"Resarcir a una víctima de un delito de sangre es imposible. No se puede devolver la vida. Pero la ley penal, que tiene como fin la reinserción, ha fijado unas pautas para que los presos por terrorismo puedan acogerse a beneficios penitenciarios: exige a los etarras que pidan perdón, paguen las indemnizaciones y rechacen la violencia pasada y futura.
Valentín Lasarte, con más de 300 años de cárcel a sus espaldas por siete asesinatos, entre otros los del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez y del dirigente socialista Fernando Múgica, cumplió estos requisitos y fue acercado a prisiones del País Vasco. En enero fue trasladado a Nanclares de Oca (Álava), donde Interior agrupa a los disidentes de la banda.
Ahora Lasarte ha dado un paso más, no exigido en la ley: ha prometido que no volverá a residir en San Sebastián, su ciudad natal, ni en ningún otro lugar de Euskadi donde viva alguna de sus víctimas para no herir su sensibilidad y evitar la posibilidad de un encuentro." (El País, 20/02/2011, p. 16)
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