"(...) Cuando preguntamos a un nacionalista, “¿existen los derechos
lingüísticos?” La respuesta suele ser que sí, que sus derechos
lingüísticos han estado y están siendo vulnerados. Si repreguntamos y
pedimos concreción, “¿qué son derechos lingüísticos para ti?” Una
respuesta que hemos oído o leído todos es: “Poder vivir en catalán en
Cataluña”. Obviamente, esta respuesta nos pone frente al problema
central.
En Cataluña, como en el conjunto de España, el derecho en
relación a las lenguas no es el individuo, sino el territorio. El
catalán que así responde entiende que en Cataluña, los catalanohablantes
han de poder vivir en catalán y esto, lógicamente, se hace a costa de
que alguien, la mitad de la población grosso modo, renuncie
gustoso u obligado a usar su lengua en algunos ámbitos.
No pretende
decir que él tenga derechos y otro catalán no. Lo que revela es que el
derecho no es suyo como ciudadano, sino de la lengua ligada al
territorio. Si usted quiere vivir en español, vaya a un lugar en que
español y territorio tengan forjada una alianza.
En este punto, hay que insistir en una realidad: Sí, las personas tenemos derechos lingüísticos y negarlos es negar la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos avalada por la ONU y aprobada en 1996 en... Barcelona. Algunos desconocen su existencia y otros, han querido olvidarla.
Sí, existe la “lengua materna” y negarlo va en contra de la UNESCO, su Día Internacional de la Lengua Materna y su defensa de la educación en ella.
Sí, existen comunidades lingüísticas con derechos más allá de las planificaciones que, por razones de diferente índole, se puedan llevar a término para favorecer a una lengua. (...)
El caso paradigmático es el del sistema escolar. Dice el PSC que
fueron ellos quienes en los 80 consiguieron que existiera solo una red
de centros en que convivieran todos los ciudadanos con independencia de
su lengua habitual y que esto es un éxito.
Yo y una amplia parte de los
críticos con la política lingüística catalana tenemos este hecho por un
éxito, en efecto. Que todos los estudiantes convivan y no se eduquen
unos de espaldas a los otros es un triunfo como sociedad. Sin embargo,
argumentan los socialistas que este proyecto chocaba contra un plan de
dos redes escolares: la red de centros en catalán de Pujol y la red de
centros en castellano que quería Fraga.
Hubo, por tanto, que convencer a
Pujol, pero no queda claro si Pujol cedió finalmente a la red conjunta
(conjunta en estudiantes y sus lenguas, se entiende) o, simplemente,
consintió que no existiera la de Fraga y todos fueran a la suya,
haciéndola gradualmente monolingüe, eso sí, con el argumentario, el
vestido progresista que le brindaban los socialistas.
¿Y más allá de la educación? ¿Qué sucede cuando los ciudadanos
superan la educación obligatoria habiendo recibido enseñanza
exclusivamente en catalán? ¿Es el ciudadano entonces ya maduro para
ejercer sus derechos lingüísticos ante sus instituciones? No. La
administración pública sigue sin reconocer derechos ciudadanos en
relación a la lengua. Ayuntamientos, Generalitat, museos y actos
institucionales de cualquier género obvian a la ciudadanía
castellanohablante. (...)
Huelga decir que la distinción catalanohablante/castellanohablante
tampoco es suscrita por el PSC, pues considera que todos somos
ciudadanos y hemos de buscar que todos seamos plurilingües. Pero esto no
es lo que opina la UNESCO cuando reconoce los derechos de las
comunidades lingüísticas que comparten territorio. (...)
En definitiva, la posición del socialismo en relación con las lenguas
se basa en la negación de los conceptos básicos reconocidos
internacionalmente empezando por la mencionada Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos,
seguida de los conceptos “lengua materna” “comunidad lingüística”,
“bilingüismo”... La negación de tal vocabulario implicaría renunciar al
monolingüismo institucional que, pese a no ser oficial en el partido, la
práctica evidencia.
En conclusión, en Cataluña y las demás comunidades bilingües
necesitamos un cambio profundo de perspectiva a la hora de abordar
nuestra diversidad lingüística y este cambio debe basarse en incorporar a
nuestro léxico la expresión “derechos lingüísticos”. Como hace la
UNESCO, debemos encontrar el equilibrio entre:
a) Proteccionismo de las lenguas con menos hablantes y/o en peligro
(entre las que, por cierto, y según se puede comprobar vía internet en
el Atlas UNESCO de las lenguas del mundo en peligro, no se
encuentra el catalán y el gallego, mientras que el euskera es vulnerable
si bien no está en peligro).
b) Los derechos lingüísticos de personas, comunidades y grupos como
establece la DUDL. Una planificación lingüística con finalidad de
proteccionismo lingüístico no puede obviar nunca los derechos
lingüsticos de los hablantes y comunidades lingüísticas que conviven en
un territorio.
a) y b) son recíprocamente líneas rojas para mantener el equilibrio
y, a su vez, el buen ejercicio tanto de a) como de b) deberían suponer
el respeto al otro elemento de la ecuación. (...)
Si no abordamos la cuestión desde esta doble y equilibrada
perspectiva, los problemas de convivencia en torno a las lenguas no
pueden más que crecer y la negación del concepto “derechos lingüísticos”
es, ante esta perspectiva, inaceptable.
Negarlos es negar, a su vez, el
concepto mismo de “discriminación lingüística” porque ¿acaso puede
haber discriminación si no hay un derecho vulnerado? La DUDL reconoce la
perspectiva individual y social de las lenguas y, en consecuencia, de
los derechos. No reconocer la vertiente colectiva del derecho
lingüístico es condenar a la desaparición a muchas lenguas por la
imposibilidad de uso efectivo de las mismas por sus hablantes.
No
reconocer la vertiente individual supone, por ejemplo, ignorar que un
hablante de una lengua de amplia difusión no pueda sufrir discriminación
o que una minoría identitaria pueda ejercer discriminación lingüística
sobre los hablantes de una lengua de amplia difusión para homogeneizar
su sociedad.
Decíamos al comienzo de estas líneas que el concepto “derechos
lingüísticos” (y todos los que de él emanan) ha sido desconocido,
ignorado o mal entendido por la práctica totalidad de quienes se ocupan
desde las instituciones de gestionar nuestra diversidad lingüística.
En
consecuencia, los ciudadanos no han desarrollado un pensamiento crítico
para exigir sus derechos o respetar y valorar los derechos de sus
conciudadanos. Partimos de un nivel muy bajo en la divulgación popular
de este concepto central, por lo que todo está por hacer todavía. (...)" (Javier Pérez López, Crónica Global, 12 de junio de 2015)
No hay comentarios:
Publicar un comentario