"Desde la reinstauración de la democracia, a Convergència i Unió (CiU) le ha gustado creerse un rol central en la vida política catalana: un pelín a la izquierda del PP y varias cabezas más a la derecha del PSOE, ni independentista ni lo contrario.
Sin embargo, en esta última legislatura, la formación del mediocampo ha
comenzado a escorarse por las bandas.
El socialcristianismo ha cedido
ante un cada vez más indisimulado liberalismo, mientras que la apuesta por el Estado propio ya no deja lugar a dudas. Sólo hay un ámbito en el que CiU sigue en medio: la corrupción.
Prácticamente todos los escándalos destapados en Catalunya le salpican
en el ojo del huracán.
Si la federación nacionalista aún conserva algún
centro es ese: el de los meollos, el de los contactos con empresarios,
comisionistas y conseguidores, el de los trapicheos.Históricamente, la política catalana ha tendido a verse a sí misma como una especie de oasis con respecto a la española.
"Existen dos visiones contrapuestas. En 1936 se acuñó ese término para
definir una política menos agitada que la de Madrid. Pero desde los
sectores críticos del catalanismo se utiliza como sinónimo de la falta
de voluntad para destapar escándalos de corrupción", señala a Público Xavier Casals, autor del libro El oasis catalán: espejismo o realidad.
En cualquier caso, en la última década una serie de borrascas han terminado por arruinar el plácido microclima del palmeral. Los primeros nubarrones los desató en 2005 el president Pasqual Maragall, cuando dirigiéndose a la bancada convergente —entonces en la oposición— espetó: "Ustedes tienen un problema y se llama tres por ciento".
Aludía a una supuesta práctica acuñada durante las dos décadas de
pujolismo, en las que la administración autonómica habría exigido un
pellizco a las empresas adjudicatarias de obra pública.
Pero, como lo dijo quien lo dijo, se contraatacó tildándolo de una maragallada más. Sin embargo, cuatro años más tarde una tormenta tronaba en el interior del Palau de la Música catalana. A su responsable, Felix Millet i Tusell, prohombre y patriota, se le acusa de expoliar con sordina más de 30 millones de euros si bien el juez ha declarado a Convergència Democràtica de Catalunya responsable civil "a título lucrativo".
Maragall sabía de lo que hablaba: Millet ya había pasado por la
cárcel a mediados de los 80 por un delito de estafa, pero ello no le
impidió recibir la Creu de Sant Jordi —la más alta condecoración
catalana— en 1999 de manos de Jordi Pujol. Quién sabe si cuando se la
impuso el Molt Honorable, ambos evocaron mentalmente sus apuros
conjuntos durante el caso Banca Catalana, el primer gran escándalo
judicial de CDC.
En 1984, las pesquisas sobre Banca Catalana se instrumentalizaron desde las filas convergentes como un ataque de Madrid contra Catalunya y sus instituciones. Algo parecido a lo que ha ocurrido tres décadas después con el Palau,
que según las investigaciones judiciales habría servido para desviar
hasta 5,9 millones de euros hacia las arcas de CDC, básicamente a través
de donaciones de empresas —como Ferrovial— a cambio de concesiones de
obra pública —como la línea 9 del metro—.
El entonces responsable del
departamento de Obras Públicas, Felip Puig, está hoy al frente de los
Mossos, un detalle que puede explicar por qué el juez Josep Maria Pijuan
ha preferido encargar las pesquisas a la Policía Nacional y no al
cuerpo autonómico.
Las evidencias son tales que, este verano, el partido
tuvo que aportar su sede en el carrer Còrsega como parte de la fianza
de 3,2 millones impuesta por el juez Pijuan.
Apenas existe
conexión evidente entre el Palau de la Música y Santa Coloma de
Gramenet. El primero constituye un templo del catalanismo burgués que a
principios del siglo pasado alimentó con su dinero sus aspiraciones
patrióticas.
Remachada en estilo modernista —el arte nacional de Catalunya— su sede en la Vía Laietana no puede diferir más de las grises construcciones de ladrillo vista de Santaco,
en el extrarradio barcelonés, improvisadas durante los 60 para alojar
el aluvión migratorio del sur de España.
A un punto y otro, a pesar de
distar apenas once kilómetros, los separan varias capas sociales y
económicas. Vistos con perspectiva, suponen dos enclaves en las
antípodas.
