"La autodeterminación para la secesión es una de las iniciativas
políticas “que suscita mayor división interna en una sociedad, por lo
que aceptar sin más que sea un derecho plantea problemas morales”,
escribió en 2003 Stéphane Dion, el académico y político canadiense que
impulsó la famosa ley de la claridad:
una norma que concreta los
criterios (nivel de participación y mayoría exigibles, etc.) para la
aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo de ese país respecto a
referendos de autodeterminación.
La votación de la resolución soberanista aprobada hace dos días por
el Parlamento de Cataluña demuestra que ese derecho (o principio) no
solo divide a la sociedad, sino a los partidos que lo defienden, incluso
si lo hacen mediante la fórmula más suave de derecho a decidir.(...)
La semana pasada Artur Mas se declaraba abierto a la posibilidad de
que la consulta no tuviera efectos jurídicos, es decir, que no fuera
vinculante. Esa oferta pensada seguramente para atraer a los socialistas
hizo aflorar la confusión entre dos conceptos de referéndum de
naturaleza diferente:
el consultivo, destinado a comprobar la magnitud
real de las demandas independentistas, para obrar en consecuencia; y el
resolutivo, destinado a decidir sobre la independencia.
La sugerencia de Mas parece apuntar a una consulta del primer tipo,
pero la planteada en la resolución aprobada en el Parlament lo es del
segundo: un referéndum de autodeterminación. Sin embargo, podría no ser
un lapsus.
Una votación no vinculante atraería el voto de personas poco o
nada partidarias de la independencia tomada en serio (con todas sus
consecuencias), pero favorables a votar a favor de ella para “castigar a
Madrid” o, más pragmáticamente, para ejercer una presión sobre el
Estado con la amenaza escisionista a fin de obtener concesiones en
terrenos como el de la financiación, por ejemplo. Lo que distorsionaría
el resultado incluso si solo se trata de verificar la continuidad en el
tiempo de la fiebre independentista.
Esta confusión ha podido influir en la interna del PSC. Un referéndum
consultivo, no vinculante, que fuera el punto de partida para negociar
las condiciones del resolutivo podría haber sido visto como una forma de
salvar el compromiso programático a favor del derecho a decidir sin
avalar la convocatoria del otro.
Pero si se pretende, como sobre todo plantea ERC, situar ese
referéndum decisorio como punto de partida, la eventual negociación con
el Estado y otras instancias a que alude la declaración carece de
sentido pues la decisión ya estaría tomada. (...)
No siempre, sin embargo, la mayoría parlamentaria asegura una mayoría
social de la misma magnitud, como se vio en la votación sobre el nuevo
Estatut: 90% de apoyo en el Parlament y una participación del 49% en el
referéndum.
Pero sobre todo, ocurre que los partidos opuestos a la declaración
soberanista suman una mayoría aún mayor en el Congreso de los Diputados.
Y la experiencia indica que sin su apoyo o complicidad será imposible
hacer avanzar cualquier iniciativa que para ser legal requiera reformas
institucionales de calado." (
Patxo Unzueta , El País, 24 ENE 2013)
1 comentario:
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