"La comparecencia de Pedro Sánchez junto al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, fue profundamente decepcionante al ser preguntado en rueda de prensa sobre la situación política en Cataluña, el paralelismo con Quebec y las posibles soluciones. (...)
Antes de jugar en el ámbito internacional y reunirse
con líderes progresistas para tratar temas globales, Sánchez debería
ser capaz de dar buenas respuestas y elegir bien los ejemplos. Y Canadá
era una gran oportunidad para desmontar muchos tópicos sobre la bondad de celebrar un referéndum secesionista.
Es descorazonador que se atreviera a señalar a Quebec
como lección o modelo para solucionar “crisis políticas”, cuando fue
justamente al revés.
La vía canadiense es un contraejemplo.
Recordemos que fue después del referéndum unilateral de 1995 y ante la
amenaza de los independentistas quebequeses de celebrar otra votación
hasta ganarla, cuando el ministro de Asuntos Intergubernamentales, Stéphane Dion,
elevó una consulta al Tribunal Supremo del Canadá para aclarar tres
cuestiones básicas.
Dicho organismo judicial concluyó esquemáticamente
que (1) no se puede celebrar un referéndum de secesión unilateral, (2) la pregunta ha de ser nítida, con un mínimo de participación y una mayoría clara, y (3) las partes del territorio consultado que voten por permanecer en Canadá no formarían parte del nuevo Estado independiente.
De esa trascendental sentencia judicial nació la Ley de la Claridad
(2000), que políticamente fue repudiada (todavía hoy) por los
independentistas porque la última palabra --sobre todo en la definición
sobre qué es una “mayoría clara”-- queda en manos del parlamento federal
de Otawa. Más aún, en caso de victoria secesionista en un hipotético
referéndum pactado, si en las negociaciones entre ambos gobiernos no se
llegase a un acuerdo, tampoco habría secesión.
Digámoslo claro: no hay nada más falaz
que la Clarity Act. La respuesta de los soberanistas fue aprobar en el
parlamento provincial otra ley (“sobre el ejercicio de los derechos
fundamentales y prerrogativas del pueblo quebequés”), afirmando el
derecho de autodeterminación y dando
por buena una mayoría de votos del 50% más uno.
En conclusión, es falso
que Quebec nos aporte una solución política acordada al conflicto
secesionista.
La Ley de la Claridad fue la fórmula con la que el
gobierno de Canadá frenó legalmente la celebración de otro referéndum
unilateral en contra, claro está, de la
voluntad de los independentistas. Así pues, Sánchez puso muy mal el
ejemplo y cayó en el tópico de la imagen edulcorada de dicho país que
tanto nos gusta en España cuando lo cierto es que jamás hubo acuerdo
entre las partes sobre el método.
Solo el cansancio de la sociedad
quebequesa entorno a esta cuestión y el miedo a repetir un escenario de
enorme tensión social como el que se vivió en 1995, ha ido haciendo que
con el tiempo el tema de debate ya no sea la soberanía sino las
cuestiones globales, como la inmigración, el mercado de trabajo, la
ecología, etc. De eso van las elecciones provinciales que se celebrarán
el próximo 1 de octubre en Quebec, y no de independencia.
La victoria se
la disputan, según los sondeos, los liberales federalistas del actual
primer ministro Philippe Couillard y una nueva lista de centro
nacionalista (Coalición por el Futuro de Quebec) explícitamente
contraria al referéndum, liderada por François Legault. Los
independentistas del histórico Partido Quebequés volverían a repetir un
mal resultado.
El secreto en Quebec no es la política sino el paso del tiempo.
Es lo que suele ocurrir con los conflictos irresolubles. También en
Cataluña la discordia en sus actuales términos (“referéndum o
referéndum”, decía Puigdemont; “libertad o libertad” sostiene ahora
Torra) no tiene solución. Cuanto antes lo aceptemos, mejor." (Joaquín Coll, Crónica Global, 26/09/18)
"La soberanía podría llegar a ser de Quebec en algún momento, pero inicialmente reside sobre el conjunto de la ciudadanía de Canadá.
(...) el caso quebequés trae enseñanzas para cualquier país que lidie con la posibilidad de una secesión. Pero son más, y más complejas, de lo que algunos pretenden.
Para empezar, los canadienses mostraron que es artificial distinguir entre soluciones políticas y jurídicas. Cualquier ley es producto de una negociación entre representantes elegidos dentro de un territorio soberano.
También aquellas que obligan al respeto por quienes las hacen cumplir. En el Canadá de los años noventa se recurrió a un fallo del Tribunal Supremo que determinó nítidamente que la secesión unilateral no era posible bajo la Constitución ni la ley internacional, y que la secesión negociada solo sería viable previa reforma constitucional.
A esto hay que añadir que los instrumentos democráticos solo tienen sentido dentro de un marco de soberanía. Antes que escoger una pregunta, un umbral de mayoría, o siquiera de plantear la posibilidad de un referéndum, es imprescindible delimitar quién tiene el poder de decidir sobre todo ello.
