"(...) La descentralización que implantó el Estado de las autonomías ha
supuesto un impulso en el desarrollo de la estructura y capacidad
asistencial de los servicios de salud en toda España y una mejora de la
atención sanitaria en las regiones con menor renta. Al mismo tiempo, ese
proceso ha tenido efectos no deseados que es imprescindible corregir.
El principal resultado de la insuficiente articulación autonómica de
la sanidad es la aparición de desigualdades territoriales en el acceso a
esos servicios: calendarios vacunales diferentes en distintas
comunidades, dificultades para obtener la prescripción farmacéutica en
una comunidad distinta de la de residencia, rechazo o demora de la
atención en una comunidad diferente de la propia, diferencias en las
listas de espera en distintos territorios.
Se ha producido también la
ruptura de las economías de escala de las que debería beneficiarse el
conjunto del SNS mediante un sistema de compras único, previsto en la
Ley General de Sanidad (LGS), pero inexistente en la realidad, y la
ausencia de una mínima planificación coordinada, que ha derivado en la
multiplicación innecesaria de servicios y hospitales, que deterioran la
eficiencia de su funcionamiento. (...)
Por su parte, la restricción de los presupuestos sanitarios tras la
crisis económica ha producido una descapitalización material y de
personal de la red sanitaria pública, que ha derivado en beneficio de
los centros de titularidad privada con ánimo de lucro, y de las
compañías privadas de seguro. El desarrollo de unos y otros de manera
territorialmente asimétrica, conforme a sus propios intereses, se ha
venido a sumar a las desigualdades autonómicas y sociales en el acceso a
la atención sanitaria. (...)
las reformas necesarias deben orientarse en la línea de completar el
desarrollo autonómico en este terreno, que hasta ahora ha tenido un
carácter exclusivamente descentralizador, en un sentido que lo acerque
al de los Estados federales. En éstos, la cooperación y la lealtad entre
las entidades federadas, al servicio de intereses universalizadores
compartidos, suponen la puesta en común de responsabilidades y poderes,
atribuyendo el ejercicio de una parte de ellas a un órgano federal que
disponga de mecanismos de intervención financiera que permitan compensar
las desigualdades en capacidad fiscal de aquéllas.
La aplicación en España de una organización federativa que
supere el debate competencial podría ser objeto de una nueva LGS, que
podría avanzar en el sentido indicado sin necesidad de una reforma
previa de la Constitución. Una reforma sanitaria así debería
complementarse con el establecimiento de unas condiciones específicas de
la financiación sanitaria dentro del modelo de financiación autonómica
general, garantizando una financiación sanitaria equitativa y suficiente
para todas las comunidades, a la vez que se gestiona de manera
eficiente el gasto del conjunto del SNS. (...)
El desarrollo de esas políticas requiere, sin embargo, de estructuras de
gobierno que permitan y potencien que se lleven a cabo. Un análisis de
la evolución del Ministerio de Sanidad a lo largo de las últimas
legislaturas permite señalar que su evolución ha sido la contraria. (...)
Otro problema principal del sistema sanitario es el aumento del gasto
farmacéutico derivado de la introducción de nuevos fármacos con precios
injustificadamente altos. Una situación que es imprescindible abordar
desde las administraciones sanitarias con una estructura negociadora
propia del SNS de máximo nivel científico, solvente, firme, coordinada y
común.
Una estructura así se ha sustituido por una multiplicación
ineficaz de agencias de evaluación tecnológica autonómicas
independientes y un sistema de fijación de precios de los medicamentos a
aplicar al SNS en el que intervienen en defensa de intereses distintos
los ministerios de Hacienda e Industria, además del de Sanidad.
En el desarrollo del sistema de financiación autonómica ha
desaparecido cualquier intervención del Ministerio de Sanidad no solo en
la determinación de la cuantía global de los fondos a destinar a estas
políticas, sino también en su distribución entre las comunidades,
eliminando a la vez la posibilidad de una distribución complementaria de
una parte de los mismos para afianzar la cohesión del SNS y el
mantenimiento de sus condiciones universales en su gestión por aquéllas.
Promover la coordinación y cooperación necesarias en el SNS en un
sentido federal debe, por eso, empezar por reforzar la constitución del
Ministerio de Sanidad mediante medidas estructurales que permitan evitar
la dispersión ineficiente de las políticas citadas. Un desarrollo
sanitario que puede servir de orientación, estímulo y modelo para el
avance en otros sectores hacia la evolución federal necesaria del Estado
autonómico español."
(Junto a Javier Rey, exsecretario del Consejo Interterritorial del SNS; Pedro Sabando, exsubsecretario de Sanidad y consejero de Sanidad de la CA de Madrid; Fernando Lamata, exsecretario general de Sanidad y exconsejero de Sanidad de Madrid, y Ramón Gálvez Zaloña, exgerente de hospital y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha,et al., El País, 13/08/19)
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