20/11/15

Las políticas de inmersión lingüísticas catalanas funcionaron como un mecanismo de segregación y exclusión electoral, para contribuir a la victoria de CiU

"(...) Albert Branchadell, un competente y respetado sociolingüista catalán, ha formulado así el proceso por el cual la política lingüística del neocatalanismo autonómico buscó la construcción de un país institucional y oficialmente monolingüe totalmente alejado de un país real perfectamente bilingüe (con el castellano como lengua ampliamente mayoritaria de identificación):

"Desde el siglo XIX y muy especialmente durante el franquismo, España siguió el modelo denominado de nation building dirigido a unificar lingüísticamente a la sociedad a base de eliminar más o menos sutilmente las lenguas diferentes del castellano. Frente a ese modelo se alzó el modelo ‘preservacionista’ de las lenguas minoritarias, primero en Cataluña y después en el resto de las hoy comunidades autónomas. 

Lo que ha sucedido después es que los preservacionistas (especialmente los catalanes) han adoptado técnicas de nation building en su propia política lingüística y el catalán sería ahora una lengua dispuesta a desplazar al castellano como lengua de comunicación interétnica. 

Aunque las lenguas periféricas son oficiales en sus respectivas comunidades, la meta del bilingüismo por el que clamaba la izquierda catalana está siendo sustituida por las tendencias monolingües y la inmersión educativa obligatoria en catalán”.

Eso se ve muy señaladamente en la evolución de la política lingüística en la enseñanza. Contra el modelo inicialmente preferido por la derecha pujolista de escuela segregada –el que terminó imponiéndose en el País Vasco—, las izquierdas catalanas (PSC y PSUC) pelearon por un modelo de escuela única de conjunción lingüística en el que el catalán estuviera convenientemente primado, a fin de rehabilitarlo –tras cuarenta años de persecución franquista— y normalizar su uso social, pero, obviamente, sin excluir al castellano como lengua de aprendizaje. Eso quedó perfectamente recogido en la primera Ley de normalización lingüística de 1983. 

Es el caso que el neocatalanismo autonómico pujolista consiguió dar la vuelta a eso, y en la segunda Ley de normalización lingüística (1998) introdujo por vez primera –con inconfundible voluntad política antibilingüe de fer país mediante la progresiva marginación del castellano— la noción de “lengua vehicular”.

 Hay que decir que esa segunda ley autonómica pujolista  fue no sólo tolerada, sino activamente defendida por el gobierno de José María Aznar, quien, necesitado de los votos de CiU en el Congreso, presionó hasta lo indecible al entonces defensor del pueblo (Álvarez de Miranda) para que no la recurriera ante el Tribunal Constitucional. 

Hemos sostenido en otras ocasiones que este tipo de políticas lingüisticas pro-monolingües, piénsese lo que quiera de ellas en general, funcionaron en la práctica como un mecanismo de segregación y exclusión electoral, contribuyendo a convertir las elecciones autonómicas en una especie de elecciones con sufragio censitario que facilitaban la victoria de CiU. 

En cierto sentido, llegaron a formar parte de una especie de pacto bipartidista más o menos tácito CiU/PSC, por el que el PSC se garantizaba –y se conformaba con— la victoria en las elecciones generales. [2] Pues bien; con la Ley de 1998, el PP de Aznar entraba por vía rodeada en ese consenso tácito.

Luego vino una tercera ley, la LEC de 2009, impulsada, no por CiU, sino por un PSC que desde 2003 (cuando Pasqual Maragall llegó a la Presidencia de la Generalitat al frente de un tripartito de izquierda) había roto el consenso bipartidista PSC/CiU ganando por vez primera unas elecciones sin necesidad de romper las reglas del “sufragio censitario” autonómico. 

Al contrario: doblando la apuesta del neocatalanismo autonómico filopujolista, es decir, entrando en el caladero electoral de las clases medias (sobre todo, urbanas) catalanófonas.[3] Esa Ley fue aprobada con los votos de PSC, CiU y ERC. Significativamente, ICV, que estaba en el Govern, votó en contra, pero por motivos político-sociales (¡la LEC del “socialista” privatizador Ernest Maragall favorecía, encima, la escuela concertada privada!), pero sin poner mayores objeciones de fondo al hecho de que en esta tercera ley, más pujolista que Pujol, desaparecían todas las salvaguardias para el castellano, entronizando al catalán como lengua vehicular única (...)"             (Antoni Domènech , G. Buster  , Sin Permiso, 29/09/2015)

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