"En un muy interesante artículo publicado en Público el 5 de noviembre pasado (Cataluña y la solidaridad interregional en España),
el profesor Javier Ruiz Collantes adoptaba un novedoso punto de vista
en el análisis de las relaciones entre la “solidaridad interregional en
España” (en adelante “SIE”), el supuesto “expolio fiscal” de Cataluña
por parte de España y el posible “pacto fiscal” por el que “Cataluña
podría pasar a tener un estatuto fiscal como el País Vasco y Navarra”.
(...) no se puede objetar la práctica que adoptaremos aquí
de anteponer al análisis de los flujos monetarios que entran y salen del
Estado, un análisis de clase de lo que ocurre en el interior de la
sociedad civil (en las empresas).
Su tesis de que la clase “alta”
andaluza (o del resto de la España no catalana) es financiada en buena
parte con los impuestos que pagan los trabajadores de Cataluña olvida
agregar cómo y con qué se financia realmente, en todas partes, la clase
de los grandes propietarios de empresas y de tierras: con los beneficios
que produce el plustrabajo de sus trabajadores.
Como Ruiz Collantes no
puede pretender que las empresas andaluzas presentes en Cataluña tengan
tantos trabajadores como las empresas catalanas establecidas en el resto
de España, hemos de concluir que la plusvalía –ese pluscapital que
procede del trabajo no pagado a los trabajadores por la burguesía, con
independencia de su país o nacionalidad– generada por los cientos de
miles de asalariados que trabajan para las grandes empresas financieras,
industriales y comerciales catalanas (citemos sólo La Caixa y el
Sabadell, Catalana Seguros y Plus Ultra, Endesa y Gas Natural, Nissan o
Volskwagen, Lidl o Nestlé, etc.) enriquece a la burguesía catalana con
una parte sustancial de sus beneficios totales, esos mismos beneficios
que, como saben Buffet y Ruiz Collantes, apenas pagan impuestos, ni en
Cataluña ni en el resto de España (Andalucía), ni se redistribuyen por
la vía estatal porque se quedan en manos de la burguesía catalana (la
fracción principal de la burguesía española).
Pero lo más llamativo y significativo del artículo
que criticamos son las tintas con que en él se pinta el panorama
socioeconómico a ambos lados del Ebro. Económicamente hablando,
Andalucía es “un país inviable” –debido a su elevadísimo nivel de paro y
a su “desastrosa” estructura productiva basada en el “monocultivo de
ladrillo y turismo” y en una “escasísima presencia de industria e
innovación”– que sobre todo presenta una funesta “característica
propia”: “el latifundismo” y sus consecuencias.
Es decir, frente a la
viabilidad y dinamismo indudables de Cataluña, las “elites
socioeconómicas” andaluzas provienen en buena parte de una
“aristocracia” decimonónica, con su maja goyesca incluida (la duquesa de
Alba), que se caracteriza por su “inmovilismo” y sus “privilegios” y
que “ni siquiera” tiene “la mentalidad emprendedora de la burguesía
moderna”. (...)
Parece ignorar que, hoy en día, es la moderna burguesía industrial y
financiera la principal latifundista en España y en todo el mundo, tanto
de terrenos rústicos como urbanos. No se trata sólo de que los
latifundios de Estados Unidos, Inglaterra o Alemania son mucho mayores
que en España –que más bien se caracteriza por su relativo
minifundismo–, sino de que la lista de nuestros principales
latifundistas patrios comienza con industriales como Amancio Ortega (a
través de su empresa Pontegadea) y Juan Abelló, financieros como Emilio y
Patricia Botín, y otros empresarios importantes como los del grupo
vasco Ibaizábal o de las dinastías catalanas de los Carceller y los
Lladó. (...)
Para concluir, podemos resumir así la tesis,
argumentación y conclusiones del artículo del profesor Ruiz Collantes:
ya que los impuestos los pagan los trabajadores y no sus patronos, y ya
que los gastos públicos los reciben los propietarios, no es conveniente
que Cataluña pague dinero neto al Estado español porque eso significa
que los trabajadores catalanes están financiando, lo quieran o no, a los
retrógrados latifundistas andaluces y otros propietarios del resto de
la España no catalana.
Que Andalucía esté económicamente malherida, se
argumenta, no debe hacer olvidar lo anterior, y por ello sería
preferible dejar a Andalucía en la cuneta para permitir que el resto
(Cataluña en particular) pueda avanzar sin esa carga y sin merma de
competitividad, para conseguir una sociedad aun más “viable” de lo que
lo es hoy en día. Es mejor amputar y cortar por lo sano: al menos así no
morirá el cuerpo entero de la sociedad.
Lo cual se puede rematar así: puestos a pagar, se
dice, y dado que también en Cataluña van a pagar los de siempre
(trabajadores y clase media catalanes), ¿no es preferible que paguen a
“los nuestros” (que somos “nosotros” y además somos “modernos” y
“viables”) en vez de que paguen a los forasteros (que son atrasados e
“inviables” y además son de fuera)?
Creemos que esta es la esencia última del argumento
zurdo-catalanista, y por eso podemos intuir que no tendrá mucho
predicamento entre la izquierda de toda España, que sí defiende la
“solidaridad interregional” en nuestro país." (Diego Guerrero, Público, 11/11/17)
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