Es la primera vez en la historia europea que un grupo de políticos proclama la independencia de su región sobre la base de los deseos de una minoría de la población

"(...) En ningún momento de su pasado ha intentado la mayoría de los catalanes separarse de la Corona de Aragón o de España: los intentos de separarse siempre chocaban contra el gran obstáculo de la indiferencia o la hostilidad masiva.

 En los sombríos días de 1714, que los separatistas de hoy han convertido en un relato basado en la fantasía, había en realidad una división masiva dentro de la sociedad catalana. 

La división masiva aún podía verse en 1936 y, sobre todo, en las masacres sangrientas durante las jornadas de mayo de 1937. Y la división sigue siendo tan evidente en enero de 2016 que sólo un político traumáticamente hipnotizado podría ser capaz de afirmar que el 48% de los votos en las pasadas elecciones autonómicas representa la abrumadora mayoría de la opinión catalana.

Hace sólo cinco años, el apoyo al separatismo catalán era del 14%, y aún hoy es apenas del 35% del electorado total. El verdadero estado de opinión en Cataluña hoy puede verse por el simple hecho de que el ex presidente Mas ha hecho todo lo posible para evitar una votación libre a través de elecciones democráticas anticipadas.

 Como se decía en un un tweet reciente: «Catalunya por fin dispone de un presidente no electo para un proceso ilegal apoyado por la inmensa minoría de los catalanes». Es la primera vez en la historia europea que un grupo de políticos proclama la independencia de su región sobre la base de los deseos de una minoría de la población.  (...)

España ya tiene algunos graves problemas económicos, y el jefe del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, está a favor de castigar a España por los incumplimientos en las metas fiscales. «El desafío del próximo Gobierno es el déficit», dice Dijsselbloem. El problema es que Cataluña tiene un papel fundamental en ese déficit.

 Pero las propuestas del nuevo presidente de la Generalitat suponen un déficit mucho más grande aún, así como la inversión de dinero inexistente en un nuevo sistema de Hacienda, con un nuevo Instituto de Estudios Tributarios, un nuevo Banco Nacional, la construcción de nuevas aduanas, y una nueva Seguridad Social (ya en profunda crisis financiera). Las medidas incluyen, obviamente, también tomar el control del aeropuerto de Barcelona.

Una característica central del nuevo plan para crear desorden civil es la propuesta para proteger a los políticos y otros acusados de corrupción en Cataluña, cambiando por entero el poder judicial en la comunidad. Los miembros de la antigua Generalitat ya han iniciado, según la información disponible el verano pasado, la contratación de al menos 250 nuevos jueces. 

Ése es el número calculado para las plazas que quedarían vacantes, de una plantilla total de 800 jueces y magistrados, cuando se consuma la secesión, y que se piensan cubrir con abogados con un mínimo de 10 años de ejercicio. El propio consejero de Justicia contrató a un juez, Santiago Vidal, para comenzar el reclutamiento. Las consecuencias de socavar el sistema judicial pueden ser fácilmente imaginables.

 Ya en noviembre, la Sala de Gobierno del TSJC, en respuesta a las manifestaciones callejeras de los separatistas contra los jueces de Barcelona, alertó de que «cuestionar de manera interesada que la actuación de los tribunales de justicia sólo se debe a intereses políticos, constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política».          (Henry Kamen, 21/01/16)