Lo que se juzga en el Supremo son unos hechos muy graves de violación del orden jurídico por parte de autoridades constituidas por él. Quienes no han realizado esos hechos no son juzgados. Al presidente Torra, o al diputado Joan Tardá, que piensan y dicen lo mismo que los encausados, y militan en las mismas formaciones políticas, no se les importuna...

"(...) Lo ocurrido en octubre de 2017 en Cataluña, ¿fue o no un golpe de Estado?

Los golpes de Estado han sido por lo general aparatosos, cruentos y autoritarios. Y liderados por militares. Pero, claro, una semántica tan cargada emocionalmente puede deleitarse en asimilar lo que se hizo aquellos días a un golpe de Estado. 

Yo no creo que lo fuera en sentido estricto. Creo que fue un intento de subvertir el orden constitucional y el orden estatutario mediante un fiat voluntarista que se pudo imaginar  —para mí de un modo incomprensible— que podría tener éxito sin consecuencias jurídicas de tipo alguno.

Prefiero pensar que los actos claramente delictivos que se realizaron entonces se sustentaban en una suerte de alucinación o alteración de la percepción que llevó a muchos a pensar que semejante paso iba a ser acogido con alguna benevolencia por el Estado español, la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional. 

Quizás ese paso se dio por obcecación, o porque no tenían a nadie al lado con la honestidad y el coraje suficiente para advertirles de lo que cualquier persona medio informada tenía que saber. (...)

El abogado de Junqueras ha considerado como “juicio político” la causa del procés en el Supremo. ¿Puede considerarse así?

En absoluto. Lo que se juzga en el Supremo son unos hechos muy graves de violación del orden jurídico por parte de autoridades constituidas por él. Quienes no han realizado esos hechos no son juzgados. 

Al presidente Torra, o al diputado Joan Tardá, que piensan y dicen lo mismo que los encausados, y militan en las mismas formaciones políticas, no se les importuna, incluso se les invita a la tribuna del juicio con carácter preferente, y se les reconoce su condición de autoridades.

¿Por qué esa diferencia? Pues porque no han realizado ninguna de las acciones ilegales que se juzgan. 

Si se deciden en algún momento a realizarlas, experimentarán enseguida la diferencia que hay entre tener una posición política admitida y cometer un delito. Una cosa es estar en contra del delito de hurto y otra muy distinta hurtarle la cartera a alguien.

Partidos como el PSC o entidades como Federalistes d’Esquerres creen que el federalismo serviría para superar la crisis en Cataluña. ¿Podría ser una solución?

En una situación normal, quizás podría ser un principio de solución. De hecho, la mayoría de los organismos internacionales que se han ocupado de problemas similares sugieren esto como posible solución para ellos. Pero hoy por hoy en Cataluña hay que hacer algo previo de la máxima importancia: que los catalanes mismos se sienten y vuelvan a buscar todas las sintonías posibles entre ellos mismos. 

Eso se tendría que buscar en primer lugar en el Parlament, pero ya vemos que le han echado el cierre. Y, claro, en esta situación una propuesta federalista sería poco escuchada."

(Entrevista a Francisco Laporta,  catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador habitual en el diario El País, Óscar Benítez, El País, 17/02/19)