"(...) Preguntaron a Junqueras en un programa de radio (creo que
Onda Cero) si “su” referéndum no suponía una transgresión del Estado de
Derecho, al proponerse aún después de la prohibición dictada por el
Tribunal Constitucional. Su respuesta fue la menos inteligente de toda
la entrevista.
Dijo que “la democracia nunca puede ser ilegal”. Esa
afirmación es un disparate y encierra al independentismo en un laberinto
sin salida.
Supongamos que en el Ayuntamiento de Tossa de Mar una
mayoría de grupos municipales consideran que la legalidad urbanística de
la Generalitat está frenando las potencialidades económicas y
turísticas de la ciudad e impidiendo el modelo de ciudad que los
habitantes de Tossa mayoritariamente quieren.
Se abre, entonces, el
debate sobre si tiene sentido que la competencia en materia de urbanismo
la ostente la Comunidad Autónoma en vez de la ciudad. Finalmente,
someten a consulta de los censados en Tossa de Mar si aprueban o no un
plan urbanístico que ha sido rechazado por la Consejería por no respetar
la legalidad urbanística; en la consulta se vota mayoritariamente a
favor del plan, y el Ayuntamiento comienza a dar licencias con arreglo
al mismo.
En un programa de radio preguntan al alcalde si no cree estar
vulnerando la legalidad, y el alcalde contesta que está cumpliendo un
mandato democrático, y que por tanto no puede ser ilegal. ¿Es, o no es un disparate ese “por tanto”?
Cualquier otro ejemplo valdría tanto como este para
comprender que no sólo es posible que decisiones mayoritarias puedan ser
ilegales, sino que más bien la democracia necesita estructuralmente una
ley (o una constitución) que reparta cartas y atribuya poderes, es
decir, que determine algo tan elemental como quién es competente para decidir qué.
Por tanto, también para delimitar sobre qué no se puede decidir por mayoría:
los alumnos matriculados en un curso no pueden decidir por mayoría
sobre las asignaturas a cursar; los ciudadanos de un municipio no pueden
decidir sobre cómo pagan el IRPF; una mayoría absoluta del Congreso no
puede decidir el restablecimiento de la pena de muerte sin suprimir la
prohibición constitucional de la misma; y los miembros de una Comunidad
Autónoma no pueden decidir sobre la frontera de España.
Esto puede parecer demasiado obvio, y podría objetarse que
hay aspiraciones populares que, cuando no encuentran cauce para
convertirse en propuesta, deben abrirse camino de forma disruptiva. No
tendría argumentos contra esta tesis: el independentismo catalán (como
el corso o el de Lombardía) puede sostener que no hay ningún cauce real dentro de la ley para conseguir democráticamente un objetivo político legítimo, y puede decidir estrellarse contra
el marco legal y constitucional para romperlo.
La historia muestra no
pocos ejemplos de cambios provocados por la vía de hecho: revoluciones,
golpes de Estado, proclamaciones tumultuarias. ¿Es eso lo que han
decidido los líderes del independentismo?
Sería, desde luego, una
apuesta arriesgada, porque sin duda supone una desconexión del Estado de
Derecho, una expulsión del árbitro y un borrado de las líneas del campo
de juego, y eso tiene consecuencias desastrosas, mucho peores que la
frustración de una parte de la sociedad catalana de no poder
constituirse en Estado.
Por eso acompañan su discurso rupturista de
justificaciones legales confusas y retorcidas: pero eso es hacer
trampas. Utilizar el instrumento de la ley autonómica para obtener la
independencia es un fraude. Si se trata de ley, hay que someterse a ella
para cambiarla; si se trata de vía de hecho, hágase con todas las
consecuencias.
Hay algo que no debe dejar de recordarse. Los partidos
catalanes que llevaron en su programa la independencia de Cataluña
(Junts pel sí y CUP) y que ahora pretenden aprobar, al parecer, una ley
de desconexión, no alcanzaron la mayoría del voto popular.
La
traducción en escaños de los votos obtenidos por circunscripciones sí
les ha dado mayoría absoluta de diputados, pero esa mayoría sólo lo es
por virtud de una Ley Electoral aprobada en un marco estatutario y
constitucional determinado. No vale, pues, atribuirse una legitimidad democrática para decidir la desconexión
cuando la mayoría se tiene no por los votos, sino por un marco legal
del que pretenden desconectar.
Ninguna razón habría entonces para que
los ciudadanos o los ayuntamientos de Tarragona tuvieran que respetar la
ley que emane del Parlamento catalán si éste autodecide cuáles
van a ser las reglas del juego al margen de la ley que lo crea y lo
regula. Este es el enorme talón de Aquiles del independentismo, y lo
saben. No hay que dejar de repetirlo. (...)" (Miguel Pasquau Liaño , CTXT, 31/05/17)
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