"(...) el debate derivó en Cataluña hacia la cuestión del derecho de los padres a elegir el modelo de enseñanza de sus hijos.
Como ya ocurría en el País Vasco, cuya ley del Euskera contempla la
existencia de tres modelos lingüísticos entre los que los padres pueden
elegir: el modelo A, con el castellano como lengua vehicular con una
asignatura de euskera, elegido por el 10% de las familias. El modelo B:
con unas asignaturas en castellano y otras en euskera, preferido por el
23%. Y el D, con el euskera como lengua vehicular y el castellano como
asignatura, elegido por el 66%.
Esta opción tan mayoritaria por una vía similar a la inmersión
catalana sorprendió en su momento a los expertos, que esperaban que lo
fuera la fórmula del bilingüismo, de acuerdo con la composición
lingüística vasca, con un 36% de vascoparlantes.
Sin embargo, había
razones para ello: como explicó en su momento el antropólogo Mikel
Azurmendi, la revisión etnicista en los años 70 del viejo racismo
aranista se basa en el principio de que si bien “solo la lengua hace
vasco al vasco, también convierte en vasco al forastero”. Su aprendizaje
actúa como fielato de ingreso en la comunidad nacionalista.
Pero cambiar la lengua de tal vez un millón de personas es un
programa de alto coste para los ciudadanos Ha habido otros intentos,
como el fracasado de Irlanda o el que fue posible en Israel, en una
sociedad militarizada.
En Euskadi hay fuertes incentivos para aprender
euskera: el principal, que es la llave para acceder a empleos públicos
en una sociedad en la que el paro sigue siendo la primera preocupación
de sus ciudadanos. El debate social sobre esta cuestión concreta, que
tiene más que ver con la igualdad de oportunidades que con cuestiones de
identidad, es ya la principal divergencia sobre la lengua entre los
partidos vascos.
El objetivo de una sociedad en la que toda la población
domine las dos lenguas pasa por políticas específicas en el ámbito de
la enseñanza. El aprendizaje desde la primera infancia es la vía más
rápida y menos costosa en términos de convivencia. Ha permitido por
ejemplo que el 60% de los jóvenes de entre 16 y 25 años sean plenamente
bilingües y que resulte verosímil que en un plazo de 10 ó 20 años lo
serán casi el cien por cien.
Pero el reforzamiento de esa vía mediante políticas de discriminación
positiva, como la exigencia de un perfil lingüístico dado para acceder a
ofertas públicas de empleo (OPE), es problemático. No es lo mismo
aprender una lengua desde la infancia que en edad adulta.
Y una cosa es
garantizar que la Administración atienda en euskera a todo aquel que lo
solicite y otra obligar a que todos los funcionarios tengan que dominar
esa lengua. Todo posible pacto sobre la lengua debería partir de una
revisión de los criterios que cuestionen la igualdad de oportunidades y
por un consenso sobre el derecho de los padres a elegir modelo." (Patxo Unzueta, El País, 22/02/18)
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