“La desaparición del conflicto social del debate público ha convertido el conflicto territorial en el gran eje, y en ocasiones el único, de la política española. Pero la falta de referentes sociales está superando todas las previsiones. Y es el momento de recordar que en fiscalidad y financiación tenemos no uno, sino tres problemas interrelacionados.
1) Un sector público con unos ingresos fiscales en relación al PIB de los más bajos de la zona euro.
2) Una financiación autonómica construida a golpe de tacticismo y resistente a asumir la autonomía y la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, que son portadoras de intereses colectivos (balanzas fiscales).
3) Y una financiación de las administraciones locales que depende en buena parte del uso intensivo y abusivo del territorio. (…)
Y hay que destacar que las consecuencias de este perverso modelo no afectan por igual a todos los ciudadanos de las comunidades autónomas castigadas por la ineficiente e injusta distribución de recursos. Los más afectados son las personas con rentas bajas, que como consecuencia de un sistema fiscal poco progresivo, que grava más los salarios y el consumo que el capital, se ven obligadas a hacer un mayor esfuerzo fiscal relativo. (…)
Es hora de dejar claro que el actual modelo de financiación no sólo provoca un conflicto territorial, sino que genera fuertes desigualdades sociales. Y como no es creíble que, para resolver una injusticia, deban mermarse los recursos a otras comunidades autónomas o reducirse la capacidad de
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