"(...) En El País, las pautas para interpretar la sentencia del Constitucional están en el artículo de la Página Cuatro, firmado por Francesc De Carreras.
"Un cauce, no un muro", se titula la imprescindible colaboración.
No es
previsible que ni Mas ni sus asesores áulicos (impagable Piqué, el de
prensa de Mas, haciendo gañotas mientras habla Rivera en el Parlamento
autonómico) vayan a tomar en consideración las reflexiones de De
Carreras.
Dice así el texto:
"En este punto del, repito, entrecomillado
'derecho a decidir', se centra el meollo de la cuestión. Sobre el mismo
se recalcan dos cuestiones obvias pero importantes para aclarar la
posición del Tribunal: no es el derecho de autodeterminación ni tampoco
es el resultado de una atribución de soberanía.
Pero se añade que se
trata de 'una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante
un proceso ajustado a la legalidad constitucional'. Además de unas
puntualizaciones sobre los principios de legitimidad democrática,
diálogo y legalidad, recogidos en la declaración, la sentencia muestra
su apertura al establecer, repitiendo vieja doctrina propia, que la
primacía de la Constitución no exige una adhesión positiva a la misma
porque nuestra democracia no es una 'democracia militante', pero sí
exige un deber de lealtad constitucional".
A efectos prácticos, De Carreras atisba una opción plausible para Mas:
"Y en este punto, ya al final de la
sentencia, da una salida al callejón en que se encuentra la Generalidad.
Dice así el TC: '(…) si la Asamblea Legislativa de una Comunidad
Autónoma, que tiene reconocida por la Constitución iniciativa de reforma
constitucional (arts. 87.2 y 166 CE), formulase una propuesta en tal
sentido, el Parlamento español deberá entrar a considerarla'.
Ahí el TC,
al modo del Tribunal Supremo del Canadá, da una lección de Derecho
Constitucional. Viene a decir: la Constitución no es un muro
impenetrable, es un cauce para que se exprese la voluntad popular. Pero
este cauce, estos procedimientos, deben ser legales porque democracia y
Estado de derecho son dos conceptos intrínsecamente unidos. El error es
desviarse de la legalidad, error inaceptable porque es desviarse de la
democracia".
Que se lo digan a Homs todo esto, a ver qué cara pone. ¿Un cauce? El
9-N, consulta. Joana Ortega ya ha mandado la orden a los alcaldes para
que se cuadren y colaboren. Ojito con ponerse refractarios, que decía la
ponencia de la ANC. Un paso atrás, ni para tomar impulso.
En La Vanguardia, la sentencia del Constitucional es una juerga tropical en Santo Domingo. Es la versión de José María Brunet,
una "exclusiva" a la que seguro que no tardan en encontrar una
explicación en Moncloa. Titular: "El pacto de Santo Domingo". Subtítulo:
"El fallo del TC de la declaración soberanista se discutió en un viaje a
la República Dominicana".
¿A que es genial? Sólo lo da La Vanguardia. Todo el mundo con la unanimidad, que si el derecho a decidir por aquí, que si la soberanía por allá y resulta que en La Vanguardia están las claves de cómo se ha redactado el papelín ese que no sirve para nada. Ahí va:
"Una comisión de cuatro magistrados del
Tribunal Constitucional (TC) negoció y pactó la sentencia que ha anulado
parcialmente la declaración soberanista del Parlamento [autonómico] de
Cataluña. Estaba compuesta por el presidente del TC, Francisco Pérez de
los Cobos; la vicepresidenta, Adela Asúa, ponente de la resolución, y
los jueces Juan Antonio Xiol y Pedro González Trevijano.
El acuerdo se
cerró durante el viaje que De los Cobos, Xiol y Trevijano realizaron
hace dos semanas a la República Dominicana para asistir a la Conferencia
Iberoamericana de Justicia Constitucional. Por este motivo, la
sentencia fraguada respecto a la declaración soberanista ya se conoce
internamente en el Tribunal como el pacto de Santo Domingo.
Lo más
difícil fue conseguir que el sector conservador asumiese incluir en la
sentencia la aceptación de la defensa del derecho a decidir por cauces
constitucionales. Dicho sector estimaba que no tenía mucho sentido
admitir el derecho a decidir de una parte del pueblo español en términos
teóricos y abstractos, por mucho diálogo político que pueda existir al
respecto en el futuro".
Internamente, o sea, en privado. El pacto de Santo Domingo, un
mojito, una caipirinha y dos pisco sour, si hace usted el favor. Cuatro
magistrados en un "resort" decidiendo si Cataluña es soberana. La
caricatura es soberbia, impecable, munición de primera para el
soberanismo. El proceso continúa y La Vanguardia da fe.
Jordi Barbeta explora las opciones factibles de Mas bajo el título "La 'solución Quebec' es posible". Un análisis con matices apreciables:
"Si el tribunal español hace referencia al
proceso canadiense, es lógico que el Gobierno [autonómico] catalán se
agarre como a un clavo ardiendo. También aspira a un acuerdo político
previo que permitiría conocer la voluntad de los catalanes como habían
hecho y podrán volver a hacer los quebequeses. ¡Pero ojo! no es lo mismo
ejercer la autodeterminación que celebrar una consulta.
La
autodeterminación implica, según el resultado, la independencia. En
cambio, la consulta simplemente indica un estado de opinión, que habrá
que tener en cuenta para hacer política. Y a eso aspira, de momento, la
mayoría soberanista catalana, tan moderada ella". (...)" (Pablo Planas, crónica Global, Jueves, 27 de marzo de 2014)
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