"El exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo (Málaga, 1935) (...) Acaba de publicar Catalunya, mitos y resistencia (El Viejo Topo),
libro en el que se recoge su posición crítica con el proceso
soberanista, que vincula con el autoritarismo, y su decepción con los
partidos de izquierda que lo han apoyado.
En conversación con eldiario.es, Jiménez
Villarejo defiende la calificación de rebelión sobre el proceso
soberanista y la prisión provisional de sus líderes. En este sentido,
tilda de "error manifiesto" que Pablo Iglesias hable de "presos
políticos". (...)
En el
libro se refiere a la hoja de ruta que culminó en el 1-O como una
"deriva autoritaria derechista y xenófoba del proceso independentista".
¿Dicha deriva cree que se mantiene en el Govern de Torra o tras el 155
ha terminado?
El planteamiento de la secesión de
Catalunya de España, y por tanto de la ruptura con el marco
constitucional, continúa, y yo diría que incluso más que antes. Las
consecuencias del artículo 155 han sido escasas. (...)
¿En qué se expresa este autoritarismo?
El autoritarismo consiste en la exclusión
de la mayoría social que representan los partidos constitucionalistas y
en el ejercicio vacío de la autoridad por parte del Govern por el
simple hecho de ser autoridad y punto. El Govern no satisface las
necesidades de la ciudadanía. Están ahí porque son los que son y piensan
como piensan pero nada más (...)
Otra de sus principales tesis es que la antigua Convergència ha utilizado el 'procés' para tapar los escándalos de corrupción.
Lo han reconocido ellos mismos. En la ley
de transitoriedad jurídica hay un precepto que dice que se anularán los
procedimientos judiciales a los investigados por conductas que busquen
un pronunciamiento democrático sobre la independencia.
En la Audiencia
Nacional hay múltiples imputados por las comisiones del 3%, ellos sabrán
por qué quieren separarse de España. La sentencia del Palau de la
Música de la que aquí todo el mundo parece quererse olvidar fue un duro
golpe a Convergència. (...)
¿No todo empezó con la sentencia del Estatut?
El Tribunal Constitucional se equivocó
porque el Estatut se podría haber mantenido en su integridad. Pero lo
que no puede decirse es que a partir de esa sentencia de 2010 Catalunya
haya dejado de tener un reconocimiento por parte del Estado. ¿Quién
empezó a tratar a Catalunya como un cortijo, el Estado en 2010 o Jordi
Pujol?
Yo diría que en 1996, con el pacto del Majestic, Jordi Pujol se
convierte en el cómplice perfecto de Aznar y del PP, el partido más
antinacionalista catalán que existe. Jordi Pujol ha menospreciado mucho
más a Catalunya que la sentencia del Estatut, que fue un error. Jordi
Pujol cometió un delito fiscal durante 34 años.
¿Qué daña más a Catalunya, un president
delincuente o problemas políticos sobre el impulso de las competencias
autonómicas? Los gobiernos centrales de PP y PSOE se han equivocado,
pero cuando me hablan de la supuesta opresión del pueblo de Catalunya
por parte del Estado yo pienso que su expresident ha sido tratado con
mucha consideración.
Todo el mundo calló. Los que piden la libertad de
los presos nunca han pedido que entre en prisión un señor que defraudó
al fisco durante 34 años abusando de su poder como presidente de la
Generalitat.
¿Que
alrededor de dos millones de personas estuvieran dispuestas a participar
en un acto suspendido por los tribunales y contrario a la Constitución
como el 1-O no denota que existe un problema político grave?
El 1 de octubre y el 20 de septiembre la
movilización ciudadana constituye un instrumento para la manipulación de
la realidad histórica de Catalunya. Cualquiera que fueran las
proporciones en que la población se manifestara o acudiera a las urnas
falsarias construidas para el pseudoreferéndum del 1-O, detrás de todo
esto hay, como corresponde al planteamiento independentista, un engaño
importante a la población.
Una estafa al pueblo de Catalunya, como los
18 meses hacia la independencia. Los dirigentes prometen que se
declarará la independencia y luego no ocurre nada, pero sus seguidores
no se levantan contra ellos pese a que sistemáticamente les están
engañando y prometiendo un futuro que no sólo no llega sino que cada vez
está más lejos.
¿El plan independentista fracasó por sus propios errores o por la respuesta del Estado?
El plan independentista ha tenido muchos
puntos débiles, pero justifica una respuesta enérgica del Estado. Las
leyes del 6 y 7 de septiembre son claramente autoritarias. El Govern ha
estado sistemáticamente engañando a su pueblo y lo ha hecho desde una
posición de abuso de poder.
