"El llamado derecho a decidir para plantear la secesión de una parte
del territorio español no es un derecho; puede ser un anhelo, una
aspiración o una reivindicación política, pero no un derecho. La
diferencia es sustancial.
Si fuera un derecho no reconocido, estaríamos
ante un déficit democrático. Si es una reivindicación política, nos
situamos ante una opción posible en el marco del pluralismo político, a
la que cabe, como opción que es, oponer la contraria.
Es preciso aclarar que el llamado derecho a decidir es un sucedáneo
inventado por los nacionalistas para edulcorar la autodeterminación, y
entiendo que no es un derecho por varias razones: no forma parte de los
derechos considerados naturales y no le son de aplicación los tres
supuestos universales reconocidos por la ONU, situación colonial,
ocupación militar y apartheid; tampoco es recogido por la Constitución
de 1978, aunque sí fue debatido y ampliamente rechazado por el Congreso.
Conclusión: no estamos ante un derecho que ampare la posibilidad de la
secesión, sino ante una reivindicación política. (...)
Si ha sido posible en Canadá y puede serlo en Escocia, ¿por qué no en
España? Este argumento oculta la realidad de esos países. La
Constitución de Canadá es una suma en el tiempo de actas y convenciones
en la que no se reconoce expresamente el derecho de autodeterminación,
pero no hay ningún precepto que lo impida.
Por tanto, estamos ante una
reivindicación política a la que el Gobierno federal de Canadá le dio
una salida autorizando la convocatoria de referendos no vinculantes en
1980 y en 1995 en los que el no a la independencia fue superior al sí.
Ello dio lugar a la tan citada sentencia del Supremo de 29 de agosto de
1988 y a la Ley de Claridad de 1999. Desde 1995 nadie ha intentado
convocar un referéndum secesionista en Quebec.
Reino Unido no tiene Constitución escrita. Curiosamente, en contra de
lo que se cree, Jacobo I, rey de Escocia, se convirtió por herencia
también en rey de Inglaterra. Después se firmó un Acta de Unión entre
ambos países dando lugar al nacimiento del Reino Unido de Gran Bretaña.
Es decir, lo que se está poniendo en cuestión es un Acta de Unión y los
acuerdos posteriores derivados de la misma que dos reinos firmaron en
pie de igualdad y que de mutuo acuerdo deciden revisarla. Resulta obvio
que la situación poco tiene que ver con la española.
En consecuencia, no existe un derecho a decidir, ni los casos que se
citan son de aplicación a nuestras circunstancias; estamos ante una
reivindicación política que como tal debe ser tratada.
Paso de las confusiones a las ingenuidades. Pensar que una nación
como España está dispuesta a automutilarse diciendo adiós con santa
resignación a una parte entrañable de su territorio, de su historia, de
su economía, de su cultura, es una ingenuidad política extrema. Plantear
que esto se pueda pactar y sea una posibilidad pacífica es una
ingenuidad mayor. Es difícil negarle a España el derecho a defender su
integridad territorial.
La siguiente ingenuidad es pensar que el planteamiento
independentista no va a generar una división profunda en la sociedad
catalana. Se romperá la convivencia interna que los catalanes han
construido. Cataluña se dividirá en secesionistas y unionistas y la
minoría se instalará en una insatisfacción organizada.
En el mundo en
que vivimos es una frivolidad llevar a un pueblo a la tesitura de
decidir su futuro en un día.
Ahora bien, el problema político está planteado. ¿Qué se puede hacer?
Creo que hay dos alternativas: la confrontación pura y dura o el
diálogo." (JOSÉ MARÍA BENEGAS, diputado por Vizcaya (PSOE), EL PAIS 21/02/13, en Fundación para la Libertad)
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