6/6/17

Manifiesto. La apatía y complicidad de la izquierda deben ser cambiadas por la reivindicación del mismo interés común de los de abajo en toda España. El origen de las reivindicaciones secesionistas son el resultado de la campaña de los grupos económicos dominantes de Cataluña por reducir su ya escasa tributación

"La evolución de los acontecimientos en Cataluña está provocando dinámicas que pueden llevar a algo más que al enfrentamiento institucional entre la administración autonómica y la central. 

El éxito del proyecto secesionista abocaría a un enfrentamiento incluso más grave, la ruptura de la población catalana. A esa ruptura le seguiría la división, dolorosa e injustificable, del demos común del que forman parte las clases populares de toda España.

Aceptar como inevitable, o lo que es peor como justificable, esa situación, supone hacerse corresponsable del discurso que pretende dar legitimidad a las propuestas secesionistas al convertirlas en la expresión de un derecho, o en la respuesta a un conjunto de agresiones.

Por esa razón, un grupo de ciudadanos de diferentes partes de España, con planteamientos y prácticas de izquierda, intentamos promover la convicción de que el enfrentamiento inducido por el secesionismo no es inevitable; que la apatía y complicidad de la izquierda deben ser cambiadas por la reivindicación del mismo interés común de los de abajo en toda España; que solo así la inacción oportunista del gobierno del PP se verá forzada a cambiar.

Partimos de la constatación de que no existe en Cataluña ningún problema de opresión nacional, no existe ningún déficit democrático que justifique la ruptura con un estado opresor. Lo que ha habido en Cataluña son cerca de 40 años de gobiernos autonómicos, dirigidos la mayor parte del tiempo por los nacionalistas devenidos hoy en secesionistas. 

No hay ninguna persecución de los rasgos lingüísticos o culturales específicos de Cataluña, desgraciadamente es la lengua castellana la que sectores secesionistas pretenden considerar como lengua foránea de Cataluña. Al tiempo, las competencias y capacidades de autogobierno de las instituciones catalanas no han hecho otra cosa que crecer, en el marco de un estado profundamente descentralizado.

Las reivindicaciones secesionistas no son, por tanto, respuestas a situaciones derivadas de la opresión, ni derechos inherentes vinculados a un pasado mitificado. Son reivindicaciones de parte, nada más, reivindicaciones que no cuentan con el aplastante apoyo social del que presumen. 

Los datos electorales son tozudos, desde el 49 % de participación electoral con el que se aprobó el actual Estatuto de Autonomía de 2006, en contraste con la participación del 68 % con la que se aprobó en Cataluña la Constitución de 1978. Si vamos al actual Parlamento de Cataluña formado en 2015, con una participación superior al 77 %, las fuerzas secesionistas sumaron el 47,7 % de los votos. Sin duda un resultado importante, sin ninguna duda la expresión de la inexistencia de una abrumadora mayoría social a favor de la independencia.

El origen y fundamentación de las actuales reivindicaciones secesionistas son el resultado de la campaña de los grupos económicos dominantes de Cataluña por reducir su ya escasa tributación. De ahí su gravedad desde una perspectiva de izquierda. Hay que recordar la vergonzosa campaña del “Espanya ens roba”, campaña que pretendía ignorar que tributan las personas y las empresas, no los territorios.

La otra pata de la reivindicación secesionista se basa en la necesidad de consolidar el poder de 40 años de las élites nacionalistas, amenazado por sus políticas antisociales de recortes y destrucción de lo público, y por la corrupción que anega a esa élite, empezando por los Pujol, al mismo nivel que al PP en el resto de España. 

Envolverse en la bandera, apelar a la agresión contra Cataluña, es la manera que esas élites han encontrado, y lo han dicho, para reducir las protestas contra las políticas antipopulares de los gobiernos de Convergencia y de Junts pel Sí.

Entendemos que desde una perspectiva democrática y de izquierda, lo que hay que subrayar, frente al discurso y la perspectiva excluyente del secesionismo, es el carácter fraterno y democrático del demos común que habita en Cataluña y en el resto de España.

Nuestros lazos de unión no son solo culturales, económicos, políticos y familiares. Son la expresión de una fraternidad común de las clases populares de toda España, que se vieron obligadas a emigrar, a pelear por sus derechos frente a los propietarios de las fábricas de Barcelona y frente a los propietarios de las tierras de Andalucía. 

Son la expresión de la unidad que trajo la II república y resistió al golpe de 1936. Son la expresión de la confraternidad creada durante el franquismo en Cataluña, cuando centenares de miles de trabajadores de toda España arribaron a Barcelona. Esta fraternidad fue parte sustancial en la lucha por la democracia, fue fundamental para luchar contra la opresión nacional que sí existía en Cataluña durante el franquismo.

Romper esa hermandad social es lo que hoy está en juego, romperla dentro de Cataluña y con el resto de España. Defenderla es lo que no hace, o lo hace de manera que no lo oye nadie, la gran mayoría de la izquierda en Cataluña y en el resto de España.

 Poner hoy por delante el derecho inventado a la soberanía, por encima de la reivindicación de los intereses comunes de la mayoría social atacada por las mismas políticas neoliberales, es una prueba de ceguera política y de autoexclusión social. ¿No basta constatar con quién se va del brazo en pos del autodenominado derecho a decidir?

Todavía es tiempo de reconducir la situación y evitar el choque de trenes que algunos buscan. Para ello es fundamental que se oiga la voz clara de la izquierda política, sindical y social, desde CC OO y UGT a los Comunes, Podemos, IU y PSC-PSOE. Que pongan en primer plano la no aceptación, la no consideración de la ruptura, que se movilicen en su contra. 

Solo así esa misma izquierda, tras la renuncia de la Generalitat a sus planes de desconexión, incluida la convocatoria de un referéndum ilegal, estará en condiciones de exigir serias medidas de reforma constitucional al PP. Reformas que deben discutirse en el Congreso de los Diputados, representación del demos común.

No queremos, no podemos resignarnos a permanecer como observadores frente al riesgo real de enfrentamiento inducido entre quienes comparten la misma condición social, cultural y fraternal. Condición humana y solidaria forjada en las mismas experiencias e intereses, en los mismos conflictos frente a los poderosos. Nos une la misma fraternidad, de Figueres a Fuerteventura, de Cádiz a Bilbao, de Barcelona a Madrid."

(JESÚS PUENTE, profesor de Instituto, miembro del colectivo Juan de Mairena, El Faradio. 10 de Mayo de 2017)

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