"Este proceso es el preludio del anunciado choque de trenes entre los
gobiernos central y autonómico y marcará un punto de inflexión en el
proceso soberanista que, en su actual formato, encara su recta final.
El
movimiento secesionista estaba atravesando uno de sus momentos más
bajos derivado de las dificultades para aprobar los Presupuestos, la
polémica por los farolillos de Vic, donde se intentó movilizar a la
infancia en la mejor tradición de los regímenes autoritarios o el
fracaso de Puigdemont en Bruselas.
Una serie de reveses que tocaron
fondo con las declaraciones del exjuez Santiago Vidal y por la
reactivación del caso del tres por ciento en la víspera del juicio del
9N. Todo ello entre la creciente confusión y escepticismo respecto a las
dificultades de celebrar el prometido referéndum de autodeterminación
ante el imposible acuerdo con el Estado y la previsible falta de
reconocimiento internacional a la consulta.
(...) el juicio contra el expresident de la Generalitat, la
exvicepresidenta Ortega y la exconsellera de Educación Rigau ha sido
aprovechado para relanzar el proceso soberanista acudiendo al consabido
recurso del victimismo y con una movilización impresionante de los
medios afines a la secesión como, sólo por poner un ejemplo, pudo verse
en el reportaje de 8TV, del grupo Godó, donde Josep Cuní, su periodista
estrella, pasó la víspera del juicio con la familia de Artur Mas.
El eje de la campaña ha consistido en acusar al gobierno del PP de
despreciar la democracia para, a través de un manipulado Tribunal
Constitucional, sentar en el banquillo a unos dirigentes políticos por
el mero hecho de “poner las urnas” con el propósito de conocer la
opinión de la población.
Una campaña que ignora el acuerdo político
“secreto” entre los gobiernos español y catalán mediante el cual el
ejecutivo central haría la vista gorda ante el 9N siempre que la
Generalitat no capitalizase el eventual éxito de la consulta. Un pacto
inconfesable que fue roto por Artur Mas cuando en la noche electoral se
atribuyó el éxito del proceso participativo, lo cual puso en marcha la
respuesta punitiva del ejecutivo central.
El comportamiento de Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya se caracterizó por la contradicción entre su condición de
héroe y mártir de la causa soberanista, amplificado por los medios
afines y los miles de manifestantes que lo arroparon, y el intento de
evitar la inhabilitación descargando su responsabilidad sobre los
voluntarios.
Las respuestas del expresident de la Generalitat oscilaron
entre el papel de víctima de un juicio político, que asume las
consecuencias de sus actos por sus convicciones políticas, al estilo de
Fidel Castro y su famoso discurso “la historia me absolverá” –un
registro donde reconoció ser el último responsable del 9N– y sus
afirmaciones sobre que, una vez emitida la resolución del Tribunal
Constitucional, la Generalitat se inhibió del tema, dejándolo todo en
manos de los voluntarios.
En esta contradicción, típica del catalanismo conservador, se dejó
entrever su temor a ser inhabilitado, lo cual frustraría sus
expectativas de encabezar la candidatura de la antigua Convergència,
ahora PDeCat, cuando Puigdemont se ha descartado para optar a la
reelección. (...)
Para el gobierno del PP, apoyado por PSOE y Ciudadanos, la democracia se
basa en el respeto a las leyes y sólo cuando éstas se modifiquen por
los cauces establecidos podrá plantearse una consulta de
autodeterminación que no está contemplada en el ordenamiento
constitucional español. Unas tesis que coinciden con las resoluciones de
los altos tribunales alemán e italiano respecto a las pretensiones
semejantes planteadas en Baviera y Véneto.
Una argumentación impecable
desde el punto de vista jurídico-institucional, pero que elude el fondo
político de asunto. A saber, que casi la mitad de la ciudadanía apoya la
secesión y que muchos más contemplan el referéndum como la salida
democrática del conflicto
Para el bloque secesionista, la voluntad del pueblo está por encima
de las leyes consideradas injustas. Además, consideran que les asiste el
mandato popular, fundamentado en la mayoría parlamentaria, para
consultar a la ciudadanía frente a un ordenamiento político-jurídico, en
su opinión escasamente democrático, que lo impide.
Ahora bien, esta
posición elide el hecho de que la celebración de un referéndum exige un
acuerdo con el Estado y que ello resulta imposible por la vía exprés y
unilateral emprendida por el movimiento secesionista catalán.
Tanto es
así que han desoído los consejos del escocés Alex Salmond, nada
sospechoso de unitarismo, en el sentido de que conseguir este objetivo
exige un proceso largo, sustentado en el tiempo por una amplia mayoría
en votos y escaños, circunstancia que se dio y se da en Escocia, pero no
en Catalunya.
En Canadá, las recurrentes mayorías independentistas en Quebec, que
actualmente han desaparecido, plantearon un grave problema político e
institucional que se resolvió mediante la Ley de la Claridad, que
establece las condiciones para convocar un referéndum de
autodeterminación con las imprescindibles garantías democráticas y que
tampoco concurren ahora en Catalunya.
Lamentablemente, ni las formaciones constitucionalistas, ni las
independentistas han planteado una adaptación al Estado español de una
posibilidad semejante. Para los partidos constitucionalistas
significaría abrir una especie de caja de Pandora que no parecen
dispuestos a asumir.
Tampoco los secesionistas se muestran entusiasmados
por acordar con el Estado unas reglas de juego que harían sumamente
difícil lograr la independencia, dado que se requería un quórum de
participación y una mayoría cualificada de las que actualmente no
dispone el movimiento secesionista.
En este panorama el choque de trenes parece inevitable. Cuando dos
posiciones irreconciliables se enfrentan y no se atisban mediaciones,
los conflictos se resuelven por la fuerza. Una fuerza que no implica
necesariamente la represión policial o militar, que en las condiciones
actuales se inclina a favor del gobierno central.
Esta tesitura parece abocar a que el gobierno de la Generalitat
convoque el referéndum, pero que, a la vista de las insalvables
dificultades para realizarlo, disuelva el Parlament y convoque
elecciones anticipadas. Ello esperando que la campaña victimista en
torno al “no nos han dejado votar” les procure reeditar una improbable
mayoría soberanista en la Cámara catalana. (...)" (El Viejo Topo, 9 febrero, 2017 Antonio Santamaría)
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