"(...) Ahora comenzamos a intuir lo cerca que la ciudadanía estuvo, y está,
del enfrentamiento social. Las conversaciones intervenidas a los Mossos,
en las que se referían a la necesidad de detener como fuera a la
Guardia Civil, incluso usando las armas, o aquellas otras que hablaban
de revitalizar “Terra Lliure”, muestran que el peligro del
desbordamiento de la situación era y es muy real. La ciudadanía catalana
está dividida casi por la mitad.
El Independentismo consiguió una flaca
mayoría parlamentaria, pero no la mayoría social a la que aspiraba. Los
casos de corrupción de la casta dirigente precipitaron un proyecto que
se venía gestando desde hacía décadas básicamente por la propia inacción
del Estado.
En la práctica, la falta de un proyecto viable y la carencia de una
épica política en la casta dirigente es la responsable de la fractura
interna del independentismo. Se evidenció en las votaciones del 22 de
marzo (el discurso del presidenciable más parecía un epitafio que un
discurso de investidura).
La candidatura de Jordi Turull era de entrada
una investidura fallida, gracias a la abstención de la CUP. La fractura
del bloque independentista se evidenció. La situación de parálisis es
total. Al independentismo sólo parece quedarle la opción de la huida
hacia adelante, pero sólo simbólica.
El propio presidente del Parlament
(auténtico hooligan del independentismo) se guarda muy mucho de cometer
el más pequeño desliz que lo ponga frente a los tribunales. En esta
España, según ellos, tan profundamente franquista las garantías
procesales y el derecho a la libertad de expresión les permiten hablar,
manifestarse u organizarse sin que pase nada.
Como ya hemos dicho, detrás de este enfrentamiento farisaico entre
supuestas legitimidades, española y catalana, se ocultan otras razones,
otros objetivos. Es un diseño que se asienta en el reparto del poder
entre una casta dirigente (española, catalana o vasca tanto da) cuyo
objetivo es común: mantener el “estatus quo” y las formas de apropiación
y dominación.
Un modelo que funcionó durante cuatro décadas pero que
se frustró con la crisis de 2008. La corrupción y la podredumbre de un
sistema político basado en el saqueo de lo público quedó al descubierto
y, con ese descubrimiento, la ciudadanía ponía nombre y apellidos a los
responsables.
El año 2011 representa un salto cualitativo, el 15M hizo temblar
estructuras. El 15 de junio de ese año, Artur Mas y su gobierno hubieron
de acceder al Parlamento en helicóptero. El movimiento de los
indignados no tenía la potencia económica que tienen ahora la Asociació
Nacional Catalana u Omnium Cultural.
Las organizaciones de los
indignados no eran organizaciones subvencionadas por la Generalitat;
eran estructuras sociales con una fuerte conciencia reivindicativa,
capaces de señalar a los responsables y mostrar las contradicciones de
un sistema que se tambaleaba.
La ausencia de una izquierda capaz de ver
sus potencialidades como elemento de transformación, permitió
redirigirlo. Fue preciso cambiar el foco. Era obligado gobernar la ira;
así aparecieron nuevas fuerzas políticas a derecha e izquierda, que,
aunque presumían de ser un cambio, han demostrado no ser más que un
vulgar recambio.
Se hizo necesario diseñar una enorme jugada de ingeniera social.
Según los datos confiscados a los Mossos d´ Escuadra (y que se querían
destruir en la incineradora del Besós en octubre de 2017), el 25 de
noviembre de 2011, se organizó una reunión entre los máximos
representantes de CDC, encabezados por Artur Mas, y miembros de Unió
Democrática donde se planteó la necesidad de desviar la presión social
hacia otros objetivos.
A finales de diciembre de ese mismo año se
convoca otro encuentro, al que asistieron, además de dirigentes de CDC,
tres hijos del expresidente Pujol (Jordi, Oriol y Josep). De la nota
interceptada por la Guardia Civil a los Mossos d´escuadra se desprende
que son informados “un grupo de personas afines a los círculos
empresariales, económicos y de la comunicación”.
Según consta en el
documento intervenido, CDC pretendía ocultar todo el entramado de cobros
de comisiones (los denominados caso 3% y caso ITV). Este proceso,
iniciado por CDC, tenía como prioridad tejer alianzas con la patronal
Femcat, con destacados miembros de la Judicatura y de la Fiscalía”.
Así
mismo participaban la “Iglesia y partidos políticos como el PNV”. El
papel de los sacerdotes “trabucaires” y la jerarquía católica merecen un
análisis aparte.
