23/11/12

Ante un nacionalismo catalán que ataca con creciente virulencia los derechos cívicos y sociales, hay que plantearse la posibilidad de la desobediencia pacífica y democrática ante un poder ilegítimo

"Sobre el fondo de una crisis económica sin precedentes, que sirve de combustible a discursos identitarios excluyentes en toda Europa, Cataluña avanza a lomos del nuevo populismo independentista hacia una escisión social en dos comunidades divergentes. 

La primera, articulada en torno a las bases tradicionales del nacionalismo y a sus clases dirigentes, experimenta una progresiva radicalización populista y desarrolla una creciente beligerancia no sólo hacia “España”, sino también hacia la tradicional pluralidad identitaria y lingüística de la sociedad catalana. 

Es a esta desafección, a la vez hacia fuera y hacia dentro de Cataluña, a la que las terminales mediáticas del nacionalismo, tanto públicas como privadas, sirven a la vez de pólvora, de mecha y de humo.

La segunda comunidad, sociológicamente urbana y trabajadora, económicamente más vulnerable, escasamente nacionalista (ni española ni catalana) y de identidad preferentemente mixta, ha mostrado históricamente una movilización política más débil en la política autonómica (como muestra el persistente fenómeno de abstención diferencial entre las elecciones regionales y las legislativas) y no ha tenido un acceso más que subsidiario a los medios de comunicación nacionalistas y al imaginario catalán que éstos han construido y difundido en las últimas décadas. 

Esta comunidad ha sido -y sigue siendo- demográficamente mayoritaria. Sin embargo, su rol social y político en Cataluña ha sido históricamente el de una minoría, una minoría tolerada por el catalanismo dominante, pero sólo en la medida en que se mantuviera al margen de los asuntos públicos autonómicos: una mayoría minorizada, los más débiles socialmente y los ignorados -cuando no despreciados- culturalmente.

La novedad de este curso político es que incluso este precario y muy desigual equilibrio resulta demasiado generoso para las élites dirigentes en Cataluña.(...)

 La espiral del silencio que ha consagrado el monopolio mediático catalanista en las últimas décadas está dando paso a la imposición de un falso consenso en sus exactos términos: individuos que critican a otros con los que en el fondo están de acuerdo por temor a ser menospreciados en caso de manifestar lo que realmente opinan.(...)

 Los sectores obreros y populares de Cataluña más refractarios al catalanismo han sido también uno de los principales bastiones sociológicos y electorales de la izquierda española, en el que ésta se ha apoyado históricamente para construir el Estado del bienestar en España y consolidar una red de servicios públicos y prestaciones sociales -educación, sanidad- con vocación de calidad, universalidad y justicia social.

Y son, por tanto, los sectores que más beligerantes podrían mostrarse a priori con los durísimos recortes que el gobierno convergente ha aplicado sobre la sanidad y la educación, al tiempo que preservaba la “prioridad nacional” y los gastos ligados a su estrategia identitaria. 

En ese sentido, resulta ilustrativa, por reveladora de la estrategia catalanista subyacente, la temprana acusación de “españolismo” que el nacionalismo lanzó contra el Movimiento 15M cuando éste inició sus movilizaciones en Cataluña contra las políticas neoliberales de la Generalidad convergente. (...)

 Hay más consecuencias. La escalada identitaria que lidera el Gobierno autonómico nacionalista catalán y sus aliados político-mediáticos, la retórica totalitaria -sacrificial y mesiánica por momentos- de sus dirigentes y portavoces, empeñada en glorificar el dictado de los “sentimientos” frente al imperio de la razón, de las leyes y las instituciones democráticas; la continua descalificación del marco constitucional -contrapuesto a una supuesta “voluntad del pueblo” que el nacionalismo dice encarnar- por parte de quienes deberían ser sus máximos garantes en Cataluña, así como la progresiva impunidad de las violaciones de la ley cuando éstas tienen un sentido político y favorable a los intereses del nacionalismo; están extendiendo en Cataluña un clima de quiebra definitiva de la ley democrática y, con ella, las bases de la convivencia en el seno de una sociedad plural.

El caso del Tribunal Constitucional refleja como pocos la dinámica de desprecio al ideal democrático por parte del nacionalismo: las instituciones democráticas se respetan cuando sirven y se descalifican sin miramientos cuando dejan de hacerlo.  (...)

 Contra lo que se afirma con demasiada ligereza, la democracia descansa, además de en el gobierno de la mayoría de los que votan, en el común respeto al imperio de la ley democrática -que obliga igual a gobernantes y a gobernados- y en la consolidación de un complejo equilibrio de poderes y contrapoderes institucionales, todos autónomos pero ninguno completamente independiente de los demás, en el que la legitimidad democrática es compartida o no es.  (...)

Y es esa combinación la que el nacionalismo catalán ha decidido finalmente abatir en Cataluña al declarar que no se siente comprometido con la legalidad, que cumple cuando le da la gana y que queda en suspenso cuando no, situándose así en el terreno de la arbitrariedad y poniendo, por tanto, en peligro la libertad republicana, merced a la cual no estamos sometidos a la voluntad arbitraria de nadie porque el imperio de las leyes así lo asegura. El terreno de déspota, sin más.    (...)

Un catalanismo excluyente que ha expropiado definitivamente las instituciones autonómicas al conjunto de los ciudadanos, deslegitimándolas al ponerlas al servicio de una estrategia de exclusión, polarización y enfrentamiento identitario y que, a la vez, ataca frontalmente los derechos sociales de esos mismos ciudadanos a los que desprecia, como se ha mostrado superlativamente en el caso de la sanidad pública. 

Las clases no afines al catalanismo dirigente están legitimadas para resistir democráticamente a un poder que se sitúa por encima de la ley democrática común, máxima garantía de los derechos y las libertades -especialmente las de los sectores más vulnerables-; a un poder que ha disuelto los complejos equilibrios entre instituciones públicas que caracterizan cualquier Estado democrático y de derecho; a un poder que ataca con creciente virulencia los derechos cívicos y sociales, aprovechando la gravedad de la crisis social y económica y la debilidad de los contrapoderes institucionales del Estado; a un poder que alimenta la radicalización identitaria en Cataluña y la dirige contra los tibios ajenos al núcleo militante del catalanismo.

En este contexto, quizá sea cosa de comenzar a plantearse la posibilidad de la desobediencia pacífica y democrática ante un poder ilegítimo."     (lavozdebarcelona.com)

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