"El Gobierno vasco gestionará las cárceles de Euskadi a partir de este
mismo año y el régimen económico de la Seguridad Social a finales del
próximo. Se trata de las dos transferencias más polémicas durante estas
cuatro décadas, debido a la naturaleza única de la caja de la Seguridad Social, que seguirá así y, en el caso de prisiones, por la existencia de ETA, que se disolvió en mayo de 2018.
"La relación de bilateralidad que mantenemos con el País Vasco la estamos demostrando con estas reuniones y con este acuerdo, y vamos a seguir haciéndolo día a día",
ha asegurado la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. El
portavoz del Gobierno autónomo se ha mostrado muy satisfecho, ya que, a
su juicio, ambas Administraciones están inaugurando "una nueva etapa en
la que por vez primera todas las competencias pendientes aparecen en un
cronograma de objetivos".
Madrid y Vitoria han puesto fecha a las
negociaciones de varios bloques de competencias pendientes y a la
reducción de la litigiosidad. Un proyecto que plantea la negociación y
el acuerdo de prisiones de junio a diciembre de este año y del régimen
económico de la Seguridad Social de junio a diciembre de 2021. "Somos
conscientes de que no es fácil, pero tenemos la voluntad de hacerlo y de
seguir avanzando con esos objetivos", han coincidido ambos
interlocutores. El retraso del régimen económico de la Seguridad Social
se produce, según ha explicado la ministra, para dar tiempo a que "estén
avanzados" los acuerdos de renovación del Pacto de Toledo. (...)
Ambos Ejecutivos le han dado prioridad a la competencia de prisiones,
que podría llegar como muy tarde en diciembre de este año, o quizás en
enero si las reuniones de la Comisión Mixta de Transferencias se
retrasan por problemas de agenda. El consejero vasco ha querido separar,
otra vez, la gestión de las prisiones de las políticas penitenciarias,
aunque ha reconocido que una parte de estas afectará a Euskadi.
En
cualquier caso, tanto la ministra de Política Territorial como el
consejero vasco han oficializado el buen momento que atraviesan las
relaciones entre los Gobiernos de Pedro Sánchez e Íñigo Urkullu, después
de que los votos del PNV fueran definitivos para desalojar a Mariano
Rajoy de La Moncloa mediante una moción de censura en junio de 2018,
tras la sentencia del caso Gürtel que condenó al PP, y posteriormente para consolidar al líder socialista como presidente.
El cronograma de traspasos se estira hasta diciembre de 2021 (...)
El Estatuto de Gernika es, junto al navarro, el más ambicioso de los de
la España descentralizada. Y además le confiere una estructura interna
casi confederal, porque las competencias económicas más importantes como
la recaudación tributaria y la legislación sobre tipos, exenciones o
inspección tributaria, recae no en el Gobierno vasco, sino en las
Diputaciones forales.
La Constitución es el paraguas legal que ampara
los derechos históricos vascos y fija una relación política y económica
especial con el Estado. En el caso de esta última, se fundamenta en los
conciertos económicos establecidos tras la abolición de los fueros en
1876, que se mantenían en Álava y Navarra, al considerarse provincias
leales al golpe de Estado de Franco, pero que fueron derogados por el
dictador en Gipuzkoa y Bizkaia al finalizar la Guerra Civil." (Pedro Gorospe, El País, 20/02/20)
No hay comentarios:
Publicar un comentario