"Me alegro mucho por los presos. Pero que puedan salir de la cárcel apenas cuatro meses después de la sentencia parece un cachondeo.
Todavía recuerdo TV3 repitiendo machaconamente en sus informativos de que habían sido condenados a “más de 100 años de cárcel”. Bueno, sí. Pero habia doce encausados. Y felizmente tres no pasaron ni por prisión. Además, a los dos años de condena han empezado a salir con beneficios penitencarios. La sentencia fue en octubre y en febrero comenzaron a pisar la calle.
Insisto: me alegro por ellos. No deberían haber entrado nunca en prisión.
Aunque es evidente que, con el Código Penal en la mano, lo que hicieron es algún tipo de delito. Rompieron el Estado, proclamaron la República, abolieron la
monarquía, se pasaron por el forro la Clonstitución y derogaron el
Estatut. Me ahorro lo de posar con las notificaciones del TC como si fueran trofeos de caza o boletos de lotería. Y lo de desoir el Consejo de Garantías Estatutarias o los letrados
del propio Parlament porque no es delito. Es irresponsabilidad.
Por eso, también deberían haber puesto algo de su parte. Estiraron demasiado de la cuerda. Acabo rompiéndose. Todavía me alegraría más de que expresaran algún tipo de remordimiento.
No, tampoco es el caso. Al contrario, han pregonado por activa y por pasiva que “lo volveremos a hacer”. No veo propósito de enmienda ni de autocriitca
Ya lo dijo Romeva en su comparecencia en el Parlament: “soy el rey de la autocrítica”. Pero yo no le oí ninguna.
Además han sido recibidos como héroes. En el propio Parlament. En TV3 En la Universidad de Vic.
No deja de ser curioso que presos con antecedentes penales los fichen de abogados o de profesores universitarios.
Es una manera también de esquivar la condena por inhabilitación. Al
fin y al cabo la Universidad de Vic es una fundación privada. (...)
En el fondo, la concesión de este tercer grado es una degradación más
de las instituciones catalanas: parece que favorezcan a los suyos. Junto a la Generalitat, el Parlament, TV3, los Mossos d'Esquadra, el Síndic de Greuges o el CAC, entre otras.
La consejera de Justicia, Ester Capella, ha descargado toda la responsabilidad en “los funcionarios penitenciarios catalanes”. Como si ella, que es de ERC, no tuviera nada que ver con que el hecho
de que el presidente de su partido pueda salir de permiso tres días a
la semana.
A mi me recordó el caso de aquella presunta agresión a una niña en una escuela de Terrassa por una profesora de la ANC. Educación dio carpetazo al asunto en un día. Parece que hasta el inspector era de Esquerra.
Los más de 7.000 internos en las cárceles catalanas con sentencia
firme que no pueden acogerse al famoso artículo 100.2 deben pensar que
la justicia no es igual para todos.
Y con razón." (Xavier Rius, director de e-notícies, 04/03/20)
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