"Empecemos por el final. Según lo prescrito por el Derecho
Internacional, a un Estado sólo se le puede considerar plenamente
soberano si ejerce un control efectivo sobre el territorio que gobierna.
Desde 2012, en Catalunya diversos dirigentes políticos, periodistas_ e
intelectuales independentistas han coqueteado con la idea de proclamar
una "declaración unilateral de independencia", a partir de la premisa de
que el Estado español no va a permitir un referéndum de
autodeterminación y mucho menos una secesión pactada.
A todos los que
han fantaseado con esa idea, lo primero que habría que preguntarles es
cómo piensan tomar el control, el día después de la citada declaración,
de las fronteras, los puertos y los aeropuertos catalanes, esto es, de
esos lugares por donde transitan cosas tan vitales para la economía
catalana como son las mercancías, los turistas y los recursos
energéticos.
Y también habría que preguntarles cómo piensan expulsar a
los militares, guardias civiles y policías españoles que ejercen sus
funciones en Catalunya. La cacareada DUI plantea otros muchos problemas,
pero comparados con los anteriores, el resto son collonades como diría Josep Pla.
A poco que se piense sobre ese asunto, se llega fácilmente a la
conclusión de que sólo hay dos vías para alcanzar los objetivos
antedichos: la violenta y la no violenta. La primera tendría como
resultado más que previsible unos cuantos muertos y heridos de los dos
bandos, y la segunda muertos y heridos únicamente del bando que hubiera
optado por la acción no violenta.
En todo caso, lo que sucedería después
del baño de sangre es imposible de prever. Podría ser, por ejemplo, el
inicio de un prolongado conflicto violento de alta o de baja intensidad.
Hay que amar muy poco a Catalunya y a los catalanes, para decirlo con
los términos místico-patrioteros tan del gusto de los nacionalistas,
como para fantasear con un escenario semejante, el cual parece imaginado
por aquellos maoístas que publicaban un periódico titulado "Servir al
pueblo" y que sus críticos traducían irónicamente como "Hervir al
pueblo".
Las mismas mentes preclaras que han flirteado con la idea de la
"declaración unilateral de independencia" han propuesto ahora un
"referéndum unilateral de autodeterminación" o, lo que es lo mismo, la
celebración de un referéndum para decidir, nada más y nada menos, que la
secesión de Catalunya teniendo en contra al Estado español.
Con
independencia de que eso por sí mismo ya supone una ruptura con el
ordenamiento jurídico vigente, creer que es posible llevar a cabo dicho
referéndum en esas circunstancias es como creer en la existencia de los
unicornios, las sirenas, los ángeles o el espíritu santo. Y eso lo saben
perfectamente los miembros del actual Govern de la Generalitat.
Lo saben porque fueron elegidos en las elecciones del 27 de septiembre de 2015 que ellos mismos bautizaron como plebiscitarias al
constatar que el Estado español no les permitía celebrar, mira por
dónde, un referéndum.
Si éste no se podía hacer en condiciones,
pensaron los del Junts pel Sí y la CUP, entonces
alternativamente se podían convocar unas elecciones que el Estado
español no podía prohibir porque estaban autorizadas por el propio
ordenamiento jurídico español.
Ciertamente no fue la mejor de las soluciones posibles, pero al menos aquellas elecciones plebiscitarias se
celebraron con las mínimas garantías exigibles a todos los procesos
electorales y/o refrendatarios: censo electoral fiable, colegios
electorales custodiados por la fuerza pública, junta electoral neutral,
sistema riguroso de recuento de votos, elección por sorteo de los
miembros de las mesas electorales y, esto es importante subrayarlo,
procedimientos reglados para poder recurrir las posibles
irregularidades, ilegalidades o pucherazos que se pudieran
producir.
Y, por cierto, en esas elecciones, que tuvieron una
participación elevada, fueron a votar los del SÍ y fueron a votar los
del NO y en la campaña electoral previa unos y otros pudieron exponer
sus argumentos a favor y en contra de la secesión. Como sabemos, el
resultado en votos de dichas elecciones (el único admisible para unas
elecciones plebiscitarias) consistió en una derrota para las fuerzas independentistas.
Los parlamentarios de CSQEP han invocado las condiciones de la
Comisión de Venecia como el mínimo exigible para apoyar un referéndum de
autodeterminación convocado por el Parlament. Eso está muy bien, pero
podrían haber añadido que era intolerable que, de entrada, ni siquiera
prometieran las mismas condiciones con las que se celebraron las
elecciones en las que ellos mismos salieron elegidos diputados.
Como eso
no lo van a poder asegurar porque, a diferencia de las elecciones del
27-S, ese hipotético referéndum va a ser boicoteado por el gobierno
español, ya se puede afirmar con toda seguridad que el uno de octubre no
va a haber ninguna clase de referéndum digno de ese nombre.
Ese día, sin duda, se llevará a cabo una importante movilización
social en Catalunya. La forma que adopte puede ser algo parecido a una perfomance con
urnas y colas de gente pidiendo votar. Es más que probable que ese día
cientos de miles de personas se echen a la calle y, tal vez, se
produzcan incidentes cuyo alcance y consecuencias no es posible prever
en este momento.
Esa movilización social e institucional va a tener
enfrente un Estado español sumido en la crisis política más grave desde
los tiempos de la transición. El 1-O podría ser un hito en la lucha por
la plena democratización del Estado español si ese fuese el objetivo
perseguido por los nacionalistas catalanes, pero el problema es que no
lo es.
Puigdemont, el día de la presentación de la pregunta y la fecha
de dicha perfomance participativa, afirmó que para él eso sería
un referéndum vinculante cuyo resultado empezaría a aplicar al día
siguiente. Es decir, que si a la perfomance susodicha van a
votar 500.000 personas y 350.000 votan a favor de la secesión, ésta
comenzará el día después con una "declaración unilateral de
independencia". Ese es el final deseado por los timoneles del procés cuyos desastrosos efectos prácticos ya se han apuntado al principio de esta nota.
Lleva razón Jordi Évole cuando dice que los dirigentes independentistas parecen haber apostado por la política del cuanto peor, mejor después de su derrota en votos en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015. (...)
En ese sentido vale la pena señalar que entre las bases de los
"comunes" ha empezado a circular una idea que convendría sopesar con
detenimiento: convocar el uno de octubre una manifestación en Madrid
(pues es allí donde no se permite a los catalanes decidir libremente su
futuro) con el lema: "Por la regeneración democrática de España.
Autodeterminación Sí. Independencia No".
Desde 2012 la agenda política catalana se ha centrado en un único
asunto y ese asunto ha excluido a todos los demás. No es que no se hable
de ellos, pero si se hace todo se posterga y se subordina al resultado
del interminable procés. En Catalunya, desde hace cinco años,
estamos esperando que llegue el gran día en que dé comienzo el milenio
de los justos, pero ese día se retrasa una y otra vez. Mientras tanto,
como ha escrito Guillem Martínez, la sociedad catalana ha quedado
anclada al Gobierno de la Generalitat. (...)" (José Luis Gordillo, Mientras tanto, 26/06/17)
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