Las gentes aquel día golpeadas, los niños, viejos y mujeres embarazadas que participaron en un acto ilegal no recibieron del poder público la atención debida... El gobierno de la Generalidad los convocó explícitamente a la participación en un acto ilegal de desafío a la democracia. Y por los inequívocos informes de su Policía sabía que iban a correr un riesgo cierto. Marchena dirá en su sentencia si el gobierno de la Generalidad se comportó de una manera criminal... Si aquella noche el presidente Rajoy se hubiera dirigido a los ciudadanos catalanes advirtiéndoles que iban a participar en un acto ilegal no exento de peligro su palabra hubiera valido por la acción de 1000 antidisturbios. Uno y otro (aunque uno más que otro) mandaron a sus ciudadanos a la porra...

"(...) El acto final de los golpeados es estadístico. Se presenta ante el Tribunal el que era entonces director del Servicio Catalán de Salud. El señor David Elvira confirma que el 1 de octubre hubo un herido: un ciudadano que perdió un ojo, por el disparo de una pelota de goma.

 Él habla de afectación a un globo ocular, pero se le entiende. Incluye también entre las víctimas a un hombre que sufrió un infarto. Y tres personas con subidas de tensión. Y 996 golpeados que se pasaron por algún centro de salud. 

El interrogatorio del fiscal y de la abogada del Estado no exige ninguna precisión al funcionario. Es verdad que no tiene ningún interés para su causa, porque no es la Policía la que está siendo juzgada, aunque lo parezca. 

Pero el ministerio público debe responder a las necesidades públicas. Y el juicio no debió dejar pasar la oportunidad de desmontar el fake soberanista de los 1000 heridos.

En cualquier caso, las gentes aquel día golpeadas, los niños, viejos, mujeres embarazadas y precariedades diversas que participaron en un acto ilegal no recibieron del poder público la atención debida. No hablo de la atención sanitaria, que se la dieron de mil amores los solícitos funcionarios. Hablo de una atención política previa. 

El gobierno de la Generalidad los convocó explícitamente a la participación en un acto ilegal de desafío a la democracia. Y por los inequívocos informes de su Policía sabía que iban a correr un riesgo cierto. Marchena dirá en su sentencia si el gobierno de la Generalidad se comportó de una manera criminal. 

Su inmoralidad, sin embargo, está ya fuera de toda duda. Tampoco el gobierno del Estado cumplió eficazmente con su obligación. Si aquella noche el presidente Rajoy se hubiera dirigido a los ciudadanos catalanes advirtiéndoles que iban a participar en un acto ilegal no exento de peligro su palabra hubiera valido por la acción de 1000 antidisturbios.

Uno y otro (aunque uno más que otro) mandaron a sus ciudadanos a la porra."               (Arcadi Espada, El Mundo, 01/05/19)