"Puigdemont es el presidente perfecto para lo que tenemos que hacer ahora”. La frase, pronunciada hace varios días en petit comité
por un veterano diputado del PDECat en el Congreso, supone un elogio
envenenado hacia el actual presidente de la Generalitat.
Independentista
convencido, sin intenciones de ser candidato a las próximas elecciones
catalanas y sin nada que perder, el exalcalde de Girona es la persona
adecuada para dirigir el procés hasta la
derrota final. Dicho de otra manera, Puigdemont está llamado a ser el
nuevo mártir de la causa convergente, tras el desplome de los tres
pilares que debían sostener el proyecto separatista. A saber: apoyo internacional, ampliación de la base social y seguridad jurídica.
Estos fueron los requisitos que Artur Mas se impuso
en 2012 para lograr el Estado propio cuando todavía era presidente de la
Generalitat. “No será fácil”, advirtió el neoindependentista. Palabras
premonitorias que ya auguraban un posible fracaso.
Pero la ajustada
victoria en las elecciones de 2015, que puso a CDC en manos de ERC y la
CUP –con el consiguiente sacrificio de Mas--, complicaron las cosas
hasta el punto de que Puigdemont parece estar dispuesto a pilotar el
hundimiento del procés hasta sus últimas consecuencias, sin admitir que carece de esos tres pilares mencionados por su antecesor (...)
“Es un asunto interno de España”, se repite desde las instituciones
europeas, tras recordar que el derecho a la autodeterminación es cosa de
países colonizados. (...)
A regañadientes, las fuerzas secesionistas admitieron
su derrota en el plebiscito planteado en las elecciones de 2015. Es
decir, que a pesar de la victoria parlamentaria, no había todavía
suficiente base social que avalara un Estado propio. Ni la
hiperactividad de los brazos sociales del separatismo –ANC, Òmnium,
Asociación de Municipios por la Independencia-- ni el Pacto Nacional por
el Referéndum han logrado hasta ahora ganar adeptos.
Los coqueteos de la órbita podemita
liderada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con el derecho a
decidir hicieron concebir falsas esperanzas a PDECat, ERC y CUP, pero
como dijo en sede parlamentaria la antisistema Anna Gabriel, “una cosa
es el mundo de las ideas y otra, el de los hechos”.
La decisión de CSQP
de votar junto a PSC, PPC y Ciudadanos en contra de la tramitación de la
independencia exprés ha desmontado la teoría de que hay un 80% de
catalanes a favor de un referéndum de independencia. A esta situación
política se añaden las sucesivas encuestas realizadas por la propia
Generalitat, en las que el rechazo a la secesión no para de crecer.
Hoy por hoy, el procés
carece de esa transversalidad que Artur Mas apuntaba como necesaria. Lo
corrobora un estudio de Sociedad Civil Catalana, basado en los datos de
esos sondeos del Gobierno catalán, según el cual, la operación Rufián ha fracasado,
pues el proyecto separatista no ha cuajado entre los
castellanohablantes, aunque sí ha servido para radicalizar a quienes
tienen el catalán como lengua propia. El procés, dicen los autores del estudio, es tóxico porque ha fracturado a la sociedad catalana. (...)
Las causas judiciales abiertas por el Tribunal
Constitucional, las condenas de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau
por la consulta del 9N, o la investigación penal contra la presidenta
del Parlamento catalán, Carme Forcadell,
han sido utilizadas por los secesionistas para azuzar el fantasma del
victimismo y de la persecución de las instituciones del Estado.
Sin
embargo, a esas advertencias sobre la ilegalidad del procés
se han sumado los propios letrados de la Cámara catalana y, muy
especialmente, el Consell de Garanties Estatutàries, el órgano encargado
de velar por el ajuste de las leyes catalanas a la Constitución y el
Estatuto, y que decretó la invalidez de las partidas presupuestarias
destinadas a costear el referéndum.
Asimismo, el secretismo y la celeridad con los que se está tramitando la ley más importante del procés,
la de transitoriedad –conocida como ley de desconexión--, da fe de los
débiles cimientos en los que se asienta la arquitectura jurídica del
secesionismo. El Gobierno catalán, ayudado por la CUP, ha impedido a la
oposición conocer y debatir esas normas de tránsito de la legislación
española a la catalana, mediante una vía exprés calificada por CSQP,
PPC, PSC y Ciudadanos como “fraude democrático”.
Un fraude que ha puesto de manifiesto la
vulnerabilidad en la que se encuentran los funcionarios de la
Generalitat (que según el diputado de JxSí Lluís Llach serán sancionados si no cumplen con las leyes de desconexión) y el resto de ciudadanos catalanes, cuyos datos fiscales, dijo el magistrado y exsenador Santi Vidal, obran en poder de la Generalitat de forma ilegal." (Crónica Global, 30/04/17)
No hay comentarios:
Publicar un comentario