"(...) Pese al
discurso del optimismo iniciado por las formaciones independentistas, el
énfasis de la UE en los últimos días para clarificar esta cuestión ha
instalado el miedo entre algunos empresarios, como lo demuestran los
acalorados debates en el seno de la patronal Fomento del Trabajo.
Y es
que las implicaciones empresariales de esta expulsión afectan de lleno a
la economía: aranceles, pérdida de ayudas comunitarias, devaluación de
la economía y pérdida de competitividad.
1. Salida
del mercado común
La consecuencia más directa de la salida de Cataluña de la UE sería su
inmediata expulsión del mercado comunitario. En otras palabras, el
levantamiento de fronteras y la imposición de aranceles a las
exportaciones e importaciones. Este nuevo escenario tendría un
elevadísimo impacto para el tejido empresarial catalán, que perdería
competitividad respecto a compañías del resto de Europa.
La UE es la encargada de fijar el importe de estos aranceles, por lo
que la Generalitat no tendría margen de maniobrar para minimizar esta
consecuencia directa de su plan soberanista. Su única salvación sería
negociar acuerdos bilaterales con cada uno de los países de la UE, un
proceso que podría durar años y que dejaría un reguero de empresas por
el camino.
2. Pérdida de los acuerdos con el resto del mundo
España mantiene cientos de acuerdos bilaterales con países de todo el
mundo, más allá de la Unión Europea. Estos tratados facilitan tanto la
exportación e importación de productos con menores gravámenes
arancelarios, como la exención de tributar doblemente en el país de
origen de la empresa y donde desarrolla su actividad.
Este punto gana especial interés, porque las empresas catalanas dejarían
de beneficiarse, de facto, de acuerdos en regiones donde sus
exportaciones están creciendo a doble dígito en los últimos años: Asia,
América Latina y EEUU. En este sentido, cabe recordar que Cataluña
quedaría fuera del gran tratado de libre comercio que negocian
actualmente Europa y Estados Unidos.
3. Las ventas a España, hundidas
Los estudios sobre el impacto que tendría la secesión de Cataluña en sus
relaciones con España apuntan a una situación catastrófica. La caída de
las ventas de empresas catalanas al resto del Estado hundiría el valor
de las relaciones comerciales al que actualmente mantiene la comunidad
autónoma con Francia, según Clemente Polo, catedrático de Fundamentos de
Análisis Económicos de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Es decir,
que se pasaría de 50.000 millones de euros anuales, a apenas 10.000
millones. Se trataría de la puntilla final para el empresariado catalán,
que ya vería penalizado su negocio exterior con la imposición de
aranceles al resto de países de la UE.
Esta caída se explica tanto por
motivos logísticos, como emocionales, ya que muchas empresas españolas
acabarían priorizando la compra de género a proveedores de su mismo país
por los menores costes.
4. ¿Usar el euro o nueva moneda?
Cataluña, en el hipotético caso de constituirse en un estado
independiente, deberá decidir si acuña su propia moneda o intenta
mantener el euro como divisa oficial. Esta última opción es posible, ya
que existen países como Andorra, Mónaco o Montenegro que utilizan el
euro sin formar parte de la UE. (...)
Cataluña
también podría crear su propia moneda para influir sobre ella, pero
Jordi Galí, director del Centre de Recerca en Economia Internacional
(Crei) y partidario de la independencia, advierte de sus riesgos en un
artículo: “En las circunstancias de debilidad económica y fuerte
endeudamiento público y privado, la anticipación de la creación de un
sistema monetario propio podría generar expectativas de depreciación de
la futura moneda, lo que provocaría una salida masiva de capitales”,
vaticina.
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) estima en un informe que la
devaluación sería superior al 50%. “Es automáticamente hiperinflación”,
opinó José Luis Feito, presidente del think tank de la CEOE, en la
presentación del estudio.
5. Sin
acceso a la financiación
Todo el debate sobre la permanencia en la UE o la zona euro desemboca en
un problema mucho más perceptible y que podría generar aún más
dificultades para el tejido productivo catalán: el acceso al crédito.
CaixaBank y Banco Sabadell, de mantener su sede en una Cataluña
independiente, no podrían acudir a las subastas que realiza
periódicamente el BCE para tratar de impulsar el crédito.
Tan sólo podrían hacerlo con el traslado de su sede o la apertura de una
filial en un Estado miembro, como España.
