“El Gobierno lanza un ultimátum por el descontrol de la dependencia. Amenaza a las autonomías con cortar las ayudas ante la falta de información.
La falta de información impide comprobar cuántas personas, de las 200.000 estimadas, están siendo atendidas…El Ejecutivo ha dado un plazo de seis meses a las comunidades para que aclaren qué tipo de ayuda están recibiendo los ciudadanos registrados en el ordenador central del sistema de dependencia. Y también de los que inscriban en el futuro. De no ser así, no recibirán el dinero que el Ministerio de Educación y Política Social libra por cada uno de ellos. (…)
Cerca del 80% de las prestaciones concedidas a las personas con dependencia, mayoritariamente ancianos, no aparecen especificadas en el ordenador central. No se sabe si lo aprobado es una ayuda económica para el cuidador familiar o una plaza en un geriátrico o en un centro de día. "Necesitamos datos oficiales y rigurosos para poder saber si esos solicitantes están realmente atendidos", explica la secretaria de Política Social de CC OO, Pura García. "Por otro lado", añade, "esto permitirá hacer un seguimiento de las ayudas, si otorgan más prestaciones económicas, que la ley contempla como algo excepcional, o por conceder un servicio, como una plaza de residencia".
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