No puedo evitar regresar al pleno del Parlament del 27 de octubre de 2017... ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo pasar lo que pasó?

"(...) No sé si les pasará a ustedes pero yo no puedo evitar de tanto en tanto regresar al pleno del Parlament del 27 de octubre de 2017 y a todo lo que esa sesión representa. (...)

¿Qué pasó? ¿Cómo pudo pasar lo que pasó? Voy a tratar aquí de ofrecer una respuesta.

¿Qué pasó?

Versión comunicada. Lo que en los medios de comunicación se nos explicó sin excepción fue que, tras el fracaso de las negociaciones que casi finalizaron con la convocatoria de elecciones a cambio de la no aplicación (en todo o en parte) de las medidas autorizadas por el Senado (fracaso generalmente achacado a las presiones sufridas por el presidente Puigdemont desde el independentismo), el presidente de la Generalitat y su Gobierno decidieron que no había otra solución posible que hacer que el Parlament votase la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña.

Los partidos constitucionalistas se opusieron a su admisión a trámite en la Mesa, pero los independentistas impusieron su mayoría. Posteriormente se produjo la votación y, aprobando la DUI, el Parlament proclamó la República Catalana. Los medios de comunicación catalanes, españoles y mundiales abrieron con el titular a toda página: “El Parlament proclama la independencia de Catalunya”.

Aunque la noticia se transmitió con matices en algunos casos, no recuerdo que ningún medio negase la mayor. Lo siguiente fue el pronunciamiento de los ministerios de Asuntos Exteriores sobre la supuesta Declaración de Independencia.

 Las fiestas en el Parlament y en la calle no llegaron al día siguiente y, poco después de la celebración del Consejo de Ministros que aprobó la destitución del Govern y la disolución del Parlament, todo el mundo se fue a casa. Ni banderas arriadas, ni primeros decretos, ni (afortunadamente) ningún ejercicio de resistencia.

Hechos contrastables. En realidad no fue eso lo que pasó. O no fue todo eso. O no fue solo eso. Lo vengo defendiendo desde la tarde del 27-O, cuando, al ver nuevamente el momento en que la presidenta del Parlament sometió a votación la resolución, oí las palabras “a continuación votaremos la parte resolutiva”. 

Fui al texto registrado por JxS y la CUP y la sorpresa fue mayúscula. Aquello no era una declaración de independencia. Era una propuesta de resolución, lo que en otros parlamentos se llama proposición no de ley (PNL), esto es, un acuerdo para impulsar la acción del gobierno, para instarle a hacer algo. Se trata de un instrumento perfectamente legal (una Declaración Unilateral de Independencia ni tiene por qué serlo ni suele serlo) que tiene una parte expositiva y otra dispositiva.

En el caso de la (no)DUI, lo que se hizo fue incluir en la parte expositiva un texto informal y privado firmado por los diputados de JxS y la CUP el 10 de octubre en un gesto de desagravio al público indepe ante la también frustrada DUI que se esperaba para aquel día. Pero tampoco en esa parte expositiva se declaraba nada.  (...)

Para colmo, y como se ha dicho, la presidenta del Parlament dejó claro al iniciar la votación que se votaba solo la parte dispositiva, que curiosamente fue la parte que no se leyó: un “instar al Gobierno a” desarrollar la Ley de Transitoriedad Jurídica que por otra parte no podía entrar en vigor (incluso según la legalidad paralela creada por el Parlament y anulada por el Constitucional) sin una Declaración formal de Independencia.

 Es decir, que el Parlament instó al Gobierno a hacer algo que el Gobierno no podía hacer (aún aceptando la legalidad paralela) sin que el Parlament hiciese lo que no hizo: declarar la independencia. Todo esto, era evidente, no podía significar otra cosa más que aquel acto no podía ser una declaración de independencia que pretendiera fundar un nuevo orden jurídico.

Todo había sido preparado para que pareciera que era una DUI sin que lo fuera, como una válvula que, a la vez que pudiese dar salida a la presión de la olla, sirviese para minimizar las posteriores consecuencias penales (que de alguna manera se daban por hechas teniendo en cuenta la experiencia del 9-N, aunque probablemente no con el carácter de las que vamos viendo).  (...)

