"(...) Como dijo la profesora Núñez Díaz-Balart,
el franquismo fue "como si se hubiera lanzado una granada sobre las
familias de cada uno de los vencidos que iba a estallar en mil pedazos
sus vidas, su autoestima y su consideración social".
En el mismo mes, el señor Romeva, que ha transitado desde ICV hasta ser conseller
del Govern nacionalista de derechas de Junts pel Sí, se expresaba en
términos ciertamente ofensivos para todas y cada una de las víctimas de
la dictadura.
Lo hacía, a nuestro juicio, desde una suma de ignorancia y
manipulación de nuestra historia. Lo que es gravemente reprochable,
dado el cargo público que ocupa. Sobre todo, cuando coincide con
actuaciones judiciales como la descrita.
En un acto celebrado el 20-N, el señor Romeva se atrevió a afirmar lo
siguiente: con una implícita referencia al franquismo, que "la lucha
por las libertades continúa vigente", comparó "salvando las
distancias" la "justicia franquista con la actual", que "resuenan ecos
de esta melodía franquista claramente perceptibles cuando vemos la
interferencia sobre el estamento judicial por parte del ejecutivo", que
"está por demostrar que España sea una democracia digna de ese nombre" o
que se luchó "durante la dictadura para conseguir una democracia con
separación de poderes y ahora porque los poderes no acaben separándose
de la democracia".
Es evidente que tales afirmaciones no tienen otro fundamento que los
dos procesos abiertos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(TSJC), uno contra Mas, Ortega y Rigau y otro contra la actual presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
A partir de esta constatación, es completamente injusto, arbitrario y
abusivo, sobre todo procediendo de un alto cargo de la Generalitat, que
se llegue a tales conclusiones. Hasta el punto de establecer
equiparaciones entre el actual sistema democrático y la dictadura. Y, de
aquí, derivar una supuesta injerencia del Gobierno de España sobre
dicho tribunal, absolutamente inexistente.
Dicho tribunal es un ejemplo,
en ambos procedimientos, de objetividad, neutralidad e imparcialidad.
Exigencias de cualquier cargo público que no han caracterizado en
absoluto a dichos políticos en el ejercicio de sus funciones
constitucionales. Precisamente por ello han sido imputados o
acusados. (...)
Señor Romeva, no incurra en comparaciones ofensivas entre la justicia
actual y la franquista. ¿O es que no sabe lo que significaron los
Consejos de Guerra y el Tribunal de Orden Público, como meros
instrumentos de represión política?.
Recuerde, señor Romeva, que ya en
las postrimerías de la dictadura, desde el 1 de marzo hasta el 15 de
junio de 1977, se practicaron 2.834 detenciones políticas. Por no
referirnos a escalofriantes datos anteriores. ¿Cómo se atreve, ni
siquiera con insinuaciones, a establecer equiparaciones entre el antes y
el después de 1978? (...)" (Carlos Jiménez Villarejo , Crónica global, en Rebelión, 22/12/16)
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