"Diversos analistas políticos y juristas han señalado el carácter
aberrante de la anunciada Ley del Referéndum. Una norma ordinaria que
vulnera el principio elemental de jerarquía jurídica al saltarse las
prescripciones tanto de la Constitución española como del Estatut
d’Autonomia de Catalunya, ambas de rango superior. (...)
Aquí cuentan a su favor con la total ausencia de sentido crítico de
su base electoral, que creyó en el programa de Junts pel Sí donde no se
mencionaba el referéndum –considerado una pantalla pasada por utilizar
el lenguaje procesista– y se prometió la elaboración de una Constitución
catalana que sería aprobada y refrendada en 18 meses, tras lo cual se
procedería a una declaración unilateral de independencia.
Una notable
diferencia respecto a la militancia de otros partidos como el PSOE, cuya
militancia, en las pasadas primarias, desoyó las directrices del
aparato y votó masivamente a favor de Pedro Sánchez.
Dos son las únicas novedades del texto anunciado. En primer lugar, se
invoca la legislación internacional sobre el derecho a la
autodeterminación para invalidar la vigencia del ordenamiento
jurídico-político español. Una argumentación capciosa y mendaz, pues es
de sobras conocido que el derecho a la autodeterminación de la ONU solo
se aplica a los pueblos sometidos a dominación colonial u ocupación
militar que impida su libre desarrollo.
Una doctrina aclarada por el
anterior secretario general de Naciones Unidas en su visita a Barcelona
en 2015 cuando manifestó: “Catalunya no está en la categoría de pueblos con derecho a la autodeterminación”.
Tampoco cumple con las prescripciones de la Comisión de Venecia que
reclama, entre otras cosas, el plazo de un año entre la aprobación de
las normativas legales del referéndum y su celebración y exige su
adecuación al ordenamiento constitucional del Estado de
referencia. Ahora bien, aquí lo que interesa subrayar es que esta
mendacidad será uno de los leitmotivs argumentales de los
dirigentes independentistas para orillar el obstáculo que supone el
choque frontal con la legalidad española.
Una falsedad que será repetida
hasta la saciedad por los medios de comunicación de la Generalitat y
afines y que será creída a pies juntillas por las clases medias
atomizadas y despolitizadas, base social del movimiento independentista
para quienes el nacionalismo y la secesión más que una opción política
es una religión laica. De ahí que en ellas la fe se imponga a la razón.
La segunda novedad radica en el propósito de declarar la
independencia unilateralmente a las 48 horas de realizado el escrutinio
si hubiera un solo voto favorable a la secesión. Ello a despecho de las
prescripciones de la Comisión de Venecia, pues ni se establece un quórum
de participación, ni una mayoría reforzada para declarar válido el
resultado de la consulta.
También se oblitera, como se establece en la
Ley de la Claridad canadiense, la necesidad de establecer negociaciones
entre los dos gobiernos implicados para concretar el traspaso de poderes
en caso de victoria de los partidarios de la separación.
En realidad, como apuntó Ada Colau, se busca que participen
masivamente los electores independentistas; pero también, añadimos
nosotros, una pequeña cifra de votantes contrarios a la secesión a fin
de dotar de una apariencia de legitimidad a la consulta para lo cual
resulta imprescindible el concurso del espacio de los Comunes.
Como
hemos indicado en diversas ocasiones, el movimiento independentista
realiza sistemáticamente un uso instrumental de los procedimientos
democráticos: se invocan cuando son útiles a la causa de la secesión y
se desechan cuando constituyen un obstáculo. Como sucede, solo por poner
un ejemplo, con la reforma del reglamento del Parlament para aprobar en
lectura única y sin debate tanto la ley del referéndum como las de
desconexión. (...)
Estamos, si se nos permite la metáfora, ante un campo minado donde cualquier movimiento en falso puede provocar una explosión.
En parte, esta es la intención de amplios sectores de los dirigentes
del movimiento secesionista que, mediante reiteradas provocaciones,
buscan una reacción violenta del gobierno español como factor de
movilización interna y para recabar el apoyo de la comunidad
internacional. (...)" ( Antonio Santamaría , El Viejo Topo, 07/07/17)
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