Sin embargo, hay algo que los une. También en Santa Coloma estalló un
caso de corrupción que, a pesar de contar con ramificaciones a otros
partidos (PSC, PP), volvía a involucrar las siglas de Convergència
Democràtica de Catalunya. En este caso, la operación Pretoria afectó a Lluís Prenafeta, hombre de la más íntima confianza de Pujol, y Macià Alavedra, su conseller de Finanzas.
Ambos desfilaron ante las cámaras esposados —junto con el alcalde
socialista de la localidad, Bartomeu Muñoz—, y según un informe de la
Fiscalía Anticorrupción se embolsaron más de 600.000 euros cada uno en
comisiones urbanísticas. Alavedra, que ya había mantenido turbias
relaciones con Javier de la Rosa y estuvo implicado en el caso Estevill
—el más grave ejemplo de corrupción judicial detectado en la España
democrática—, tuvo que dimitir en 1997 por sus actividades financieras
en paraísos fiscales. Después de pagar un millón de euros como fianza,
Alavedra sigue jactándose de hablar "a menudo" con la cúpula de CDC.
Mientras el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz instruye su caso, no dejan de aparecer nuevos escándalos. Hace unos meses, la Agencia Tributaria tildó a Oriol Pujol, único hijo del president con carrera en la administración pública, como "colaborador necesario" de una red de concesiones amañadas de las ITV.
En ese mismo caso también aparece el nombre de Josep Tous, director
general de Consumo y Seguridad Industrial de la Generalitat entre 1994 y
2004. Tous dimitió el pasado marzo como número dos de la Diputación de
Barcelona. Oriol Pujol, por su parte, ha negado en sede parlamentaria
cualquier implicación —"no soy ni colaborador, ni necesario"—, a pesar
de las grabaciones telefónicas en las que se le escucha diseñando un
mapa teledirigido de concesiones de ITV con Heribert Padrol, ex diputado
de CiU en el Congreso de los Diputados.
Sanidad: no sólo recortes
Un
ámbito en el que el govern de Artur Mas se ha mostrado especialmente
activo a la hora de recortar, el de la Sanidad, también alberga algunos chanchullos con convergentes de fondo.
Hoy mismo declara como imputado Josep Prat, hombre fuerte de CiU en
este ramo, tras una denuncia de la formación anticapitalista CUP ante la
fiscalía de la Audiencia Nacional por supuesta prevaricación. Prat, que
atesora una extensa agenda de contactos fruto de su acumulación de
cargos públicos y privados —un mero "conflicto estético", a juzgar por
el conseller Boi Ruiz—, dimitió en junio como presidente del Instituto
Catalán de Salud.
Entre otras irregularidades, se le investiga por
lucrarse con un centro de menores de la Generalitat y realizar unos
pagos injustificados de 720.000 euros al también convergente Carles
Manté a través de una empresa municipal de Reus.
Pero la estrella
de las corruptelas en el sector sanitario no se ubican en Tarragona,
sino en Girona: los periodistas Dante y Marta Sibina han destapado en su
revista Caféambllet el caso de
Ramón Bagó. Como presidente del Consorci Sanitari de Catalunya, Bagó ha
adjudicado servicios por valor de 12 millones de euros al grupo de
restauración Serhs.
¿Dónde está la irregularidad? Pues en que Bagó,
además de ex alcalde de Calella por CiU, es también propietario de la
empresa. Ventajas de concentrar al contratante y al contratado en una
misma persona.
Una de las esperanzas de Caféambllet —que ya ha sufrido alguna demanda de Convergència por vulneración del honor— pasa por que el caso llegue a la
Oficina Antifraude de Catalunya.
Creada tras la llegada de ERC al
Govern, este organismo ajeno al control político se contempla desde las
filas de CiU como un ariete de desgaste. No es ningún secreto que
la llegada de Mas al Palau de la Generalitat ha congelado sus
actividades ni parece descartable que una hipotética mayoría absoluta el
próximo domingo significara su cierre.
Convergència, de hecho, no
menciona la lucha contra la corrupción en su programa electoral. Esa
independencia, la del poder político con respecto a los intereses de
partido o los compadreos de empresa, no parece tan urgente." (Público, 22/11/2012)
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