Tras la plácida aplicación de las medidas derivadas del 155, y pese a algunos gestos algo ridículos y calculadamente ambiguos por parte del Govern (un mensaje institucional que tanto podía ser de un presidente como de un expresidente de la Generalitat, una foto de Rull que tanto podía ser la de un consejero en ejercicio como la de un consejero cesado antes de recoger sus bártulos en el último día de trabajo, una reunión de políticos que tanto podía ser el Consejo Ejecutivo como un café entre amigotes, etc), el atrezo fue cayendo y la cruda realidad se fue imponiendo ante los ciudadanos atónitos: el emperador iba desnudo, no había preparado nada, no tenía ningún plan, solo el de dejar caer a las instituciones catalanas en los brazos de la Administración General del Estado. Primero lo confirmó el exconsejero Vila.

 Después la Mesa del Parlament en pleno, luego la exconsejera Ponsatí, y ayer, Esquerra Republicana de Catalunya (Mas-Collell, Mas y Baiget lo habían hecho con anterioridad). En 5 años no habían hecho ni lo poco que se suponía que habían hecho: ni estructuras de Estado, ni planes reales, ni nada de nada. Únicamente la puesta en marcha de algunos organismos que bien podrían servir a la Comunidad Autónoma, un conjunto variado de informes para dar rienda suelta a un delirio autocomplaciente y mucha mucha propaganda.

El procesismo logró transmitir como una DUI lo que no lo era, ni quería serlo, ni aspiraba a mantenerse como tal en el tiempo, gracias al control de la comunicación y a los fallos periodísticos. ¿Cómo pudieron ser compatibilizados esos hechos contrastables con la versión que se comunicó? ¿Qué fue lo que pasó realmente para que esos hechos se comunicaran de esa manera? Aquí entramos de lleno en la segunda pregunta.

¿Cómo pudo pasar lo que pasó?

¿Y cómo pudo pasar esto? ¿Cómo la versión comunicada pudo ser tan diferente de los hechos contrastables? Entre las cosas que se transmitieron aquel día fue que la cobertura periodística del evento no tenía precedentes (bueno, sí, la sesión del 10 de octubre), que los reporteros eran tantos que no cabían en el edificio y que la prensa de todo el mundo estaba pendiente de lo que sucedía en el Parlament.

Pese a esa enorme congestión de periodistas, parece ser que nadie llamó la atención sobre los puntos que desvelaban la estafa. El impacto causado por las palabras mágicas convenientemente subrayadas (aún colocadas en la parte expositiva y como transcripción de un documento anterior), la aceptación acrítica (supongo) de los mensajes lanzados desde los centros de emisión procesista, el ritmo trepidante con que se sucedían los acontecimientos y el ambiente de catástrofe colectiva que se había creado durante las semanas anteriores, entre otras cosas, impidió la fiscalización correcta de aquel acto político.

El mensaje se viralizó primero entre los periodistas presentes, locales y extranjeros, y después entre los medios, para llegar finalmente al público con una sola voz.

¿Y fue suficiente la transmisión de un mensaje erróneo (como el que trasladaban las portadas digitales de El Punt Avui –“El Parlament proclama l’Estat català”-, el ara.cat –“El Parlament declara la República i inicia el procés constituent”-, La Vanguardia –“El Parlament declara la independencia y el Senado aprueba aplicar el artículo 155”-, El Mundo y eldiario.es –“El Parlament declara la independencia de Catalunya”, la BBC –“Catalonia’s parliament declares independence”-, la CNN –“Catalans declare independence”- o Le Monde –“Le Parlament catalan vote en faveur de l’indépendance”) para que la Unión Europea y diversos Estados se pronunciasen oficialmente?

 No parece seguro que en tan poco tiempo hubiesen podido tener acceso al texto aprobado en catalán... ¿Los gobiernos reaccionaron directamente a los mensajes de los medios de comunicación?

 Hay muchas cosas por saber todavía. Un documento conocido el 13 de noviembre (en realidad una parte del documento), el acta de la sesión de la Mesa del Parlament, arroja una información que ensombrece más la cuestión.

Se ha repetido desde el procesismo que las reacciones de algunos exconsejeros y de la Mesa del Parlament tras las querellas se debieron a la presión judicial del Estado. No obstante, ayer supimos por la hoja publicada en La Vanguardia que la secretaria primera de la Mesa, Anna Simó, hizo que constara en acta que las resoluciones que pudieran aprobarse en el pleno no tendrían efectos jurídicos, y no porque la representante del PP preguntara sobre ello –como Anna Simó manifestó ayer en respuesta al hilo que publiqué- sino porque la representante del PP tuvo mucho interés en que constara que, según lo declarado por el Constitucional, las resoluciones sí podían tener un valor jurídico interpretativo.

