"La escalada de tensión en torno a los lazos amarillos muestra cómo
aumenta la polarización en la sociedad catalana que se está trasladando
de los ámbitos políticos e institucionales a las calles y que se
exasperará en un otoño muy caliente. (...)
Una dinámica muy inquietante en la medida que la
confrontación se traslada del terreno político al social, incubando el
huevo de la serpiente de la confrontación civil, pues la violencia
verbal o simbólica suele preceder a la violencia física, como de hecho
ocurrió en el incidente del Parc de la Ciutadella o la agresión al
cámara de TeleMadrid confundido con un operador de TV3.
El movimiento de los lazos amarillos surgió a raíz del
encarcelamiento de los presidentes de Òmnium Cultural y ANC, Jordi
Cuixart y Jordi Sánchez, y se extendió con el ingreso en prisión y la
huida al extranjero de los líderes independentistas. El lazo amarillo es
un símbolo de origen anglosajón que conoció una gran difusión durante
la crisis de los rehenes en la embajada norteamericana de Irán
(1979-1981).
Ahora bien, si en Estados Unidos el lazo amarillo simbolizó
la unidad del pueblo norteamericano para lograr la libertad de los
rehenes, aquí expresa la profunda división de la sociedad catalana entre
partidarios y contrarios a la independencia.
El objetivo de la difusión de los lazos amarillos en
los espacios institucionales y las calles es doble. Por un lado, mostrar
la ocupación del espacio público para dar la imagen de que el conjunto
de Catalunya apoya la causa secesionista. Por otro, extender la tesis de
la existencia de presos políticos, lo cual implica una impugnación al
sistema democrático español equiparado a Turquía o Kazajstán.
Justamente, esta ocupación simbólica de los espacios institucionales y
de la vía pública ha sido percibida como una ofensa por sectores de la
población que se organizaron para retirar dichos lazos. Primero de modo
semiespontáneo en torno a las llamadas Brigadas de Limpieza, y luego con
el apoyo político de Ciutadans.
En este punto debe realizarse una distinción. La
presencia de lazos amarillos, esteladas, pancartas alusivas a la
libertad de los presos políticos en edificios públicos o la orwelliana
megafonía en la plaza del Ayuntamiento de Vic, resulta claramente
incompatible con la neutralidad exigible a los espacios institucionales,
como dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a
finales de julio contra el Ayuntamiento de Sant Cugat. (...)
Otra cuestión es la que atañe a la vía pública, que siempre ha sido un
espacio de expresión de las ideas políticas vía pancartas, carteles,
manifestaciones o mítines. No obstante, en este caso asistimos al
deliberado objetivo de monopolización simbólica de las calles, lo cual
ha provocado la reacción contraria.
Podría argüirse que no es
equivalente una acción positiva (poner lazos) con otra negativa
(quitarlos); ahora bien, la libertad de expresión puede ejercerse en
ambos sentidos como ocurre con la quema de fotos del Rey o las pitadas a
los himnos nacionales que, más allá de la valoración que nos merezcan,
deben considerarse manifestaciones legítimas de este derecho
fundamental.
Frente a esta compleja colusión de derechos, hemos asistido a dos
contradictorias tomas de posición del poder político. Por un lado, la
Fiscal General del Estado, María José Segarra, quien, desde una
concepción demoliberal, aseguró que no es delito ni quitar ni poner
lazos amarillos, al tratarse de una concreción de la libertad de
expresión.
Por otro, la perspectiva autoritaria del president vicario de
la Generalitat, Quim Torra, quien en un artículo en El Periódico de Catalunya,
basándose en el mito de un “sol poble”, acusó de “fascistas” a quienes
quitaban dichos lazos, lo cual resulta abusivo, ya que ciertamente
participan algunos fascistas en estas acciones, pero no todos los que
quitan estos lazos son ultraderechistas. También anunció que los Mossos d’Esquadra tomarían medidas represivas contra ellos.
Acto seguido, bajo el paraguas legal de la denostada Ley Mordaza, la
Conselleria de Interior de la Generalitat procedió a la identificación
–con amenazas de multa de hasta 300.000 euros– a quienes realizasen
dichas acciones. Finalmente, la fiscalía del TSJC ha abierto una
investigación sobre las mencionadas identificaciones, entre ellas la del
periodista Arcadi Espada, lo cual ha conducido a que éstas dejen de
realizarse.
La tensión por esta cuestión subió un gradiente más
con la supuesta agresión de un miembro de Òmnium Cultural a una mujer de
origen ruso cuyo marido milita en C’s, que estaban retirando lazos
amarillos en el céntrico Parc de la Ciutadella en Barcelona.
Esto motivó
la respuesta de la formación naranja con la retirada de lazos en
Alella, protagonizada por Albert Rivera e Inés Arrimadas y la
manifestación en el Parc de la Ciutadella de repulsa a la agresión que
paradójicamente acabó con otra agresión a un cámara de TeleMadrid.
Polarización imparable
Esta escalada muestra que la tendencia imparable e
inquietante a la polarización de la sociedad catalana se está
trasladando del Parlament a las calles.
Por un lado, se observa con preocupación el
comportamiento de un president de la Generalitat que proviene del
activismo independentista, cuyas acciones y declaraciones persiguen
mantener el conflicto nacionalitario y que no ha manifestado el más
mínimo interés por gobernar para el conjunto de ciudadanía, sino, si
hemos de creer en sus alegatos, de implementar la República catalana
cuando vislumbre la menor oportunidad para ello.
Una conducta que no
resulta extraña, pues según Torra en Catalunya viven catalanes étnicos y
españoles que residen en Catalunya, tachados de “colonos”. En este
sentido han de interpretarse sus alusiones a un “sol poble”.
En cualquier caso, esta gesticulación no logra ocultar
la ausencia de una perspectiva estratégica –tras el fiasco del pasado
mandato– para conseguir el objetivo de la secesión. Ello mientras se
multiplican las divisiones entre ERC, un sector de PDeCat y Carles
Puigdemont, quien con la constitución de la Crida Nacional per la
República pretende absorber a ambas formaciones en una suerte de frente
nacional. (...)
Por otro lado, Ciutadans busca deliberadamente
capitalizar, en Catalunya y en España, la reacción del nacionalismo
español frente al desafío independentista. La pobre actuación del
gobierno de Mariano Rajoy y la considerada contemporización de Pedro
Sánchez frente a los secesionistas, alimentan estas expectativas. En
detrimento de formaciones como el PSC y los Comunes que, desde la
izquierda y sin demasiada fortuna, intentan tender puentes, lo cual se
presenta extremadamente complicado en este panorama de polarización.
En definitiva, no se vislumbra en el medio plazo
ningún síntoma de distensión del conflicto nacionalitario. Por el
contrario, con el citado calendario de movilizaciones todo apunta a una
profundización de la división de la sociedad catalana; especialmente,
cuando el sector de la misma representado por Ciutadans no
desaprovechará ninguna oportunidad para contestar las acciones del
movimiento independentista en la infernal lógica de acción/reacción.
Un
panorama que compromete seriamente las perspectivas de “normalización”
política auspiciadas desde el gobierno socialista. No parece que sus
ofertas de ampliación del autogobierno o de recuperación del Estatut del
2006 tengan ningún interés para los actuales dirigentes de la
Generalitat." ( Antonio Santamaría , El Viejo Topo, 02/09/18)
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