"Hace ya diez años, el entonces ministro de relaciones
intergubernamentales de Canadá, el quebequés Stéphane Dion, nos ponía
sobre aviso de que “la dinámica secesionista es difícilmente conciliable
con la democracia”.
Sostenía, además, que en un Estado donde se ejercen
y respetan los derechos y las libertades “no hay argumento moral
posible que justifique convertir a nuestros conciudadanos en
extranjeros” (El País, 06/07/2003).
Pues bien, ambas afirmaciones son
trasladables hoy a Cataluña donde el proceso secesionista, se muestra
poco respetuoso con la pluralidad de la sociedad catalana y lanza
promesas socioeconómicas claramente populistas. (...)
Según el politólogo Allen Buchanan, en el prólogo a la edición castellana de su obra ya clásica, Secesión. Causas y consecuencias del divorcio político
(2013), existen cuatro tipos de injusticias que dan origen al derecho
de secesión. Considera que, en el caso catalán, resulta del todo
imposible argüir las dos primeras: el argumento de una anexión
territorial de España sobre Cataluña en el pasado y la violación actual
de derechos y libertades básicas.
Afirmar lo contrario supondría
considerar que Cataluña es una colonia española, extremo que nadie
sensato en el mundo aceptaría. Sin embargo, fijémonos cómo el
soberanismo se esfuerza a diario en construir un imaginario que va
justamente en esa dirección aprovechando cualquier efeméride. Intenta
convertir, como ya se ha criticado sobradamente, el conflicto
internacional sobre la sucesión a la corona española de principios del
siglo XVIII en una guerra de secesión, cuyo traumático final, con la
imposición del Decreto de Nueva Planta, constituiría la prueba de ese
sometimiento colonial. Y pretende convencer a la sociedad catalana de
que la relación con España es una historia continuada de represión y
maltrato hasta el día de hoy.
Pero este es solamente el telón de fondo sobre el que se desarrollan otros dos argumentos que, si fueran ciertos, bien podrían justificar, volviendo a Buchanan, la secesión: una redistribución discriminatoria de recursos continuada y grave, y la vulneración por parte del Estado de las obligaciones del régimen autonómico o la negativa continuada a negociar una forma de autonomía adecuada. (...)
En efecto, ambos argumentos son utilizados profusamente por los
soberanistas en su intento de elevar las disfunciones, deslealtades o
desajustes del modelo autonómico a la categoría de delitos de lesa
humanidad. La legitimidad moral de la separación recae así en un doble
relato: el expolio económico que sufre Cataluña desde tiempo inmemorial,
aunque solo ahora parece perceptible a rebufo de la crisis general, y
la gravísima afrenta política que, insisten, significó la sentencia del
Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. (...)
En cualquier caso, no hay duda de que ambos argumentos, el del expolio y
la afrenta, han calado a fondo en la sociedad catalana al cumplir con
la regla de oro de la mentira: no solo ha de ser repetida mil veces,
sino que requiere que contenga algunos elementos de verdad que bien
podemos compartir desde otras posiciones.
En el ámbito económico, es
rotundamente falso que cada año salgan de Cataluña 16.000 millones que
no regresan de ninguna forma, pero es cierto que los catalanes aportamos
más de lo que recibimos (al igual que madrileños y baleares), como
también que la política de inversiones de los sucesivos gobiernos
españoles no siempre han obedecido a criterios claros, objetivos y
basados en la eficiencia, cuando no directamente en el clientelismo. (...)
Señalar estos u otros problemas, sin olvidarnos del agravio que provocan
los cupos forales, no permite en absoluto sostener la tesis del
expolio. Tal extremo no pretende otra cosa que dar cobertura moral a la
secesión, soslayando así el principio redistributivo con el resto de
españoles.
En efecto, la otra cara de este argumento, con el que se
pretende seducir a las clases populares y medias catalanas, es que,
“cuando nos hayamos librado de la rémora del Estado español, no harán
falta recortes sociales”, pues gracias a nuestros propios recursos
“podremos tener un bienestar social envidiable”, afirmaba Josep Rull,
secretario de organización de CDC, en la presentación de una campaña
secesionista en la que entre otras maravillas se augura un descenso del
paro del 10%.
Estas engañosas promesas ponen de manifiesto hasta qué punto estamos ante una propuesta populista. Por eso sorprende que desde posiciones de izquierdas, como la que deberían defender los sindicatos mayoritarios en Cataluña, se caiga en la trampa del soberanismo, cuando la historia nos muestra que la exacerbación de los conflictos que tienen una base identitaria, aunque intenten camuflarse tras otras máscaras, diluyen las verdaderas luchas por una mayor igualdad y justicia social. (...)
Al lado del expolio, la sentencia del Tribunal Constitucional se ha
convertido para el discurso nacionalista en una especie de punto de no
retorno. (...)
Pero la realidad es que la sentencia dejó vivo el Estatuto, como subrayaba hace poco el jurista y exmagistrado Pascual Sala (...)
El soberanismo ha logrado extender un relato que culmina con la
exigencia de ejercer un derecho que se presenta como algo
democráticamente incontrovertible: decidir unilateralmente la secesión y
hacerlo cuanto antes. (...)
Y cuando en medio de tantas angustias socioeconómicas la secesión se
ofrece, sobre todo, como un remedio milagroso para salir de la crisis y
alcanzar a continuación un bienestar envidiable, me pregunto si en estas
condiciones es lícito someter a votación una propuesta populista." (EL PAÍS 10/09/13, JOAQUIM COLL, en Fundación para la Libertad)
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