"En la historia del fenómeno terrorista de ETA existe un concreto aspecto
que puede calificarse como de verdadero agujero negro, es decir, como
una parte de la realidad que se resiste a dejarse conocer y que atrapa
en su oscuridad a todo lo que la rodea. Se trata de la extorsión
económica practicada durante decenios por ETA en contra de empresarios,
directivos y profesionales.
(...) para la propia sociedad vasca en cuyo seno tuvo lugar, que nunca
quiso afrontar un debate abierto sobre los complejos dilemas humanos,
éticos y jurídicos que la extorsión encaminada a financiar al terrorismo
planteaba.
Pero también fue un punto ciego para la justicia, que
prefirió no investigar ni eventualmente sancionar las cesiones al
chantaje, por mucho que objetivamente una tal cesión pudiera constituir
un delito de colaboración con el terrorismo.
Un grupo interdisciplinar de investigadores coordinado inicialmente
por Bakeaz y ahora por el Centro de Ética aplicada de la Universidad de
Deusto tratan hoy en día de hacer luz sobre ese fenómeno de la extorsión
que, a pesar de la dificultad para obtener datos empíricos contrastados
y fiables, supuso un desplazamiento patrimonial realmente importante:
limitándonos a la época dorada de la extorsión (los años ochenta), no
menos de 9.000 personas fueron en el País Vasco objeto de chantaje (de
las que parece que la mayoría no cedieron a ella), y ETA obtuvo en esos
años, según la “contabilidad” de los papeles de Sokoa, más de
1.100.000.000 pesetas de financiación para atentar, constatándose una
retroalimentación cruzada entre financiación y capacidad de atentar: a
más financiación, más atentados, pero también al revés.
Uno de los campos de más difícil estudio, dada la ausencia de una
metodología econométrica contrastada, es el del impacto que tuvo el
fenómeno terrorista sobre la economía del País Vasco y sobre su
discurrir a lo largo de los 50 años que duró. Trabajadas hipótesis
(inevitablemente basadas en comparaciones diseñadas con precisión
discutible) sugieren un impacto negativo de hasta un 10% del PIB en los
años ochenta y noventa, lo que da una idea de la importancia económica
del terrorismo para la región que principalmente lo sufrió.
Y, sin
embargo, no es menos sugerente otra hipótesis: la de que, gracias a la
negociación política en Madrid del sistema Concierto Económico-Cupo, una
negociación en la que el argumento terrorista siempre dio juego, y que
conllevaba una significativa sobrefinanciación en recursos públicos para
ese mismo País Vasco, la política vasca consiguió compensar el daño que
el terrorismo causaba, lo que trajo consigo al final un proceso de
globalización o socialización sobre toda España de buena parte del
impacto económico del terrorismo. (...)
Ahora bien, lo que los datos macroeco-nómicos no ponen de manifiesto
como se merece es el gran sufrimiento humano experimentado por las
víctimas de esta particular clase de violencia, las cuales (salvo el
caso de las grandes empresas capaces de establecer redes de atención
para sus directivos) tuvieron que gestionar en angustiosa soledad (y sin
percibir comprensión alguna por parte de un entorno social que
malconsideraba sistemáticamente al empresariado en aquella época) la
toma de unas decisiones que eran humana y éticamente profundamente
perturbadoras: porque para una mínima sensibilidad el ceder al chantaje
implicaba comprar la seguridad propia pagando el precio de la próxima
bala de 9 milímetros parabellum que acabaría con la vida de otro.
Cada
pequeño empresario, y cada abogado o médico interpelado por este terror,
tuvieron que decidir solos y sin más ayuda que su conciencia, la línea
de conducta a seguir. (...)
Pero las víctimas del terror chantajista, además de sufrir, tenían
que tomar decisiones difíciles que dejarían huellas futuras en su
sensibilidad. Y se sentían abandonados, pues no sólo no existía
solidaridad con ellas, sino que existía expresa insensibilidad. Además
del agobio de percibir al colaborador de ETA en su propio entorno
laboral o vecinal. Sufrimiento humano en bruto, el material con que se
construye el proyecto totalitario.
Y es que, visto el asunto desde hoy, lo que más llama la atención del
estudioso de aquellos años no es sólo lo que sucedió, sino sobre todo
lo que no ocurrió: es clamorosa la ausencia del más mínimo debate
público o institucional sobre los criterios a seguir en el caso de la
extorsión terrorista, sobre los valores en juego, sobre las normas
éticas a aplicar, sobre la forma de ponderar el valor de la seguridad
personal y el disvalor de sostener el terror. Cómo compatibilizar el
miedo humano y el valor cívico. (...)
En 2012 (¡nada menos que en 2012!), la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo dictó su primera y única sentencia sobre un caso en que dos
empresarias habían cedido al chantaje. Porque sucedía que, objetivamente
considerada, la cesión al chantaje era y es un delito de colaboración
con organización terrorista que sólo por aplicación de la eximente de
miedo insuperable puede quedar impune.
Para lo cual hay que investigar y
sopesar las circunstancias de cada caso. Pues bien, en esa sentencia de
2012, el Tribunal Supremo constata como dato ciertamente asombroso que
no existen precedentes judiciales de enjuiciamiento o investigación
sumarial de pagos de chantajes, a pesar de que era un dato obvio que
desde 1975 se había generalizado la extorsión. Pero en la maquinaria
judicial no existían antecedentes de ello. (...)
Pues bien, esta ausencia de precedentes no pudo ser una casualidad, sino
que respondió a una deliberada y constante abstención por parte de la
policía/fiscalía/justicia en cuanto al
seguimiento/control/enjuiciamiento de las extorsiones en su lado pasivo.
Abstención que, curiosamente, no fue tampoco fruto de un proceso
deliberado de decisión sino más bien de una “no-decisión”: las
instituciones nunca se plantearon qué debían hacer; sencillamente, no
hicieron. (...)
Esta inhibición de las autoridades ¿fue acertada o no desde el punto
de vista de la lucha contra el terrorismo? ¿Se le dieron demasiadas
facilidades a ETA para financiarse? Una política policial y judicial más
estricta y un debate público visible ¿hubiera ayudado a las víctimas
del chantaje o les hubiera causado padecimiento adicional?
Cuestiones que son también contrafácticas, pues plantean las
consecuencias hipotéticas de unas decisiones que nunca existieron. Y no
es fácil: si el Estado de derecho hubiese adoptado una vigilancia activa
contra la financiación, interfiriendo incluso en la decisión de las
víctimas, podría muy bien haberse deslegitimado más aún ante una opinión
pública vasca que no quería saber nada de un asunto sin solución
cómoda. O quizás no.
Al final, se trata de una luz que nunca se alumbró,
pero que no está de más, ahora, intentar encender." (
José María Ruiz Soroa
, El país, 2 FEB 2015)
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