaciones internacionales tejidas durante
décadas por la burguesía burocrática catalana.
Los sucesivos gobiernos catalanes desde la transición han sido
alumnos aventajados en aprovechar las nuevas condiciones internacionales
para fortalecer sus relaciones con el nuevo centro de poder europeo que
se configuró en torno a Alemania. Y que ofrecía a las regiones más
ricas la posibilidad de tratar directamente con el centro europeo. A
través de instituciones como la “Europa de las regiones”, o
estableciendo por parte de los núcleos dirigentes de la ex Convergencia
una relación privilegiada con la CSU, representantes de la “fracción
bávara” de la burguesía alemana.
En 2012, cuando España era sometida a un acoso y derribo por parte
del FMI y la Comisión Europea, para imponerle un draconiano programa de
recortes, entonces las élites independentistas encontraron lo que Artur
Mas definió como “una ventana de oportunidades que debemos aprovechar”.
Entonces, solo en esas condiciones, es cuando lanzaron el procés como un
desafío de fragmentación abierto.
Y por eso siguen recibiendo el amparo de los grandes centros de poder
internacionales, en EEUU o en la “Europa alemana”, que no teniendo en
su agenda inmediata la fragmentación de España, sí les interesa mantener
abiertas las heridas contra la unidad, como una vía de intervención que
permita aumentar su grado de control sobre nuestro país.
La élite del procés, extremadamente reaccionaria
Su base burocrática confiere a la élites catalanas, a los Puigdemont,
Mas y Torra, un carácter extremadamente reaccionario. Viven de
parasitar los recursos públicos, extraídos, como un moderno vampiro, a
toda la sociedad catalana. Su rostro está dibujado en el escándalo del
3%, una trama de corrupción convertida en modus vivendi.
Y en la
facilidad con la que se convirtieron en los más aventajados ejecutores
de los recortes que exigía Bruselas o el FMI. Han transformado a
Cataluña en la comunidad donde se ha impuesto un mayor tijeretazo contra
la sanidad y la educación pública o las ayudas sociales.
Conforme aumenta su poder esta nueva clase, se agudizan los rasgos
más reaccionarios -que nunca habían sido dominantes en el nacionalismo
catalán-: la difusión del odio a España, la siembra de un racismo de
clase hacia los “charnegos”, los trabajadores venidos de otras partes de
España, o la nueva clase obrera inmigrante, la sumisión al catolicismo
más conservador, el recurso estructural a la corrupción, etc.
Y, mientras la inmensa mayoría de la burguesía catalana tradicional
tiene el mercado español como base de sus ganancias, y no quiere saber
nada de independencias, la nueva burguesía burocrática de los Mas y
Puigdemont está más dispuesta a proyectos secesionistas, pues
convertirse en virreyes de una gran potencia, con un Estado propio,
aumentaría su capacidad de esquilmar a la población catalana.
Es la existencia de esta burguesía burocrática catalana, organizada
como clase y con intereses propios, el centro que impulsa el procés.
Cuyo objetivo es imponer, de forma antidemocrática y quebrando su
voluntad, la independencia a la mayoría de catalanes que defienden la
unidad." (Eduardo Madroñal, Diario16, 11/03/20)
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