"La Unión Europea agrupa a 28 países con unos lazos políticos y
económicos cada vez más estrechos. Lo paradójico es que, al mismo
tiempo, ha hecho posible imaginar la separación de algunos de esos
países.
Para un Estado pequeño, la independencia fuera de un grupo político y
económico como la UE sería hoy arriesgada. Sin embargo, dentro de la
Unión, las barreras entre los Estados —y, por tanto, los riesgos
económicos y políticos de independizarse— son menores.
Veamos el caso de Escocia, donde el 18 de septiembre se celebrará un referéndum popular sobre la independencia.(...)
El primer ministro británico, David Cameron, se opone a que Escocia
abandone Reino Unido, pero no a que se celebre el referéndum. Las
encuestas realizadas desde que se anunció la pregunta que se va a
someter a votación (“¿debe ser Escocia un país independiente?”) indican
que no es probable que el “sí” obtenga una clara mayoría.
En España está en marcha un debate nacional sobre la independencia de
Cataluña, donde la identidad se ve reforzada por el hecho de que la
mayoría de sus habitantes hablan catalán además de español, mientras que
el porcentaje de escoceses que hablan gaélico no representa más que el
1%. Tal vez por eso, parece que la independencia catalana cuenta con un
respaldo mucho mayor: alrededor de la mitad de los residentes en
Cataluña dicen apoyar la escisión.
Pero el Parlamento español votó mayoritariamente en contra de que el
Gobierno catalán celebrara un referéndum, y el Gobierno central ha
asegurado que dicha votación sería anticonstitucional. Pese a ello,
Artur Mas, presidente del Gobierno autónomo de Cataluña, se ha
comprometido a seguir adelante y celebrar un referéndum no vinculante.
Si la mayoría de los votantes de una región concreta de un país está a
favor de la independencia, ¿significa eso que tienen derecho a
separarse? Desde luego, hay otros aspectos que también deben tenerse en
cuenta. (...)
Pero la secesión de Escocia arrebataría a Reino Unido los
voluminosos ingresos del petróleo del Mar del Norte, de los que depende
en gran parte la independencia escocesa, y España también saldría
perjudicada si perdiera la inmensa contribución de Cataluña a la
economía española.
Cuando un Gobierno nacional comete o tolera violaciones generalizadas
de los derechos humanos, los habitantes de una región pueden tener lo
que en ocasiones se denomina derecho correctivo a la secesión.
Es decir,
si otras medidas no han logrado remediar la situación, es justificable
recurrir a la secesión como último recurso, aunque tenga graves
consecuencias para el resto del Estado. Es lo que ocurrió cuando
Bangladesh se escindió de Pakistán, y es también el argumento que alegó
la OTAN para apoyar que Kosovo se independizara de Serbia.
Pero esa no es la situación en los casos de Escocia y Cataluña; ni
tampoco parece serlo, a pesar de la propaganda rusa, en las regiones
ucranias de mayoría étnica rusa.
Si Escocia y Cataluña se convierten alguna vez en países
independientes, tendrá que ser porque Reino Unido y España lo permitan.
Todos los Estados tienen interés en que haya estabilidad, así que es
difícil imaginar que, sin existir unas violaciones de los derechos
humanos graves, generalizadas e innegables, otros países pudieran
reconocer a una región que, después de muchos siglos de pertenecer a un
Estado, se declare independiente sin el consentimiento del país del que
se separa.
Tampoco es probable que la UE acepte a Escocia y Cataluña si Reino
Unido y España rechazan su independencia. El presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Barroso, ha dicho que la UE podría rechazar las
solicitudes de entrada de Escocia y Cataluña, o al menos retrasarlas de
forma considerable, incluso aunque Reino Unido y España aceptaran la
secesión. Y, sin pertenecer a la UE, resulta difícil pensar que la
mayoría de los escoceses o los catalanes vayan a querer sumergirse en la
incertidumbre económica que acarrearía ser independientes. (..)" (
Peter Singer
, El País , 20 JUL 2014 )
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