No de votar en el plebiscito, no, sino de diseñarlo. El Gobierno se basó en el fallo del Supremo para su Ley de Claridad, en la cual es el Parlamento canadiense y el conjunto de las provincias quien mantiene poder de veto sobre todo ello. En otras palabras: la soberanía podría llegar a ser de Quebec en algún momento, pero inicialmente reside sobre el conjunto de la ciudadanía de Canadá.
Hay un último aspecto fundamental: el mencionado fallo del Supremo contemplaba la posibilidad de que una parte del territorio quebequés decidiera quedarse en Canadá, admitiendo por tanto que la secesión era una calle de doble carril que debía garantizar el derecho de las minorías en el interior de Quebec.
Estos tres puntos forman un triángulo que acota cualquier solución política: debe partir de la ley actual, así como del poder de veto de quienes decidieron sobre ella (la ciudadanía española soberana), con lo que se mantiene también la capacidad de decisión de la porción no independentista de Cataluña. (...)" (Jorge Galindo, El País, 27/09/18)
"La soberanía podría llegar a ser de Quebec en algún momento, pero inicialmente reside sobre el conjunto de la ciudadanía de Canadá.
(...) el caso quebequés trae enseñanzas para cualquier país que lidie con la posibilidad de una secesión. Pero son más, y más complejas, de lo que algunos pretenden.
Para empezar, los canadienses mostraron que es artificial distinguir entre soluciones políticas y jurídicas. Cualquier ley es producto de una negociación entre representantes elegidos dentro de un territorio soberano.
También aquellas que obligan al respeto por quienes las hacen cumplir. En el Canadá de los años noventa se recurrió a un fallo del Tribunal Supremo que determinó nítidamente que la secesión unilateral no era posible bajo la Constitución ni la ley internacional, y que la secesión negociada solo sería viable previa reforma constitucional.
A esto hay que añadir que los instrumentos democráticos solo tienen sentido dentro de un marco de soberanía. Antes que escoger una pregunta, un umbral de mayoría, o siquiera de plantear la posibilidad de un referéndum, es imprescindible delimitar quién tiene el poder de decidir sobre todo ello.
No de votar en el plebiscito, no, sino de diseñarlo. El Gobierno se basó en el fallo del Supremo para su Ley de Claridad, en la cual es el Parlamento canadiense y el conjunto de las provincias quien mantiene poder de veto sobre todo ello. En otras palabras: la soberanía podría llegar a ser de Quebec en algún momento, pero inicialmente reside sobre el conjunto de la ciudadanía de Canadá.
Hay un último aspecto fundamental: el mencionado fallo del Supremo contemplaba la posibilidad de que una parte del territorio quebequés decidiera quedarse en Canadá, admitiendo por tanto que la secesión era una calle de doble carril que debía garantizar el derecho de las minorías en el interior de Quebec.
Estos tres puntos forman un triángulo que acota cualquier solución política: debe partir de la ley actual, así como del poder de veto de quienes decidieron sobre ella (la ciudadanía española soberana), con lo que se mantiene también la capacidad de decisión de la porción no independentista de Cataluña. (...)" (Jorge Galindo, El País, 27/09/18)
"La independencia desaparece de la agenda en las elecciones de Quebec. La secesión de Canadá ha dejado de ser una prioridad entre los partidos, mientras solo un 19% de jóvenes se declara separatista.
Entre las propuestas de los partidos para las elecciones generales en
Quebec el 1 de octubre, una brilla por su ausencia: es la primera vez en
48 años que la independencia no figura como un tema prioritario.
El
Partido Quebequés (PQ), la principal formación en favor de la secesión
de Canadá, comenzó a participar en los comicios en 1970 y el primer
artículo de su acta fundacional es, precisamente, lograr la
independencia. Hoy, en el caso de que ganara —algo que de momento no ven
los sondeos— el partido ya no tiene prisa por organizar un nuevo referéndum, después del segundo que se celebró en 1995. Al menos, no en los próximos cuatro años.
Jean-François Lisée, un antiguo periodista y asesor político, fue
elegido como líder del PQ en octubre de 2016. Lisée ha manifestado que
no convocaría un nuevo referéndum en un primer mandato al frente del
Gobierno, sino después de 2022, siempre y cuando ganase ahora y
consiguiera la reelección dentro de cuatro años. Esto también dependerá
de las negociaciones con Ottawa, a raíz de la Ley de Claridad aprobada
en junio de 2000.
“Lisée sabe que el tema de la independencia no es prioritario, sobre todo entre los jóvenes. Su partido busca renovarse. Cuando llegó a la jefatura del PQ, el promedio de edad de sus miembros era de 61 años. Prefiere que sea un asunto para más adelante”, comenta Éric Montigny, profesor de Ciencia Política en la Universidad Laval (Quebec). (...)
