“Pero al largo agravio le faltaba la muesca fundamental del Colegio de Periodistas de Cataluña. Probablemente sea difícil encontrar una institución catalana más reaccionaria e inútil, donde la alianza de lo política y nacionalmente correcto con la cobardía cívica haya dado un resultado más impresionante. Un Colegio siempre servil con los poderes políticos y económicos cercanos, y enfático y autocomplaciente con los atentados al buen sentido periodístico que se producen lejos. (…)
Enterado de que una asociación había recibido una multa por diseminar ilegalmente en la Comunidad (otrora Països) Valenciana la señal telepredicadora de TV3, ha corrido raudamente en su ayuda para contribuir a pagarla. Lo más interesante, sin embargo, es el procedimiento. El decano Rius ha firmado una carta donde se anuncia la necesidad de que todos los colegiados contribuyan con 10 euros al pago de la sanción. No es un ruego. Es un anuncio, dado el estado de necesidad patriótica. La cantidad se cobrará en cuenta, excepto al que proteste. El que proteste habrá de identificarse en fondo y forma, y sólo entonces se le devolverá la derrama que, en este caso y contrariando su naturaleza vespasiana, olerá y olerá muy mal, cual denario vomitado. El sentido profundo de la iniciativa ha querido ser rápidamente amartillado por un mosquetero patriótico, que después de alabar la iniciativa y su procedimiento ha escrito que la lista pederasta debe hacerse pública para que la comunidad sepa quién (y sobre todo qué) es su vecino.” (Diarios de Arcadi España, 18-01-08)
“He recibido una carta del Institut d’Estudis Catalans que me ha dejado perplejo. Se me comunica en ella que el Consell Permanent de l’Institut d’Estudis Catalans quiere apoyar la campaña que han puesto en marcha Jordi Pujol, Pasqual Maragall y los abades de Montserrat y Poblet “a consecuencia de que la entidad ciudadana Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha sido multada por el actual gobierno valenciano con 300.000 euros por haberse opuesto al cierre de repetidores de TV3”. Como el Institut considera que se encuentra ante un atentado contra “la libertad de expresión, la pluralidad informativa y la normalización de la lengua catalana”, ha decidido tomar partido cobrándole a cada socio 10 euros para contribuir al pago de la multa a ACPV.
Pero atención a esta joya de la misiva: “Para garantizar la confidencialidad de vuestros datos, este importe os será cobrado en un próximo recibo (…) excepto que exprese su deseo contrario antes del 11 de febrero”. Si quiero expresar el deseo contrario he de dar mis datos personales para que, obviamente, sepan quien no quiere solidarizarse con una causa tan noble y patriótica. Es la manera que tienen los señores del IEC de garantizar mi confidencialidad.
Frente a esta actitud del Institut d'Estudis Catalans me parece del todo irrelevante cuál sea mi posición respecto al cierre de los repetidores de TV3 y la multa a ACPV.
Yo creía que estas cosas no pasaban en Cataluña.” (El café de Ocata, 23-01-08. citado por Criterio.es, 25-01-08)
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