No quiero que mis derechos y obligaciones como paciente se vinculen al euskera o al castellano

"Acabo de leer en la prensa que Osakidetza va a crear un nuevo registro en el que va a recoger las preferencias lingüísticas de los pacientes y trabajadores de la sanidad pública vasca. He leído también que Osakidetza procurará que la primera palabra dirigida a los usuarios sea siempre en euskera. 

Y tengo que decir que no me gusta ni lo uno ni lo otro. No quiero que me registren. Mejor dicho: ya me tienen registrado, al igual que otras muchas administraciones y organismos que se me han hecho necesarios para vivir, como Google, correo electrónico y otros derivados de Internet.

Pero no quiero que me registren prefiriendo una lengua u otra. No quiero, al igual que no quiero que mi relación con las administraciones públicas basada en mis derechos y obligaciones ciudadanas estén en función de la lengua que prefiera de entre las oficiales, o de la religión que profeso o dejo de profesar, o de mi orientación sexual. No quiero que mis derechos y obligaciones como paciente se vinculen al euskera o al castellano. 

No quiero que nadie en la Administración piense que prefiero una de las dos, que me coarten a utilizar una de las dos, cuando puedo usar las dos a mi arbitrio, cuando me venga en gana y si me viene en gana. Y prometo no plantear ningún problema al funcionario de turno que no me atienda en euskera, porque usaré el castellano con normalidad, que también es mi lengua, tan propia como el euskera.

Es más: no quiero verme en la situación de mantener una conversación en euskera con personas, con funcionarios que se crean en la obligación de atenderme en euskera, pero que terminarían haciendo de la conversación una especie de farsa. Lo que espero de la administración de Osakidetza es que me atiendan bien, rápido, con educación y con diligencia –no voy a pedir que la visita al cirujano especialista me la pongan en un plazo de tres meses, porque tampoco estoy dispuesto a pagar más impuestos–. 

No quiero terminar las frases de funcionarios que se sienten obligados a dirigirse a mí en euskera, no quiero corregirles las faltas gramaticales todo el tiempo, no quiero escuchar un euskera sin música, aséptico, frío, sin alma ni vitalidad alguna.

No quiero que la Administración entre a catalogarme en esas cuestiones, que se dedique a saber si prefiero una lengua oficial a otra. No quiero contribuir al teatro de que se dirijan a mí en euskera para continuar con la conversación que mantenían con un o una colega en castellano, como me ha sucedido tantas y tantas veces con mis alumnos de la Universidad pública. 

No quiero contribuir a unas estadísticas que miden todo menos lo que importa en el desarrollo de las lenguas, su capacidad comunicativa, la comodidad que aportan en la comunicación a los hablantes, la vitalidad que es lo único que incide en sus perspectivas de futuro.

Y deben estar seguros en Osakidetza de que si ponen en práctica la idea de que sus funcionarios se dirijan siempre a los clientes con la primera palabra en euskera, al menos habrá uno que se sentirá empujado a usar necesariamente el castellano, como se siente ahora cada vez que recibe una comunicación, sea de las administraciones públicas o de otras organizaciones y entidades que subrayan, por la forma de doblar la carta, por la tipografía o por cualquier otro medio, la primacía del euskera e intentan imponer esta lengua al receptor: basta con ello para que sea la otra lengua la que elija, amén de que al tratarse casi siempre de textos traducidos del castellano al euskera, me ahorro equívocos lingüísticos, cuando no auténticos esperpentos lingüísticos.

Algunos hemos dedicado parte de nuestra vida a impulsar el conocimiento y el uso del euskera, lo hicimos cuando era realmente difícil, porque era defender la libertad. Ahora no queremos que se nos coarte la libertad, ni siquiera en nombre del euskera. El lenguaje del ciudadano es el lenguaje del derecho, el de la libertad y el de las obligaciones cívicas. 

La minoría de ciudadanos vascos euskaldunes tienen derechos que deben ser reconocidos como lo son los de las minorías lingüísticas en cualquier democracia. Y para ello las administraciones públicas deben actuar de forma prudente y proporcionada. Pero lo que no pueden hacer es imponer obligaciones a todos para satisfacer los derechos de algunos. (...)

Déjense, por favor, de ingenierías sociales, pues no otra cosa supone la implantación de sus políticas lingüísticas, de sus políticas de promoción del euskera, experimentos ingenieriles para cambiar situaciones sociales lingüísticas de la sociedad vasca. 

Y no es función de las administraciones públicas dedicarse a esos experimentos de ingeniería social. Ni siquiera en nombre de las que pudo haber, y las hubo, en el pasado, aunque dicho sea de paso que la situación actual no se debe sólo y en exclusiva a éstas.

De la misma forma que considero una conquista del Estado de derecho que en mi DNI no conste mi confesión religiosa, tampoco me gustaría que en mi tarjeta de Osakidetza apareciera en algún momento mi preferencia lingüística, aunque agradecería, eso sí, una tarjeta de Osakidetza que me sirviera sin problemas en todo el territorio nacional. Me evitaría un montón de problemas."               (JOSEBA ARREGI, EL  CORREO 11/11/13, en Fundación para la Libertad, 11/11/2013)