Jérémie Turbide tiene 24 años y estudia Comunicación en la Universidad de Montreal. Dice que su voto dependerá de aspectos como la educación y la salud; no de las posturas respecto a la independencia. “La sociedad no es la misma que en 1995, año en el que se celebró el último referéndum. El tema puede ser de importancia para algunos, pero no ocupa ya un primer plano como en la generación de mis padres”, cuenta.
Según una encuesta de la firma Ipsos, publicada la semana pasada, solo el 19% de los jóvenes entre 18 y 25 años se considera independentista. La secesión de Quebec apareció en el último lugar entre una lista de 14 temas sobre la elección. El 55% de los encuestados se definió ante todo como quebequés (la cifra llega al 66% entre los francohablantes). (...)
Éric Montigny afirma que la generación actual ha vivido un proceso de politización distinto. “Por ejemplo, la crisis estudiantil de 2012 tuvo un gran impacto. Durante décadas, la politización se daba con base en las relaciones con Ottawa o a debates constitucionales. Esto puede cambiar, por supuesto, en caso de una nueva coyuntura, pero hoy la prioridad no está puesta en la independencia”, agrega.
Dos temas han cobrado mayor peso en la campaña. Quebec tiene autonomía en materia de inmigración por un acuerdo firmado con Ottawa en 1991. La provincia recibe a unos 50.000 individuos cada año. Couillard se compromete a aceptar entre 49.000 y 53.000.
Los pequistas —así se suele llamar a los miembros y simpatizantes del PQ— dicen que la cifra actual es muy alta para asegurar su integración, y sugieren que la auditora general de Quebec proponga un número más viable. También quieren privilegiar en el proceso de selección a las personas que ya dominen el francés.
Por su parte, la CAQ plantea reducir la cifra de inmigrantes (de 50.000 a 40.000), quienes deberán aprobar, tres años después de su llegada, un examen de “valores quebequeses”, con elementos como la igualdad entre hombres y mujeres, el apego a la laicidad y una prueba de francés. El líder de la CAQ ha sido acusado en los debates de propiciar con estas propuestas un clima de miedo e intolerancia.
(...) el 1 de octubre, los quebequeses votarán por primera vez en décadas sin tener en sus cálculos inmediatos una nueva aventura independentista." (Jaime Porras, El País, 27/09/18)
“Lisée sabe que el tema de la independencia no es prioritario, sobre todo entre los jóvenes. Su partido busca renovarse. Cuando llegó a la jefatura del PQ, el promedio de edad de sus miembros era de 61 años. Prefiere que sea un asunto para más adelante”, comenta Éric Montigny, profesor de Ciencia Política en la Universidad Laval (Quebec). (...)
Jérémie Turbide tiene 24 años y estudia Comunicación en la Universidad de Montreal. Dice que su voto dependerá de aspectos como la educación y la salud; no de las posturas respecto a la independencia. “La sociedad no es la misma que en 1995, año en el que se celebró el último referéndum. El tema puede ser de importancia para algunos, pero no ocupa ya un primer plano como en la generación de mis padres”, cuenta.
Según una encuesta de la firma Ipsos, publicada la semana pasada, solo el 19% de los jóvenes entre 18 y 25 años se considera independentista. La secesión de Quebec apareció en el último lugar entre una lista de 14 temas sobre la elección. El 55% de los encuestados se definió ante todo como quebequés (la cifra llega al 66% entre los francohablantes). (...)
Éric Montigny afirma que la generación actual ha vivido un proceso de politización distinto. “Por ejemplo, la crisis estudiantil de 2012 tuvo un gran impacto. Durante décadas, la politización se daba con base en las relaciones con Ottawa o a debates constitucionales. Esto puede cambiar, por supuesto, en caso de una nueva coyuntura, pero hoy la prioridad no está puesta en la independencia”, agrega.
Dos temas han cobrado mayor peso en la campaña. Quebec tiene autonomía en materia de inmigración por un acuerdo firmado con Ottawa en 1991. La provincia recibe a unos 50.000 individuos cada año. Couillard se compromete a aceptar entre 49.000 y 53.000.
Los pequistas —así se suele llamar a los miembros y simpatizantes del PQ— dicen que la cifra actual es muy alta para asegurar su integración, y sugieren que la auditora general de Quebec proponga un número más viable. También quieren privilegiar en el proceso de selección a las personas que ya dominen el francés.
Por su parte, la CAQ plantea reducir la cifra de inmigrantes (de 50.000 a 40.000), quienes deberán aprobar, tres años después de su llegada, un examen de “valores quebequeses”, con elementos como la igualdad entre hombres y mujeres, el apego a la laicidad y una prueba de francés. El líder de la CAQ ha sido acusado en los debates de propiciar con estas propuestas un clima de miedo e intolerancia.
(...) el 1 de octubre, los quebequeses votarán por primera vez en décadas sin tener en sus cálculos inmediatos una nueva aventura independentista." (Jaime Porras, El País, 27/09/18)
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