Los líderes independentistas no han hecho
más que tomar decisiones que les desacreditan como políticos, por
ejemplo la insistencia en investir a Puigdemont. Al margen de su propia
ilegalidad y su incapacidad para generar un gobierno, la investidura
telemática suponía recurrir al simbolismo político y gobernar a base de
quimeras y símbolos, la antítesis de una política democrática.
¿Los presos deben seguir en prisión o tienen derecho a salir antes del juicio?
Creo que la prisión provisional está
justificada. Hay un dato objetivo para valorar si procede la libertad
provisional y máxime ahora cuando está a punto de iniciarse el juicio
oral: los imputados que huyeron de la Justicia y que no han vuelto. De
acuerdo con los delitos por los que están acusados, en especial el de
rebelión, hay razones formales y serias para mantener la prisión
provisional.
En el mundo jurídico hay un debate sobre si existe o no el delito de rebelión en el 'procés'.
A día de hoy ya no cabe esperar que el
delito de rebelión implique una violencia armada. Hay un auto del
Tribunal Supremo denegando una libertad provisional en el que dice que
cabe la rebelión sin armas. La violencia que se exige el Código Penal en
el delito de rebelión es una violencia que tiene a día de hoy muchas
dimensiones, no tiene por qué ser necesariamente física sino que puede
ser de otros caracteres y formas.
Por ejemplo, las coacciones son parte
de la violencia. La resolución 2625 de la ONU dice que hay que
abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la
integridad territorial de los estados. Esta resolución es de los años
setenta pero está plenamente vigente y equipara violencia y amenaza.
¿Qué actos de violencia o amenaza de usarla ha habido?
El concepto de violencia hoy es más
amplio, no estamos ante un golpe como el 1936 o 1981. Pero sí existe una
capacidad de enfrentamiento directo con las autoridades del Estado
cuando desde un poder necesario como una comunidad autónoma se
estructura una cierta forma de estado al margen de las normas
democráticas y contra el Estado al que se pertenece.
En el documento
'Enfocats' se dice que cuando haya una clara determinación ciudadana a
apoyar la independencia y complicidad internacional hay que empezar a
aumentar paulatinamente el nivel de conflictividad ante la respuesta del
Estado. La resolución 1/XI del 9 de noviembre de 2015 del Parlament
reitera que el proceso de autodeterminación no se supedita a las
instituciones del Estado español, aceptando los previsibles episodios de
violencia.
Por lo tanto no podemos sorprendernos de que se hayan
utilizado los términos del delito de rebelión porque se dan las
circunstancias que lo justifican, sin perjuicio de que luego tras el
juicio se puedan llegar a conclusiones diversas según sobre su grado de
ejecución o participación.
¿No
hay una diferencia entre prever algo en una resolución parlamentaria y
el alzamiento violento y público que requiere el delito de rebelión?
¿Cuando se ha producido este alzamiento en el 'procés'?
El 1 de octubre se produjo un alzamiento
violento y público. Yo estoy de acuerdo en que se pueda considerar un
delito de rebelión. Según la acusación de la Fiscalía, el 1-O varios
ciudadanos fueron atendidos por episodios de ansiedad, pero personas
gravemente lesionadas hubo dos, una por impacto de una pelota de goma en
el ojo.
Y ese día también hubo 93 agentes de la autoridad lesionados
por lanzamiento de vallas y piedras y otras formas de violencia. Más
allá de estos datos, que el tribunal ya valorará, todo el proceso
independentista ha sido una permanente amenaza al Estado español en los
términos que dice la resolución de la ONU de la que hablamos antes.
Si
uno sigue el recorrido histórico de todo esto no es tan errónea la
calificación de rebelión, aparte de otras formas delictivas que también
se cometieron como la sedición, malversación, desobediencia o
prevaricación.
La
causa del Supremo, además de otras investigaciones en juzgados
catalanes, ha hecho que muchos ciudadanos estén enfadados con la
Justicia.
Comprendo que los independentistas
reaccionen de forma airada a las decisiones de los tribunales, pero
llegar a decir, como se ha dicho, que igual que Tejero entró en el
Congreso, Llarena ha entrado en el Parlament me parece una falta de
respeto inaceptable.
Decir, como dijo Artur Mas, que el juicio del 9-N
fue una anomalía democrática cuando ha sido una de las sentencias más
increíblemente rigurosas y fundadas que se han dictado en este país es
gravísimo. Decir, como dijo Raül Romeva, que la Justicia actual se
parece a la Justicia franquista aparte de una ignorancia supina revela
una falta de respeto absoluta a las instituciones democráticas y
judiciales. (...)"
(Entrevista a Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción, Oriol Solé Altimira, eldiario.es, 01/12/18)
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