"La última providencia del Tribunal Constitucional abre una nueva fase en la batalla previa a la celebración (o no) del referéndum independentista.
Porque, por mucho que Carles Puigdemont insista en que Catalunya transitará de la autonomía a la secesión sin dar saltos al vacío, "de la ley a la ley", el escrito de advertencia del alto tribunal pone de relieve lo obvio: que una cosa es firmar la convocatoria del referéndum, un minuto después de aprobarse las leyes de desconexión y un minuto antes de que sean suspendidas, y otra muy distinta desarrollar los preparativos de la votación, que por fuerza deben iniciarse con antelación y bajo la vigente legislación española.
A demanda del Gobierno, y para evitar la supuesta parquedad esgrimida por Artur Mas para negar el delito de desobediencia en el juicio del 9-N, el Constitucional advierte ahora a todos los miembros del Govern --políticos profesionales-- y a cinco altos cargos --incluidas tres funcionarias de carrera-- de las "responsabilidades penales" que afrontarían de impulsar el referéndum.
Tras recibir este escrito, todos ellos y los trabajadores a su cargo tienen prohibido "iniciar, tramitar o dictar acuerdo alguno" que destine al referéndum cualquier partida presupuestaria, sean las suspendidas o cualesquiera otras. Se expondrían, de hacerlo, a ser condenados por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos: fuertes multas, penas de cárcel y hasta 25 años de inhabilitación. Es decir, la pérdida del empleo
Porque, por mucho que Carles Puigdemont insista en que Catalunya transitará de la autonomía a la secesión sin dar saltos al vacío, "de la ley a la ley", el escrito de advertencia del alto tribunal pone de relieve lo obvio: que una cosa es firmar la convocatoria del referéndum, un minuto después de aprobarse las leyes de desconexión y un minuto antes de que sean suspendidas, y otra muy distinta desarrollar los preparativos de la votación, que por fuerza deben iniciarse con antelación y bajo la vigente legislación española.
A demanda del Gobierno, y para evitar la supuesta parquedad esgrimida por Artur Mas para negar el delito de desobediencia en el juicio del 9-N, el Constitucional advierte ahora a todos los miembros del Govern --políticos profesionales-- y a cinco altos cargos --incluidas tres funcionarias de carrera-- de las "responsabilidades penales" que afrontarían de impulsar el referéndum.
Tras recibir este escrito, todos ellos y los trabajadores a su cargo tienen prohibido "iniciar, tramitar o dictar acuerdo alguno" que destine al referéndum cualquier partida presupuestaria, sean las suspendidas o cualesquiera otras. Se expondrían, de hacerlo, a ser condenados por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos: fuertes multas, penas de cárcel y hasta 25 años de inhabilitación. Es decir, la pérdida del empleo
EL LÍMITE DE LA FICCIÓN
Hasta la ANC y el sindicato independentista CSC admiten, en una guía para funcionarios afines, que incurrirán en desobediencia de negarse "claramente a cumplir una orden (...) válidamente notificada". Y el CSIF ha animado a los empleados públicos a pedir las órdenes por escrito y a denunciarlas si son ilegales.
Con un puñado de patrióticos voluntarios es posible montar otro 9-N, pero el referéndum prometido expondría a centenares de funcionarios que, voten como voten, no tienen por qué verse forzados a arriesgar su futuro. Toda ficción, también en política, debe tener un límite." (Enric Hernández, director, El Periódico, 04/04/17)
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