"El Gobierno planteará una reforma de la ley electoral
para que puedan votar en los comicios autonómicos los vascos y navarros
que se han visto obligados a vivir en otras comunidades autónomas por
la presión terrorista.
Según ha anunciado hoy el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la reforma implica modificar el artículo 33 de la Ley de Régimen Local y permitirá votar a quienes acrediten haber residido en el País Vasco y Navarra durante un plazo mínimo de cinco años desde 15 junio de 1977.
Para Jorge Fernández, la reforma es "viable" y "posible" técnica, jurídica y constitucionalmente. El ministro ha expuesto las conclusiones de un seminario en el que 20 expertos juristas
han analizado el derecho al voto en el País Vasco y Navarra de quienes
se han visto obligados a abandonar estas comunidades autónomas por la
amenaza de ETA.
La importancia de esta reforma es significativa, puesto que alteraría
el censo electoral. De hecho, los partidos nacionalistas han recibido
con críticas esta propuesta, puesto que a su juicio, "manipularía" y
cambiaría "artificialmente" el mapa electoral.
Según el Foro Ermua, más de 200.000 vascos han
abandonado en las tres últimas décadas Euskadi amenazados directamente
por ETA o "asfixiados por la falta de libertad e impunidad legal". (El Mundo, 25/07/2012)
"Ayer, durante su presencia en el Fórum Europa de Bilbao, en el que presentó al presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti,
insistió en la necesidad de que “puedan tener reconocido su derecho de
sufragio aquellos vascos que por el terrorismo tuvieron que salir de
Euskadi y trasladarse a otras zonas de España”.
Admitió la dificultad
política y jurídica de la iniciativa, tanto en público como luego en
conversación con EL PAÍS, pero recalcó también que no por ello va a
arredrarse. “Vamos a intentar encontrar la respuesta legal a lo que nos
parece que es de justicia”, ratificó. (...)
A la incertidumbre jurídica sobre una posible vulneración de la
igualdad, materia en la que inciden los detractores de la propuesta, se
suma la dificultad de definir con exactitud el concepto de exiliado, así
como el número total de afectados.
“No hay un número ni siquiera
aproximado, qué va. Una cosa es cuánta gente se marchó por todos los
motivos y otra cosa es cuánta gente, una vez que se reconociese el
derecho estaría dispuesto a acogerse a él”, recalca un dirigente popular
implicado en la posible reforma.
Algunos —pocos— de quienes se vieron obligados a cambiar de
residencia por ETA siguen censados en Euskadi. Otros, en cambio, están
arraigados ya en otras comunidades autónomas y no desean retomar
vínculos con Euskadi. (...)
Para el PP y el Gobierno, con todo, por encima de dificultades lo
importante es el reconocimiento mismo del derecho. “Esto es mucho más
profundo que un resultado electoral, que una táctica cortoplacista. Esto
es la verdadera normalidad del País Vasco”, defendió Basagoiti." (El País, 22/05/2012)
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