"Los secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local catalana se posicionaron ayer sobre una eventual celebración de un referéndum independentista en octubre.
El consejo que agrupa a los cuatro colegios profesionales del ramo
envió una nota en la que pide a sus colegiados “permanecer siempre
fieles al espíritu y al texto de la Constitución Española, a la
normativa autonómica y europea”.
Ésta
es la definición de legalidad que incluye el código ético del consejo,
redactado en 2005. “Un enunciado claro que no admite interpretaciones”,
según el comunicado, que fue aprobado por unanimidad en una reunión el
pasado lunes.
Los encargados del control interno, la gestión económico financiera y el
asesoramiento legal de los municipios explican que su actividad se rige
por los principios de “la defensa de los valores democráticos, de
legalidad, lealtad, de neutralidad y de imparcialidad política”. Y afean
que el anuncio del referéndum les ha dado “un protagonismo que no
corresponde”.
Se trata de una queja que ya habían manifestado sindicatos
como CC OO, UGT o CATAC, que si bien apoyan que se haga un referéndum
pactado con el Estado aún tienen dudas sobre cuál será el cobijo legal que tendrán frente a a la convocatoria del 1 de octubre. (...)
El posicionamiento de los secretarios e interventores llega una semana después de que el número dos
de la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, Roberto
Bermúdez de Castro, enviara una carta a los secretarios e interventores
de las Administraciones catalanas. La misiva les recordaba su obligación
de cumplir con la Constitución y advertía de la ilegalidad de colaborar
en los preparativos del referéndum.
Los sindicatos que defienden la consulta unilateral y apoyan la independencia ven una intención clara de intimidación. (...)" (El País, 11/07/17)
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