En 2009 los ingresos del Estado en Cataluña fueron 45.184 millones y la aportación del Estado a Cataluña en forma de bienes y servicios públicos fue de 49.199 millones. El Estado prestó servicios a Cataluña por un valor superior a lo que recibió en impuestos.

"La segunda reflexión es que tanto el saldo de 16.410 millones del flujo monetario, como el de 11.261 millones del flujo beneficio son conceptos derivados. Centrándome exclusivamente en el flujo beneficio, que es la metodología correcta, 11.261 millones no es el saldo observado. 

No es el resultado de la resta entre lo que en 2009 el Estado obtuvo de Cataluña en forma de impuestos menos los servicios que el Estado prestó en Cataluña ese año. En 2009 los ingresos del Estado en Cataluña fueron 45.184 millones y la aportación del Estado a Cataluña en forma de bienes y servicios públicos fue de 49.199 millones. 

El saldo fiscal observado, por tanto, fue de -4.015 millones (=45.184-49.199); un saldo no solo menor, sino de signo negativo; un saldo a favor de Cataluña. En 2009 el Estado prestó servicios a Cataluña por un valor superior a lo que recibió en impuestos.

 Cataluña se benefició de la actuación fiscal del Estado por un importe equivalente al 2,1% de su PIB."       (Antoni Zabalza. Universidad de Valencia, Nada es gratis, 05/04/2013)

"La primera reflexión es que la cifra de los 16.410 millones surge de un enfoque metodológico ― el del flujo monetario ― que es incorrecto. El problema viene de que para prestar un servicio público, el Estado tiene que contratar unos determinados inputs. 

Dónde residen estos inputs o dónde se pagan estos contratos, que son los puntos de referencia que toma en consideración el enfoque del flujo monetario, es algo que puede ser muy distinto de dónde residen los beneficiarios del servicio en cuestión, que es lo que nos interesa y mide el enfoque del flujo beneficio. 

Un par de ejemplos, muy concretos, pueden ayudar a entender la diferencia entre estos dos enfoques.  (...)

Supongamos que se ha declarado una epidemia agrícola motivada por un mosquito particularmente maligno que afecta a Extremadura y a la parte occidental de Andalucía. La única empresa, de reputación internacional y altamente próspera, que puede hacer frente al problema, desarrollando el pesticida adecuado y llevando a término la aplicación del mismo, es catalana. 

Su sede está en Barcelona y todos sus trabajadores residen en Cataluña. Después de los pertinentes contactos el Ministerio de Agricultura firma un contrato con la empresa por valor de 50 millones de euros ¿Cómo reflejarían esta actuación económica del Estado las dos metodologías anteriores?

 La del flujo beneficio simplemente se fijaría en quienes son los beneficiarios de la operación y asignaría la totalidad de este gasto a Extremadura y Andalucía en proporción a las correspondientes áreas afectadas; a Cataluña no se le asignaría gasto alguno.

 En cambio, la del flujo monetario se fijaría en donde reside quien ha recibido los recursos de esta actuación y asignaría este gasto del Estado en su totalidad a Cataluña; a Extremadura y Andalucía no se les asignaría nada.

Es evidente que el flujo monetario no es el enfoque adecuado para responder a la cuestión de qué servicios obtiene un territorio a raíz de la actuación del Estado. Alguien podría decir que los 50 millones han ido a parar a Cataluña lo cual es bueno para los catalanes y para la actividad económica de esta comunidad. A los efectos de la cuestión que nos ocupa esto es irrelevante.

 Los 50 millones son el coste en el que la empresa ha incurrido para desarrollar y aplicar el pesticida, más el beneficio asociado. La transacción es por definición equilibrada ¿Influyen estos 50 millones en el bienestar de los catalanes o en la actividad económica de la región? No. Lo que influye es la existencia de esta empresa y su know how. 

Si el Estado no la hubiera contratado para este particular trabajo, la empresa habría podido cumplir pedidos de otros clientes. Los 50 millones cubren el coste de oportunidad de la empresa. Quienes realmente se benefician de esta actuación del Estado son los agricultores de Extremadura y Andalucía, por mucho que la empresa que ha resuelto el problema sea catalana.

Esta cuestión puede parecer un detalle técnico sin importancia, pero tiene un efecto muy significativo: Los 16.410 millones de saldo fiscal según el enfoque del flujo monetario se convierten en 11.261 millones según el enfoque del flujo beneficio. El saldo fiscal dado por la Generalitat está sobreestimado en un 45,7%."          (Antoni Zabalza. Universidad de Valencia, Nada es gratis, 05/04/2013)