Además, la banca podría
toparse con que los recursos que capta con el canje de deuda catalana o
de sus empresas sería muy inferiores a las que reciben por empresas de
otro estado comunitario, en función de las decisiones de un consejo
ejecutivo del BCE en el que Cataluña no estaría representada.
La Generalitat también tendría idéntico problema con su deuda pública,
ya que por ejemplo la banca española ha ayudado al Gobierno porque sus
bonos podían ser entregados como colateral en el BCE para obtener
liquidez. A todo esto se le suma que Cataluña dejaría de tener el
paraguas del Estado para refinanciar su deuda, que actualmente asciende a
51.779 millones.
La comunidad autónoma lleva tres años fuera de los
mercados y el Estado le ha tenido que facilitar préstamos por más de
22.000 millones de euros para amortizar varios créditos con la banca e
inversores minoristas.
El IEE agrava el problema de la deuda pública, ya que en su estudio
estima que la Generalitat debería asumir unos 150.000 millones de euros
de la deuda del Estado, en tanto que es su parte correspondiente por
peso en el PIB y que ese dinero ha servido para financiar
infraestructuras, servicios compartidos como Defensa o la corrección del
déficit de la Seguridad Social.
6. Fondos
europeos y la PAC
Las consecuencias negativas de salir de la UE no cesan, y es que la
inversión en innovación e infraestructuras también podría verse
resentida. Desde 1989, Cataluña ha recibido casi 10.400 millones de
euros de los distintos fondos de cohesión europeos con los que ha
financiado múltiples proyectos y ha subvencionado la actividad de
investigación de muchos centros. Con la inversión pública bajo mínimos y
sin estas ayudas, la Generalitat difícilmente podría suplir esta
ausencia con fondos propios. (...)
7. El boicot
del cava en mente
La caída de las ventas de empresas catalanas podría verse acrecentada si
se tiene en cuenta el posible boicot a sus productos, a tenor de lo que
sucedió en 2005 con el cava catalán en pleno debate sobre el Estatut de
Cataluña.
Modest Guinjoan y Xavier Cuadras, ambos profesores universitarios y
autores del libro Sense Espanya, tomaron este caso para hacer una
extrapolación al conjunto de la economía, con un efecto muy duro: caída
del 4% del PIB y pérdida de 130.000 empleos.
Mikel Buesa, catedrático en
la Universidad Complutense de Madrid, se muestra mucho más pesimista:
las ventas catalanas al resto de España caerían un 52% y el PIB
retrocedería un 20%.
8. Corredor Mediterráneo, adiós
La expulsión de Cataluña de la UE también podría tener efectos
perniciosos para el gran proyecto de infraestructuras que defiende la
Generalitat: el Corredor Mediterráneo.
Bruselas ha dado prioridad a este proyecto en detrimento del Corredor
Central, pero su visión podría cambiar: ¿tiene sentido financiar una
línea ferroviaria que cruza por una zona arancelaria y encarece el coste
del transporte?, se preguntaron los promotores del estudio del IEE en
su visita a Barcelona en marzo de este año.
9. Menos libertad para viajar
El alzamiento de fronteras y la posible salida del espacio Schengen
también tendrán un efecto privatizador a la libertad de movimiento de
los catalanes. Los ciudadanos de Cataluña, en caso de no poder mantener
la nacionalidad española, deberían viajar por la Unión Europea con
pasaporte y, en muchos casos, deberían solicitar permisos de residencia
para estudiar en el extranjero y de trabajo para poder crecer
profesionalmente fuera de la región.
10. Fuga de multinacionales
Ante este panorama, son muchos los expertos –incluso del ala
proindependentista– los que vaticinan una fuga, mayor o menor, de
empresas. Desde 2010 ya son más de mil firmas las que han dejado
Cataluña para instalarse en Madrid, con una fiscalidad más atractiva y
–tras un hipotético proceso de secesión– con un marco jurídico y
político mucho más estable.
También son muchos los pequeños empresarios que trasladarían su sede a
la capital de España por su rechazo al proceso soberanista, como quedó
de manifiesto en la visita de Esperanza Aguirre al Círculo Ecuestre de
Barcelona la pasada semana.
También está por ver si las multinacionales que hoy aún mantienen su
sede para España en Barcelona la trasladarían a otros puntos de España,
puesto que sería el mayor de los mercados ibéricos para muchos grupos de
gran consumo. De hecho, P&G ya ha llevado la sede de Arbora Ausonia
de Barcelona a Madrid." (Expansión, 24/09/2013)
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