"(...) el mundo de la diplomacia se rige por una serie de reglas que es
necesario conocer, en particular cuando se va a pedir algo, ya sea una
ayuda financiera o el reconocimiento internacional de un nuevo Estado.
Hay que saber a quién dirigirse, los valores del otro y sus intereses
nacionales, así como el código para interpretar los gestos y las
actitudes públicas y privadas de los representantes de los otros
Estados, bajo riesgo de hacer fracasar la gestión. (...)
Como mínimo se puede decir que la venta del proceso soberanista a la
comunidad internacional no ha estado debidamente preparada: el envío de
cartas a los líderes europeos sin recibir respuesta; visitas del propio
Artur Mas a Bruselas y a otros lugares sin ser recibido en el nivel
adecuado; la negativa del presidente del Parlamento Europeo (PE) a
recibir a los representantes de la ANC, Òmnium Cultural y AMI para
presentarle las firmas recogidas el 9-N denunciando la falta de voluntad
democrática del Estado español ante el derecho a decidir de los
catalanes. (...)
Pero no es solo una cuestión de valores, donde el respeto del Estado
de derecho en el marco de un sistema democrático es innegociable, sino
que afecta directamente a los intereses nacionales tanto de un número
importante de Estados miembros como de la propia UE: políticos, de
emulación interna; económicos, por la reducción del comercio y la
inversión y la subsecuente contracción económica que provocaría tanto en
Cataluña como en España; de seguridad, ante la incertidumbre de todo
tipo que podría generar un proceso de separación, y de gobernanza, por
el riesgo de contagio que haría más difícil la gobernabilidad de la
propia Unión.
En la inmensa mayoría de las democracias occidentales no es posible
legalmente ni siquiera organizar un referéndum de autodeterminación o,
cuando menos, su celebración no tiene efecto alguno (EE UU, Alemania,
Francia), y a estos países no se les puede tachar de no democráticos
ante la comunidad internacional sin hacer el ridículo.
Las excepciones
son Canadá y Reino Unido, pero no porque sean más democráticos, sino
porque la conformación de su sistema legal específico, de su Estado de
derecho, lo permite.
En España es también posible, pero para ello hay que cambiar la
Constitución (como ha señalado el Tribunal Constitucional).
Lo que sí
está claro es que existe un problema político al que hay que dar
solución en el interior del Estado español. Eso es lo que en resumidas
cuentas significa la cantinela tantas veces repetida por los líderes
europeos: “Es un asunto interno español”. No es que se desentiendan o
pretendan adoptar una posición neutral, sino que el mensaje que
transmiten es que no interesa, ni desde los valores ni desde los
intereses nacionales.
Efectivamente, las cancillerías europeas (y los
mercados financieros) han dado por amortizado el llamado proceso
soberanista y solo están a la espera de una solución pactada y razonable
que lo dé por concluido, en particular tras los resultados del pasado
9-N, cuando votó a favor de la independencia alrededor del 30% del
censo." (Víctor Andrés-Maldonado
29 JUL 2015)
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