Desterritorializar la ciudadanía para hacerla depender de una misma ley y no de un mismo lugar de origen, basarla en derechos y deberes cara al futuro y no en la comunidad genealógica que nos ancla en el pasado

"(...) No es difícil comprender los recelos con que tanto los Gobiernos nacionales como los propios ciudadanos de cada uno de los Estados miembros acogen este proyecto posnacional. 

Ya en Dominios y potestades, el filósofo George Santayana había dicho que lo más difícil de asimilar de las grandes alianzas internacionales es que implican en parte ser gobernados por extranjeros. 

Pero, en este caso, además se exige algo aún más peliagudo: aceptar como conciudadanos a nativos de otros países. Es decir, olvidar a todos los efectos que son lo que antes llamábamos “extranjeros”.

Desterritorializar la ciudadanía, hacerla depender de una misma ley y no de un mismo lugar de origen, basarla en derechos y deberes cara al futuro y no en la comunidad genealógica que nos ancla en el pasado, va en contra de la visión elemental del asunto. La ciudadanía queda así vinculada a lo universal y no a tradiciones locales, por tanto está abierta a todos sea cual fuere su origen. 

Hasta ahora, lo que caracterizaba a españoles, franceses o alemanes eran sus “raíces”, la “cepa” (de “pura cepa”, de “souche”), metáforas agrícolas basadas en la semilla que germina allí donde fue sembrada y no en otro lugar. 

Pero los humanos, como bien dice George Steiner, no tenemos raíces sino piernas para ir de un lado a otro a donde nos convenga. El proyecto europeo, como en su día la propia democracia, nace del desarraigo: no hay europeos de pura cepa, sino de leyes compartidas.

 Por supuesto, todos los Estados modernos brotaron de un movimiento semejante, que aunaba diversas etnias, lenguas, tribus y hábitos populares en una Administración común destinada a igualar en obligaciones y derechos a los individuos, liberándolos de la estrechez colectiva de sus orígenes locales. Por tanto son el primer paso hacia el cosmopolitismo posterior, posnacional. (...)

El derecho a decidir que define a la ciudadanía democrática pertenece, según ellos, a los territorios, no a los individuos. Los ciudadanos no lo son del Estado más que parcialmente: cada cual ve restringida su soberanía por determinaciones predemocráticas e incluso prepolíticas, como son la etnia, la genealogía, la lengua o la geografía. 

Algunos territorios piden un referéndum para determinar si siguen o no en el Estado, pero en el que sólo votarían quienes ellos determinasen previamente que son “catalanes” o “vascos”: o sea que habría que aceptar de antemano lo que se pretende determinar con la consulta. 

En la España franquista, el castellano era la única lengua española en la que se podía educar a los niños o relacionarse con la Administración; hoy vivimos en el único país de la CE donde la lengua oficial común no puede ser elegida para tales usos en algunas zonas del Estado. Etcétera… (...)"              (Fernando Savater, El País, 14/03/16)