"Uno de los aspectos más sorprendentes del creciente auge del
independentismo entre la mayoría de los políticos catalanes en activo
son los endebles pilares económicos sobre los que se asienta.
Dan por
sentado que si Cataluña hubiera sido un estado independiente los
catalanes disfrutarían hoy de un nivel de bienestar más elevado y que si
Cataluña accediera a la independencia en 2014 su nivel de vida
mejoraría inmediatamente al eliminar el injusto déficit fiscal que
atenaza su economía. (...)
Resultados obtenidos con las tablas input-output de Cataluña de 2005
indican que las exportaciones de Cataluña al resto de España explican
cerca del 50% del valor añadido y el empleo en la mayoría de los
sectores agrícolas e industriales (en algunos casos bastante más) y el
40% en los sectores de servicios privados.
Resulta obvio que la
independencia de Cataluña podría reducir sustancialmente dichas
exportaciones con consecuencias desastrosas para los sectores más
dinámicos de la economía catalana, efectos que podrían verse reforzados
por la contracción del turismo del resto de España en Cataluña, la
aplicación del arancel de la UE a las exportaciones catalanas y la
deslocalización de empresas. (...)
No podemos pues descartar que el gobierno español destituya al gobierno
catalán o suspenda el Estatut con consecuencias imprevisibles y poco
halagüeñas. Como economista, prefiero no adentrarme en este terreno y
limitarme a examinar el proceso de independencia como si pudiera
desarrollarse sin generar un conflicto político dramático.
A la ruptura
de las privilegiadas relaciones comerciales con España y la segura
exclusión de la UE ya mencionadas, hay que sumar otras dificultades
sobre las que los políticos independentistas catalanes han evitado
cuidadosamente hablar: el reparto de la deuda pública y el capital
público acumulados tras varios siglos de historia compartida y las
consecuencias de la “eurización” de Cataluña. (...)
Dejo aquí en el aire un par de preguntas que ilustran la dificultad
de alcanzar un acuerdo civilizado sobre estas materias entre los
gobiernos de España y Cataluña.
¿Cómo va a hacerse cargo la Generalitat
de Cataluña de la parte de la deuda pública que le corresponde -pongamos
150.000 millones- si hoy no dispone de recursos para pagar a sus
proveedores ni hacer frente a los intereses de su propia deuda?
¿Cómo
puede repartirse equitativamente entre dos Estados un stock de capital
público diseñado en forma de red que resulta indispensable para el buen
funcionamiento del resto de la economía española?
Mi impresión es que no
hay una solución satisfactoria para estas preguntas ni deseo alguno por
parte de los políticos independentistas de encontrarla.
A examinar la
inestabilidad financiera y los flujos de capital que ocasionará la
“eurización” (y posterior “deseurización”) de la economía catalana
dedicaré un próximo artículo.
Hacen mal los políticos catalanes en presentar el futuro de una
Cataluña independiente como un camino de rosas porque en el escenario
más optimista -el Gobierno español ignorando el mandato constitucional
no adopta “las medidas necesarias” para salvaguardar el interés general-
tendrá consecuencias muy negativas sobre las exportaciones, el turismo,
el coste de financiación de las empresas, la inversión extranjera y la
estabilidad del sistema financiero. Esperemos no llegar a comprobarlo." (Caffe Reggio, 14/03/2013, Clemente Polo, Expansión)
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