En ese momento ya había aflorado la corrupción de CDC en el “caso
Palau”. Durante el mandato de Pujol (1999-2003), CiU había obtenido no
menos de 6.6 millones en concepto de comisiones ilegales.
Para Juan
Martín Seco la corrupción tiene en Cataluña características propias
puesto que es sistémica. Hay un proceso simbólico. El nacionalismo ha
servido de tapadera a la corrupción y ésta ha servido para “hacer país”.
La crisis evidenció el desfalco que se ha producido en lo público.
El
gobierno de Artur Mas, que había firmado con el PP el pacto de
estabilidad, se mostró como un alumno aventajado y suscribió los mayores
recortes sociales de la historia reciente de Catalunya. La situación
social se tensa. El gobierno convergente se tambalea, Artur Mas se saca
un as de la manga y propone un Referéndum de autodeterminación para el
2012. El procés inicia finalmente su andadura. Tiene bases fuertes: una
importante financiación, la mayor parte proveniente de las arcas
públicas.
Tiene estructuras policiales y parapoliciales que le permiten
acciones de inteligencia y contrainteligencia. Se efectúan seguimientos a
dirigentes de la oposición, al propio ministro del interior y al
delegado del gobierno en Barcelona. Se cuenta con el apoyo de sectores
de la patronal, que aseguran una financiación paralela.
Los medios de
comunicación son puestos al servicio de la causa, sin rubor, sin
disimulo, la televisión catalana, abandonada todo veleidad de
neutralidad, actúa como un ariete mediático, las cifras que llegan a
cobrar los voceros de la prensa asombran.
El procés está permitiendo la aparición de una nueva clase política.
Asistimos a un relevo en las fuerzas que han de gestionar el modelo
neoliberal en nuestro país. Ciudadanos se dibuja como la fuerza política
destinada a mantener la hegemonía de la derecha.
La falta de definición
de la izquierda, en especial de Podemos (ahora sus dirigentes dicen
transitar hacia el peronismo), sus vaivenes continuos, su
posicionamiento en Catalunya a favor de la independencia; en definitiva,
su falta de claridad y visibilidad política han desorientado
completamente a su electorado, ayudando indirectamente al crecimiento de
Cs no sólo en Catalunya sino también en el resto del estado.
Los
sectores populares no se reconocen en una fuerza política que apoya al
independentismo, que ahonda la ruptura social y el discurso supremacista
que le acompaña. Podemos, cuyos dirigentes se muestran tan rigurosos
con el PP en materia de corrupción, no han tenido ningún escrúpulo en
situarse al lado de Convergencia y prestar su colaboración al
secesionismo cuando lo ha necesitado.
La postura de Podemos es en
realidad una impostura. Pero todo esto no es sólo responsabilidad de una
única fuerza política. Los vaivenes del PSC con sectores perfectamente
intercambiables con CiU, ha tenido una enorme responsabilidad en este
proceso. Pascual Maragall dibujó un proyecto muy similar al soñado por
la derecha nacionalista, ERC o ICV siguieron la estela marcada.
Los
“tripartitos de izquierdas” no representan, en el aspecto nacional, más
que la continuidad del proyecto diseñado en su momento por Jordi Pujol y
lo que él representa. Su silencio frente a los casos de corrupción de
los que se tenía constancia (¿Acaso el tripartito no sabía del saqueo
del Palau? ¿Acaso ignoraba los negocios de la presidenta Marta Ferrusola
y sus hijos?) es clamoroso.
La rectificación de Maragall frente a
Artur Mas sobre la denuncia del primero por el 3% ejemplariza como la
política social se ha supeditado en los últimos años al valor simbólico
de lo nacional.
La situación se cosifica. El escenario no se mueve. El PP quiere
asegurar una baza electoral mostrando a Puigdemont descendiendo en
Barajas como detenido. Los ministros de Rajoy se hacen presentes en las
procesiones “más insignes” de Semana Santa. Se pretende con este giro
frenar la hemorragia de votos hacia Ciudadanos y fidelizar a su voto más
conservador.
El enfrentamiento con el Independentismo catalán le es
útil en esta coyuntura al igual que a la derecha catalana, que ha podido
doblegar el movimiento popular y ocultar su responsabilidad en el
saqueo de Cataluña. Todos salen beneficiados. ¿Hasta cuándo?" (Eduardo Luque Guerrero, Crónica Popular, 06/04/18)
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