Las cajas recogían ayer en una inusual declaración institucional -sólo han promovido algo parecido una vez en su historia, para condenar el 11-M- lo que dice la ley, y de paso ponían de manifiesto lo que ocurre en realidad. "Una vez los miembros de los órganos de gobierno han sido nombrados, están legalmente obligados a defender los intereses de su caja, por encima de cualesquiera otros (incluidos los de la entidad pública o privada que los designó)". Traducción libre: eso no ocurre en absoluto, como demuestra el avispero de Caja Madrid.
El presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, ha abogado en varias ocasiones por limitar la presencia de políticos en los órganos de gobierno al 25%, una cifra que figura ya en la ley catalana. La ley estatal eleva ese listón al 50%. "Cada vez que hay un problema en el sector se alude a la debilidad que supone el modelo de las cajas por las interferencias políticas", según fuentes del sector. (...)
El socialista José Blanco aseguró que los políticos y los sindicatos "tienen la llave" para cerrar la guerra en Caja Madrid. Eso es justamente lo que denunciaba ayer la CECA. Más y más presión en un momento delicado: las cajas cerraron 2008 con una morosidad del 3,65%, la mayor desde 1997." (El País, ed. Galicia, Economía, 22/01/2009, p. 24)Morosidad derivada de que cada Caja apoyó al "ladrillo" de su autonomía ¿Porque lo querían los políticos? ¿O todos querían los beneficios de la burbuja inmobiliaria creada con el dinero de las cajas? Culpables ¿sólo los políticos?
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