Es decir, que el PP presionaba para reconocer el posible valor jurídico de la resolución y JxS para negarlo. Ambos remaban, parece claro, en dirección a la respuesta del Estado.

Asimismo, la Mesa dejó claro en la misma sesión que solo se votaría la parte dispositiva, y por tanto no el texto que se parecía más a una declaración de independencia y que por eso mismo fue leído antes de la votación por la presidenta del Parlament tras la petición del portavoz de JxS Roger Torrent.

 Digo que esto arroja luz, o más bien sombra, porque en esa reunión en la que JxS ya había puesto boca arriba sus cartas y descubierto la jugada a los demás a poco que estos quisieran prestar atención, estaban presentes los representantes de todos los partidos no independentistas (Ciutadans, PSC, Catalunya Sí Que Es Pot y PP).

 Eran respectivamente el vicepresidente segundo José María Espejo, el secretario segundo David Pérez, el secretario tercero Joan Josep Nuet y la diputada María José García Cuevas. Todos ellos escucharon a los representantes de JxS decir que debía constar en acta que ni se votaba la parte expositiva ni la parte dispositiva surtiría efecto jurídico alguno en caso de ser aprobada. Es decir, que era todo una escenificación.

 Porque si alguien quiere declarar la independencia, y quiere que no le tomen por el pito del sereno, la declara rápida y sencillamente. Miren qué fácil es, y escribo a bote pronto: “El Parlament, depositario de la soberanía nacional del pueblo catalán, declara la independencia de Catalunya, que se constituye en una República Social y Democrática de Derecho.

Se dispone la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad Jurídica y se ordena al Gobierno la adopción de las medidas precisas en el orden nacional e internacional para garantizar la efectividad de esta declaración”. Punto. ¿No dieron importancia los miembros no independentistas de la Mesa y sus respectivos partidos a estas claras señales del procesismo? ¿Las pasaron por alto? ¿Las obviaron a sus compañeros?

Y lo que también es importante: ¿Los periodistas no tenían fuentes para conocer lo que había sucedido en la reunión? ¿No preguntaron? ¿No obtuvieron respuestas? ¿Las tuvieron y no captaron las señales? ¿Las ignoraron? Habría que hacer un análisis detallado de todo lo publicado para saber si alguien ofreció alguna información al respecto, pero lo que es seguro es que ningún medio puso el foco en esa cuestión clave.

 ¿Qué hubiera pasado entonces? Pues muy probablemente lo que pasó cuando el Parlament aprobó la Resolución 1/XI de 9 de noviembre de 2015, la Resolución 263/XI de 20 de julio de 2016, la Resolución 306/XI de 6 de octubre de 2016 o la Ley 19/2017 de 6 de septiembre del Referéndum de Autodeterminación, es decir, la emisión de una sentencia o de un auto del Constitucional de anulación de la disposición.

En todas las resoluciones citadas o se declaraba ya la soberanía del pueblo catalán o se iniciaba o amparaba el proceso constituyente.

 

 Lo que explica que pudiera pasar lo que pasó fue, en definitiva, la existencia de una masa social dispuesta a aceptar acríticamente lo que emana de sus líderes políticos y apoderada de un deseo emocional potente, la existencia de un control férreo de la comunicación por parte de ciertos sectores, y unas condiciones para el periodismo que le llevan, más que a analizar la realidad, a alterarla según estímulos ajenos y en alocada competición por el directo.

 ¿Algo más? ¿Algún movimiento desde un procesismo contraprocesista del Estado? Parece pronto para afirmarlo...  

(...) tengo cada vez más claro el engaño masivo al que hemos sido sometidos (unos más que otros), lo imperdonable de un juego irresponsable que ha creado extraordinarias tensiones y daños difícilmente reparables, la complicidad de los medios de comunicación, la incapacidad de describir la realidad procesista (con escasas pero notables excepciones, como la de Guillem Martínez), y la falta de exigencia popular de responsabilidades.

Pero no todo parece claro y a la vez aparecen nuevas preguntas. Ayer supimos que todos los grupos conocieron antes de la votación la renuncia de los proponentes a la eficacia de la (no)DUI. En este sillón me quedo hasta que nos den las muchas explicaciones que de todos merecemos."                 (Oriol Güell i Puig, CTXT, 15/11/17)